Veintiseis de mayo de 2009. El Tribunal Supremo admite a trámite la primera querella contra Baltasar Garzón. Desde entonces el juez de la Audiencia Nacional ha pedido con insistencia que el juicio se celebre cuanto antes para poder explicar por qué abrió la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo y descartar así el delito de prevaricación por el que el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación, también de corte ultraconservador, Libertad e Identidad, piden 20 años de inhabilitación para él.

Han pasado más de dos años y todavía no hay fecha para celebrar la vista oral. Pero ya no puede demorarse más. Tendrá que ser a la vuelta del verano cuando el Alto Tribunal señale el día en el que el magistrado defienda, desde el banquillo de los acusados, por qué se declaró competente para investigar el plan sistemático con el que el régimen franquista se deshizo de cualquier opositor político.

Garzón confía en poder defender su competencia en los crímenes franquistas

Como en este tiempo ha llovido mucho, ese juicio coincidirá con otro, el de las escuchas del caso Gürtel, lo que supondrá que pueda hablarse de un otoño judicial caliente para el magistrado de la Audiencia Nacional. La instrucción de este procedimiento empezó más de un año después, en febrero de 2010, y se ha concluido con mucha más celeridad.

Es en la única de las tres que tiene abiertas Garzón en la que hay acusaciones particulares. Son los principales imputados en el caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y el abogado de otro encausado en ese procedimiento, Ignacio Peláez.

La instrucción del caso de las escuchas' se ha hecho en la mitad de tiempo

Eso supone que en esta causa carezca de importancia que el retraso del juicio permita al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre el caso Atutxa, que matizó la doctrina Botín fijada por el Supremo en relación con las acusaciones populares. De ese pronunciamiento del TC, en el improbable caso de que llegara a tiempo, dependería que Garzón sea juzgado a instancias únicamente de la acción popular en los dos causas más avanzadas. El fiscal no le acusa en ninguna y ha pedido reiteradamente el sobreseimiento.

El pasado 13 de julio el Tribunal Supremo rechazó los últimos recursos de apelación de Garzón en el caso de las escuchas. Con ellos trataba de revocar la denegación de las pruebas que había solicitado para defenderse de la pena de hasta 17 años deinhabilitación que solicitan las acusaciones.

Ahora sólo resta que la Sala dicte el auto que fijará la prueba que se celebrará en el juicio. La resolución equivalente en la causa de los crímenes del franquismo fue la que motivó que el juez de la Audiencia recusara el pasado mes de diciembre a cinco de los siete magistrados previstos para juzgarle. La Sala del 61 no le dio la razón hasta el pasado 20 de junio.

El Alto Tribunal se ve obligado a revisar sus normas ante juicios sin precedentes

Pese a que, mientras se tramitaba el incidente, se designó una Sala alternativa para encargarse provisionalmente del caso, fuentes del Alto Tribunal señalaron que el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra uno de los apartados, debe aún designar quién sustituye a los recusados antes de poner fecha al juicio. Durante los años que ha estado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón ha sido un juez innovador, como cuando inició el primer proceso contra el entorno de ETA, al entender que no sólo es terrorista el que pega el tiro en la nuca.

Ahora, sentado al otro lado de la mesa del despacho, ese es precisamente uno de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar: ser el primer juez que se encuentra en una situación similar, lo que obliga a todos a improvisar o, al menos, a revisar ciertas formas de actuar.

Ante la proximidad de las vistas, es difícil que el TC resuelva antes el caso Atutxa'

Por eso, el auto de la Sala del 61 que estimó la recusación de los magistrados que había resuelto los recursos presentados durante la instrucción no sólo se pronunciaba sobre el caso concreto. La resolución daba a entender que su efecto se extendía a todas las causas abiertas contra aforados en el Tribunal Supremo.

Su fundamento sexto concluye así: 'No sólo las razones coyunturales del caso concreto sino también otras de índole más bien estructural, que en su momento habrán de ser atendidas por el legislador, avalan y reafirman la estimación de la recusación'. Entre esas razones estructurales figura el acuerdo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal del 16 de enero de 2009 que estableció que los magistrados que forman la Sala de Admisión de una querella estén también en el tribunal juzgador.

Habrá que ver el criterio que sigue el Supremo a la hora de designar a los magistrados que juzgarán a Garzón por el caso de las escuchas de la Gürtel, el fijado por la Sala del 61 o el que llevan poniendo en práctica desde hace años. Si la Sala opta por este último, Garzón recusará a quienes han resuelto los recursos presentados durante la instrucción.

Mientras se fija una fecha para juzgar estas dos causas, la tercera, la del patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York, sigue en manos del instructor.