El grupo de Valencia

Francisco Camps. Presidente de Valencia y del PP valenciano. En su auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), el juez Baltasar Garzón cifró en 12.783 euros los pagos en especie (trajes a medida) efectuados por la trama al presidente valenciano a cambio de contratos. Orange Market, la franquicia valenciana del grupo de Francisco Correa a cuyo frente se situaba Álvaro Pérez, 'El Bigotes', 'amiguito del alma' de Camps según sus propias palabras captadas en un 'pinchazo' policial, obtuvo de la Generalitat adjudicaciones por importe no inferior a cinco millones de euros.

Camps, imputado por cohecho y que desde el inicio ha proclamado su inocencia, asegura que pagó en metálico los trajes. El testimonio del sastre José Tomás, a quien durante su declaración ante la policía Camps llamó entre ocho y diez veces, sostiene lo contrario. La citación de Camps como imputado se remonta al 14 de mayo. La dirección del PP interpretó su imputación como un hecho positivo que permitiría a Camps demostrar su inocencia.

Ricardo Costa. Secretario General del PP valenciano. Imputado al igual que Camps por un presunto delito de cohecho, el secretario general del PP valenciano fue objeto, según Garzón, de pagos en especie (trajes) por valor de 7.325 euros. Su línea de defensa coincide con la de su jefe político. Sus apoyos dentro del PP, también.

Rafael Betoret Jefe de protocolo de la Diputación de Valencia. El ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia cobró, según Garzón, 9.950 euros, siempre en especie. Orange Market obtuvo a partir de 2005 las adjudicaciones anuales para montar el pabellón valenciano en las ferias de turismo de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Betoret no tiene carné del PP.

Alberto López Viejo. Ex consejero de Deportes, diputado autonómico. Ahora en libertad bajo fianza de 750.000 euros para afrontar sus posibles responsabilidades pecuniarias para con la Administración, López Viejo dimitió como consejero de Deportes en febrero tras conocerse su presunta implicación en la trama corrupta que supuestamente capitaneaba Francisco Correa y a la que, durante su etapa como viceconsejero de Presidencia adjudicó en un año 76 contratos a dedo a través de las empresas Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, a cambio de las adjudicaciones, López Viejo recibió 563.000 euros. En los cinco últimos meses, Esperanza Aguirre ha vetado las iniciativas de PSOE e IU para conocer todos los contratos adjudicados por el Gobierno regional a las empresas de la ‘trama Gürtel'.

Benjamín Martín Vasco. Diputado autonómico, ex alto cargo en Arganda. Sobre su compañero de filas Benjamín Martín Vasco recayó una fianza aún superior: 950.000 euros. La investigación del caso apunta a que Martín Vasco, ex presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, medió para que las empresas de Correa lograran proyectos urbanísticos. A cambio, habría recibido pagos en metálico y en especie por 437.000 euros.

Alfonso Bosch Diputado autonómico, ex alto cargo en Boadilla. Es el único de los tres aforados autonómicos que, de momento, no ha tenido que afrontar el pago de fianza. Ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, se le presume el cobro de sobornos por un importe superior a 250.000 euros.

Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla. Los datos conocidos de la investigación cimentan la idea de que el ahora ex alcalde de Boadilla mantuvo una actividad frenética en relación con la trama, que logró distintos contratos en ese municipio. Conocido por Francisco Correa y sus subordinados como ‘El Albondiguilla', a Panero se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Su fianza, de 1,8 millones de euros, es la más alta del ‘caso Gürtel'.

Jesús Sepúlveda. Ex alcalde de Pozuelo, ex marido de Ana Mato, ex responsable de Acción Electoral del PP durante la etapa de José María Aznar, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex presidente local del PP. No se le ha impuesto fianza. Se le atribuye el cobro de 422.992 euros.