Baltasar Garzón volvió ayer a ser el protagonista de la información judicial. Pero por un motivo mucho más amable del que se había convertido en costumbre en los últimos meses. Ha aceptado la invitación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, para ser consultor externo de la fiscalía de la corte penal con sede en La Haya. Su solicitud será estudiada hoy por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que comprobará si el cargo al que opta entra dentro de los previstos para declarar a un juez en situación de servicios especiales. En ese caso, pedirá la preceptiva 'declaración de interés' al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Con este traslado, el juez Garzón cumple un sueño acariciado desde hace años que llega en el momento oportuno. Solicitó presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la propia Audiencia y no fue elegido para ninguno de esos cargos. Su aspiración era la Corte Penal Internacional, de la que forman parte 18 magistrados y un fiscal, pero son elegidos por los gobiernos, circunstancia a la que Garzón suma el lastre de su escaso dominio de idiomas.

Solicita permiso para un traslado por siete meses prorrogables

Por eso la carta que recibió el pasado día 6 del fiscal Luis Moreno Ocampo, ofreciéndole ser consultor externo de la oficina de la fiscalía del CPI por un periodo de siete meses prorrogables es considerada por sus allegados 'una oportunidad muy buena' y única para abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El objetivo es contar con la experiencia de Garzón en la investigación de crímenes organizados y masivos, para mejorar las técnicas utilizadas por la fiscalía de la CPI. El juez de la Audiencia Nacional abrió el camino de la justicia universal al procesar al dictador chileno Augusto Pinochet, lo que culminó con la condena por el Supremo de Adolfo Scilingo a 1.084 años de cárcel.

La APM cree que 'lo más razonable' sería denegar la petición del juez

Pero es que la oferta para residir en La Haya, con la que temporalmente tendría que desplazarse a Congo, Uganda o Colombia, llega también en el momento oportuno por la inminente suspensión cautelar que le esperaba cuando Luciano Varela dé el siguiente paso, es decir, abra juicio oral en el procedimiento más avanzado en contra del juez, el relativo a que abrió la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo.

Pese a que el CGPJ abrió precipitadamente el expediente de suspensión el pasado febrero, ahora está paralizado. Varela puede dictar el auto que sentará en el banquillo a Baltasar Garzón en cualquier momento, porque ninguno de los recursos presentados por el juez ni por Falange Española de las JONS, contra su expulsión del procedimiento, es suspensivo.

Pero resultaría cuando menos difícil de explicar que lo hiciera sin esperar a que la Sala Segunda se pronuncie sobre el incidente de nulidad presentado por el juez y en el que el fiscal emitió el lunes un duro informe en el que se suma a la petición de la defensa, al considerar al margen de la ley el trámite dado por Varela a las acusaciones para modificar, según sus indicaciones, sus escritos de acusación.

Por eso, a poco que tarden en resolverse esas cuestiones a la que ayer mismo se sumó un nuevo escrito de Garzón, en el que denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales cara a un futuro recurso de amparo, el juez de la Audiencia Nacional podría no serlo ya para cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral.

La suspensión cautelar de funciones está prevista para apartar de la labor jurisdiccional a los jueces investigados en procedimientos judiciales. Por eso no tendría sentido hacerlo, cuando el implicado ya se ha apartado por sí mismo al elegir otro destino.

Pero cualquier decisión va a traer cola. Ayer el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, cambió de criterio según avanzaba la tarde. A primera hora dijo a Efe que Garzón está amparado por la presunción de inocencia, por lo que poco importa que 'pida el traslado a la Corte Penal Internacional o se dedique a la cría del jilguero'. Horas después, decía a Europa Press que 'lo más razonable' sería que el Consejo denegara la autorización, al encontrarse 'a las puertas' de una posible suspensión de funciones.

Si al final el Consejo da su visto bueno, se pondrá en marcha el sistema habitual de sustitución de magistrados en la Audiencia. Al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 estará durante los primeros días el juez Santiago Pedraz. Cuando la plaza salga a concurso, otro magistrado será quien pase a ocuparse del caso Pretoria, Bateragune, el genocidio del Sáhara o las torturas de Guantánamo.