No es la primera vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide al magistrado Luciano Varela que archive el procedimiento abierto contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación por haber abierto la primera causa penal contra el franquismo. Pero sí es la primera que lo hace con esta contundencia; en un informe en el que desmonta, a través de la propia jurisprudencia del Supremo, los argumentos de los querellantes: Falange Española de las JONS, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraderechista.

El informe fiscal niega que exista el delito de prevaricación imputado e, incluso, defiende lo que más se criticó en su día a Garzón: que solicitara los certificados de defunción de Franco y de los demás generales que participaron en el golpe contra la Segunda República. Para ello acude a las sentencias del Supremo dictadas por prevaricación judicial: las de Javier Gómez de Liaño, Pascual Estevill, Santiago Raposo y Francisco Javier de Urquía. Y reproduce párrafos de la dictada en febrero de 2009, porque recoge la 'esencia' de las anteriores. La resolución explica que 'donde caben varias decisiones objetivamente sostenibles en la interpretación del derecho, la elección de una u otra por el juez no dará lugar a una acción prevaricadora'.

Utiliza la propia jurisprudencia del Supremo para negar que exista delito

El fiscal señala que esta sentencia incluye 'casi el frontispicio de toda la jurisprudencia en materia de prevaricación judicial', al establecer que 'por resolución judicial injusta habrá de estimarse aquella que se aparta de las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable'.

En el proceso abierto contra Garzón 'difícilmente puede considerarse jurídicamente indefendible o irracional y, por tanto, prevaricante', el que asumiera la investigación de los crímenes del franquismo, porque cuatro de los magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional compartían su criterio y por eso discreparon de la decisión mayoritaria que obligó a Garzón a inhibirse a favor de los juzgados territoriales. La Fiscalía prosigue recordando que los titulares de dos de estos juzgados (uno de Granada y otro de San Lorenzo de El Escorial) devolvieron a la Audiencia la causa, lo que demuestra que la competencia para investigar el caso plantea dudas.

Advierte de quelos querellantes ven prevaricación en autos opuestos

Y si hay dudas jurídicas, la decisión de Garzón de admitir las denuncias presentadas por las víctimas del franquismo no puede ser prevaricadora.

La Fiscalía encuentra, además, 'absolutamente sorprendente' y 'difícilmente comprensible' el hecho de que las acusaciones vean prevaricación en ese auto, pero también en el que puso fin al procedimiento en la Audiencia Nacional, al inhibirse Garzón a favor de juzgados de toda España. Son resoluciones 'de contenido diametralmente opuesto', por lo que es complicado que las dos sea prevaricadoras.

La Fiscalía del Supremo también defiende la petición de los certificados de defunción de los militares franquistas. Explica que en el derecho penal no basta con que un hecho sea 'notorio'; debe estar incorporado en el procedimiento. De ahí que fuera imprescindible solicitar dichos certificados para poder decretar la extinción de la responsabilidad de los fallecidos. Y se pregunta si también prevaricó el juez que, 'en fechas mucho más próximas al 20 de noviembre de 1975', pidió también ese documento para tramitar la declaración de herederos de Francisco Franco.

Pese a que el informe fiscal 'comparte' con Garzón 'la necesidad de poner fin a la investigación' ya, se distancia del último escrito presentado por el magistrado, al señalar que la investigación realizada por Luciano Varela 'ni ha sido inquisitiva, ni injustificadamente retardada'.