El Gobierno cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para obtener el plácet del Congreso a una eventual prórroga del estado de alarma decretado el pasado 4 de diciembre para atajar la crisis desencadenada por el plante de los controladores aéreos.

El ministro de Fomento, José Blanco, confirmará hoy en la Cámara si el Ejecutivo solicita finalmente ampliar la vigencia de esta medida en un Consejo de Ministros que, previsiblemente, se convocará por la tarde para realzar y dar fuerza a la decisión, ya que su celebración no es obligatoria para solicitar esta prórroga.

Para mantener el estado de alarma, el Gobierno precisa obtener la autorización del Congreso antes del próximo 19 de diciembre, fecha en que concluyen los 15 días iniciales de observancia de la medida que fija la Constitución. Una vez que el Ejecutivo reclame su extensión, la ampliación del estado de alarma se votaría el próximo jueves, último día hábil de actividad en la Cámara antes de que expire la vigencia del actual decreto.

CiU, PNV y Coalición Canaria respaldan esta prórroga. La izquierda minoritaria (IU, ICV, ERC, BNG y NaBai) forma, junto a UPyD y UPN, el previsible bloque de rechazo, según estima el Ejecutivo. La fórmula que elegirá el PP para mostrar su rechazo sigue siendo una incógnita. El Gobierno, no obstante, cree que los conservadores acabarán absteniéndose.

El Ejecutivo desea lograr el máximo respaldo para una iniciativa de este calado. Así, según admite, no ha ahorrado contactos con todos los grupos de la oposición, incluido el PP, para buscar su apoyo antes de reunirse en un Consejo de Ministros que podría celebrarse en el Congreso, aprovechando la presencia de buena parte del Gobierno en la Cámara para asistir a la votación de las iniciativas que se debatirán hoy.

CiU, PNV y CC respaldarán la medida si el Ejecutivo lo solicita

El jefe del Ejecutivo y el titular de Fomento tienen la última palabra, y ayer optaron por la cautela. 'A día de hoy no está descartada la prórroga', señaló José Blanco en la Ser. 'Los promotores del sabotaje no han alcanzado a ver las consecuencias y daños al país', argumentó Blanco para justificar una ampliación de la medida.

'Estamos valorando si es preciso', se limitó a apuntar el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien pidió que nadie tenga 'ninguna duda' de que el Gobierno solicitará la ampliación si la considera necesaria 'para garantizar la movilidad' de los ciudadanos en el umbral de las vacaciones de Navidad.

El propio Rubalcaba ha tomado parte en los contactos que tratan de acolchar el respaldo del Parlamento al mantenimiento del estado de alarma. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desveló ayer que el vicepresidente telefoneó el pasado sábado al líder conservador, Mariano Rajoy, para conocer 'la posición' del primer partido de la oposición ante una ampliación de la medida. Cospedal no quiso revelarla. En su lugar, la número dos del PP envolvió en reservas la respuesta de su partido: 'No se puede pedir el estado de alarma con carácter preventivo y no puede ser en España que los estados de excepción se conviertan en situación ordinaria'.

La izquierda minoritaria rechaza ampliar la vigencia del estado de alarma

Entretanto, el PSOE respalda, lógicamente, cualquier decisión del Ejecutivo para evitar que se repita el apagón aéreo del pasado puente de la Constitución. 'El Gobierno debe utilizar todos los medios para garantizar que esto no vuelva a suceder', señaló el secretario de organización socialista, Marcelino Iglesias, antes de señalar que la ampliación del estado de alarma es 'legal' y 'constitucional', afirmación que no comparte con tanta seguridad el PP.

CiU y el PNV están dispuestos a apoyar la prórroga. 'Si hay otras fórmulas, mejor, pero si la única posibilidad de mantener la normalidad en el tráfico aéreo es manteniendo el estado de alarma, no nos posicionaremos en contra', anuncio el portavoz de Fomento del Grupo Catalán, Pere Macías. La misma opinión mantiene el Grupo Vasco, cuya dirección admite también que respaldará la iniciativa 'si el Gobierno lo justifica y la amenaza de caos es real'.

Por el contrario, IU reiteró su rechazo al mantenimiento de esta situación excepcional. Su coordinador federal, Cayo Lara, aseguró en Telemadrid que el estado de alarma decretado por el Gobierno tras la rebelión de los controladores aéreos es 'el fracaso de la democracia y de la gestión pública ante un recurso público importante como AENA'.