El tiempo puede ser a veces un acordeón. Lo era, de hecho, en el Ayuntamiento de Madrid. Así lo confirma un informe elaborado por el Consistorio, al que ha tenido acceso Público, que ordena y cataloga los 528 expedientes tramitados desde el 2 de enero hasta el 29 de septiembre de 2007 por el Departamento de Evaluación Ambiental.

La procedencia de los registros no es baladí. Primero, porque ese departamento depende de la Concejalía de Medio Ambiente –la gestionada por Ana Botella–. Justo uno de las áreas investigadas por la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Y en segundo término, este departamento se encarga de elaborar los informes ambientales previos y preceptivos a la concesión de licencia. Es decir, todo propietario que quiera instalar cualquier local en la capital (bar, gimnasio, guardería...) precisa de este trámite para poder abrir sus puertas.

Y ahí intervenía la discrecionalidad de los funcionarios. La velocidad que imprimían a los expedientes recibidos. En el informe del Ayuntamiento, se observa cómo las solicitudes que entraban en 2005 y hasta finales de 2006 tardaban entre un año y medio y dos años en quedar resueltas. Por ejemplo, el dueño de un bar de la calle de Rafael Salgado, en el distrito de Chamartín, esperó casi 24 meses hasta que el Consistorio dio el visto bueno: presentó su petición el 28 de septiembre de 2005 y obtuvo el ok el pasado 7 de septiembre.

Ceballos, el controlador

Ése era el tiempo convencional. El que se repite en casi la mitad de los expedientes resueltos este año –pero con sello de entrada en el Consistorio desde mayo de 2005 hasta marzo de 2006–. Un peregrinaje estándar, por tanto, de 18 meses. Esas 250 solicitudes quedaron en manos del jefe de División de Análisis Ambiental, Victoriano Ceballos, ahora en prisión. Sólo seis casos de esa bolsa de 250 fueron revisados por otros funcionarios también encarcelados, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez y Joaquín Fernández de Castro, técnica y jefe del departamento.

El primer requiebro en esta lista llega a partir de los expedientes llegados al Ayuntamiento desde marzo de 2006. Los plazos de resolución se acortan por debajo de los 18 meses. Un ejemplo: un bar de copas de Usera tardó poco más de 16 meses en obtener su licencia (4 de mayo de 2006-27 de septiembre de 2007).

La agilización se consuma para las peticiones de licencia aterrizadas en el verano y el otoño de 2006. La rebaja es progresiva: primero 12 meses, después 10, más tarde cuatro... y finalmente semanas y hasta días. Un bar-cafetería sito en el paseo Imperial (Arganzuela) recibió el informe favorable en una semana (17-24 de mayo de 2007). Otro bar, éste en Carabanchel, tuvo vía libre en dos días (2-4 de julio de 2007). El gimnasio de la plaza del Ángel (Centro) completó los papeles en apenas dos meses. En el acelerón participa Ceballos, pero sobre todo Carmen Ibáñez y Joaquín Fernández.

Atasco pese a externalizar

Los datos del Ayuntamiento muestran el atasco de casos en el Departamento de Evaluación Ambiental, ya que son múltiples los pasos precisos (examen de la documentación, visitas de campo...) para la escasa plantilla de que se dispone, lo que redunda en un “considerable retraso en la concesión de licencias” y un “grave perjuicio para los administrados'. En 2006, por ejemplo, entraron 1.250 expedientes y sólo se tramitaron 865.

El número de casos crece con los años. Y eso que el Ayuntamiento ha contratado los servicios de asistencia técnica a empresas desde 2004. El primer año, se pagó 94.260 euros. En 2007, la previsión es que esa cantidad ascienda a 480.305 euros (los 245.386 euros presupuestados y los 234.919 que se han pedido para afrontar la cola de expedientes). El Departamento derivó algunos servicios, al menos, a Tragsatec, filial de la empresa de capital público Tragsa.