Gallardón quiere 'privatizar' las bodas y los divorcios pactados

Matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo ante notario. Esta es la última medida anunciada por Alberto Ruiz-Gallardón dentro de la reforma "estructural" que persigue para acabar con la saturación de la Administración de Justicia. Una semana después de su comparecencia en el Congreso, el ministro desveló, esta vez en la cadena Cope, una medida coincidente en varios aspectos con la del pago de tasas para la segunda instancia que trasladó a sus señorías: ninguna de las dos está en el programa electoral del Partido Popular y ambas resultan una opción para el ciudadano siempre que pague por ellas.

En su comparecencia, Gallardón adelantó seis reformas de leyes y la aprobación de otras tantas. En este último capítulo figura una de Jurisdicción Voluntaria, donde se recogerá la posibilidad de recurrir al notario, en lugar de al juzgado, para casarse o divorciarse. "Aquí tramitamos por vía judicial muchos asuntos que tendríamos que resolver de forma distinta", defendió ayer el ministro. Sin embargo, las asociaciones de jueces opinan que la materialización de su propuesta apenas repercutirá en la saturación que viven los juzgados.

Los notarios pidieron al ministro la reforma 24 horas antes del anuncio

Ni los matrimonios, ni los divorcios consensuados tienen apenas relevancia en esa carga de trabajo, según el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez. De la misma opinión es la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera y de talante conservador. Su portavoz, Pablo Llanera, calificó de "menor", en declaraciones a TVE, la repercusión que pudiera tener la desjudicialización de los divorcios de mutuo acuerdo. En términos parecidos se pronunció la asociación Francisco de Vitoria. En su representación, José Luis González Armengol consideró un lastre mayor los recursos que presentan los divorciados, a causa de la crisis, a las cantidades que deben abonar a sus exparejas e hijos.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) dan la razón a las asociaciones de jueces. En 2010, la Administración de Justicia conoció 9,3 millones de asuntos. Ese mismo año, 169.020 parejas en España decidieron formalizar en los juzgados su relación y 70.932 acordaron poner fin a su matrimonio. Eso significa que las bodas supusieron tan sólo un 1,8% de la carga de los juzgados y los divorcios menos aún, un 0,72%. Un 2,5% en total.

Aún no está decidido si habrá la opción de recurrir a la Justicia gratuita

La víspera del anuncio, Ruiz-Gallardón había recibido en el Ministerio a una delegación del Consejo General del Notariado encabezada por su presidente, Manuel López Pardiñas. Durante la reunión, los representantes de los notarios trasladaron al ministro "la difícil situación que atraviesan las notarías españolas, gravemente dañadas por la crisis económica", según informa en su propia web el Consejo del Notariado. Los datos facilitados por el colectivo al ministro apuntan a un descenso de los ingresos del 70% desde 2007. "Si no se adoptan medidas, podría ponerse en peligro la viabilidad del sistema notarial", advirtieron a Ruiz-Gallardón. Según la web tusalario.es, un notario gana entre 2.300 y 3.300 euros de media, dependiendo de sus años de experiencia laboral.

Tras la queja, los notarios se ofrecieron al ministro para contribuir a su proyecto de jurisdicción voluntaria, el arbitraje y la mediación. Todo en el afán de "descongestionar los tribunales, en beneficio de la sociedad", dicen. Menos de 24 horas después, Gallardón hizo el anuncio en la radio, sin que a última hora de ayer Justicia pudiera precisar más aspectos de la medida, ni siquiera si el recurso al notario será obligatorio para casarse o divorciarse de mutuo acuerdo o tan sólo una posibilidad para quien quiera y pueda pagarla.

Jueces para la Democracia denunció que el anuncio del ministro, al igual que el pago de tasas para aquellos ciudadanos que recurran una resolución que consideren injusta, se inspira en "una filosofía de mercado" que impone "desjudicializar para privatizar". Eso en el caso de que no hubiera más opción que recurrir al notario tras la reforma legal. Si se plantearan las dos opciones, Ramírez adelantó un paso más en un modelo de "Justicia para ricos".

Las asociaciones de jueces coinciden en calificar la medida de irrelevante

Al igual que ocurrió con el anuncio del pago de tasas en segunda instancia, Ruiz-Gallardón ha adelantado la medida sin tener concretado el desembolso para el ciudadano. Casarse en un juzgado es gratis y ante notario se definirá en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Según fuentes del propio Consejo General de los Notarios, los alrededor de 3.000 profesionales que hay en España cobran entre 30 y 50 euros por intervenir en un testamento y entre 50 y 150 por la constitución de una empresa. El Consejo asegura que las notarías dan empleo a 16.000 personas.

La ventaja que se atisba para aquellos que puedan satisfacer los aranceles del notario es la rapidez, pero ni siquiera los retrasos en la fecha para un matrimonio o en la única citación que requiere un divorcio de mutuo acuerdo parecen ocupar un lugar central en las quejas de los ciudadanos sobre la Administración de Justicia, más aún tras la aprobación del divorcio exprés. En 2010, por ejemplo, los plazos de espera para casarse en el Registro Civil de Madrid oscilaron entre los cuatro y los ocho meses. En cuanto a los divorcios, tras un descenso en 2007 y los dos años posteriores, atribuidos por los expertos a la crisis, 2010 vivió un repunte del 4,7%.

Frente al desembolso que supondrían para los ciudadanos las nuevas atribuciones de los notarios, los secretarios judiciales se ofrecieron ayer a hacerlo con "coste cero". Su sindidato (Sisej) defendió que así se "garantizaría la prestación del servicio público para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su capacidad económica, y siempre mediante una oficina dotada de una agenda programada de señalamientos". No fueron los únicos que se apresuraron a ofrecerse a Ruiz-Gallardón. El ministro recibía ayer al presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). "Por qué no también los abogados", se preguntó Carnicer ante los periodistas a la salida de su encuentro con el ministro de Justicia.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas (FMP) y la Federación Estatal de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas consideran una "ocurrencia" y un "sinsentido" la medida.