El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles con los votos en contra de la Comunidad de Madrid y la abstención de Navarra y el País Vasco la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que las autonomías se queden la recaudación del Impuesto de Patrimonio.

La Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, que tampoco reciben recaudación por esta tasa, han votado a favor de la propuesta del ministro, según ha avanzado el consejero madrileño de Hacienda, Enrique Ossorio, que ha dicho que es un 'contrasentido' que las tres comunidades más perjudicadas por el sistema de financiación no reciban ahora 'ni un euro' con la propuesta de hoy.

Las comunidades autónomas que han instaurado el impuesto de Patrimonio, todas menos Madrid, se repartirán en 2013 una recaudación de 1.082 millones de euros, en una solución que tiene carácter 'provisional', ha explicado el ministro de Hacienda y Administracones Públicas, Cristóbal Montoro. En 2012 la recaudación fue de 604 millones de euros, una cantidad que las comunidades tampoco tendrán que devolver al Estado a pesar de las compensaciones que habían recibido cuando el anterior Gobierno eliminó este impuesto.

Según ha dicho el consejero, la propuesta de la Comunidad de Madrid de que los 604 millones de euros que va a dejar de percibir el Estado se repartiesen de manera justa entre las autonomías no se ha votado, y que solamente se ha tomado en consideración la propuesta del Gobierno central. 'Las comunidades no tendrán que devolver el Impuesto del Patrimonio del año 2012 en la liquidación de 2014', ha asegurado el consejero a los periodistas al término de la última reunión del año del CPFF. Ossorio ha lamentado la rapidez con que se ha llevado adelante esa propuesta, que, ha dicho, es 'una absurdez' porque no beneficia a ninguna de las tres comunidades que peor evolución han tenido por el sistema de financiación desde el año 2009: la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid.

Además, el consejero se ha enorgullecido del trabajo realizado por su autonomía porque, del conjunto de ahorro de 1.300 de euros en gastos que el Estado considera superfluos, más de 800 son de Madrid. 'Creo que los ciudadanos desean que las administraciones hagamos ese esfuerzo', ha considerado. No obstante, el consejero madrileño ha dicho que un aspecto 'muy positivo' de la reunión de hoy es que se haya puesto en marcha el grupo de trabajo que va a modificar el sistema de financiación. 'Madrid y otras comunidades han expuesto que esto tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2014 porque así lo dice la ley y nadie ha dicho lo contrario; por tanto, yo entiendo que lo que quiere el Ministerio es cumplir la ley y que esto entre en vigor en 2014', ha afirmado. Ha reivindicado además la importancia de que esto sea así 'porque el modelo es muy perjudicial'.

El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, ha anunciado que este miércoles ha recibido el 'no' definitivo del Ministerio de Hacienda a compensar a la Generalitat de Cataluña por el impuesto sobre depósitos bancarios en 2013 y que, según el Estado, ascendería a 833 millones de euros. Mas-Colell ha explicado este asunto tras participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles en Madrid. Ha asegurado que ha recibido la noticia antes, que tampoco le ha sorprendido y que la Generalitat seguirá luchando por recibir este ingreso.

El consejero catalán ha preguntado por el futuro de este impuesto durante el Consejo y el ministro Cristóbal Montoro le ha respondido que formará parte de la reforma fiscal que prepara el Gobierno para el año que viene, puesto que el Tribunal Constitucional ha respaldado que las autonomías lo puedan aprobar. 'Si será autonómico o de participación autonómica, no me ha quedado claro', ha señalado.

La reclamación catalana tiene su origen en el gravamen aprobado por la Generalitat en diciembre de 2012 para los depósitos bancarios, en la línea con el que ya tenían establecido Extremadura, Canarias y Andalucía. Sin embargo, el Estado legisló después sobre la materia para que el impuesto fuera estatal (impuso un tipo cero) y accedió a compensar a las autonomías que lo tenían aprobado antes del 1 de diciembre de ese año, que no es el caso catalán. // EUROPA PRESS