'Nadie puede tomar por otra persona una decisión que afecta al propio cuerpo y que implica privar a alguien de su función reproductiva'. Así defiende Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) la derogación de la esterilización forzosa que el artículo 156 del Código Penal permite en las 'personas incapacitadas que adolezcan de grave deficiencia psíquica'. Cayo se reúne el martes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y le reclamará una vez más la abolición de este artículo, algo a lo que obliga el Convenio de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 1985.

'Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para lograr que las personas con discapacidad estén en iguales condiciones que las demás a fin de asegurar que [...] se respete (su) derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener' y a que 'mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás (personas)', cita el artículo 23 de la convención de la ONU.

Según el ministerio, en cambio, el artículo 156 del Código Penal 'no supone ir en contra de los principios de la Convención de la ONU'. Para el CERMI, en cambio, dicha normativa supone 'una espantosa vulneración de los Derechos Humanos', ya que 'sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva', denunció la organización en un comunicado. Cayo añade que 'no hay que privar a las personas con discapacidad de tener descendencia, sino darles apoyos para que lleven a cabo su paternidad'.

El CERMI recuerda además que en 2011 un comité de Derechos Humanos que analizó a España tras la aprobación del convenio de la ONU, que entró en vigor en 2010, también reclamaba al Gobierno que retirara el artículo del Código Penal que contempla la esterelización forzosa. 

Gallardón apeló precisamente a este texto de la ONU para justificar su intención de suprimir el supuesto de malformación fetal como causa de interrupción voluntaria del embarazo. 'Todos los discapacitados tienen que tener exactamente los mismos derechos que el resto de los españoles; y esto, que lo digo para aquellas personas que han nacido, vale exactamente igual para aquellas que están a punto de nacer', declaró Gallardón esta semana. 'La discapacidad nunca puede significar en una sociedad avanzada, en una sociedad progresista, una merma de derechos', añadió.

Cayo recuerda que 'sólo el hecho de que la ley mencione el supuesto de la discapacidad del no-nacido [como en la ley de 1985 y de 2010] es ya una muestra de discrimianción'. 'No se puede tratar diferente a un feto con discapacidad, ahí radica la discrimianción', insiste.