Defensa reclama 5.000 euros a una de las viudas del accidente de las minas caducadas de 2011

Virginia Pavón, viuda y madre de la hija del cabo 1º de Infantería de Marina Javier Muñoz Gomez, es ahora la triste protagonista de una historia que no debería terminar así: pagará 5.000 euros por una condena en costas por orden de la Audiencia Nacional, que dio la razón al Ministerio de Defensa y negó el derecho a una indemnización por daños para ella y su hija.

El cabo Muñoz resultó muerto junto con otros cuatro compañeros el 24 de febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros del Ejército en Hoyo de Manzanares, durante un ejercicio en el que se utilizaron para desactivar unas terrestres caducadas.

El drama añadido es que Pavón podría ser la primera de otros denunciante en recibir la condena en costas de este procedimiento contencioso-administrativo, paralelo a otro que continúa interminable por la jurisdicción militar. 

En 2017, la Audiencia Nacional reconoció que existe una responsabilidad patrimonial del Estado (que queda "cubierta" por las pensiones extraordinarias que cobran sus familiares y la póliza del seguro de Defensa), pero negó a los familiares de los fallecidos a reclamar una indenmización por daños morales derivados de dicha responsabilidad. Y todo ello pese a que, inicialmente, el propio Ministerio era en principio favorable a dichas indemnizaciones, pero cambió de postura tras un dictamen del Consejo de Estado en contra, similar al emitido en otro drama militar: la catástrofe del Yak-24.

"Después de tantos años luchando para saber lo que pasó sigo sin saberlo"

Ha sido la propia Pavón quien, en un mensaje en su cuenta de Facebook, ha mostrado su dolor al recibir esta orden de pago. "Después de tantos años luchando para saber lo que pasó, sigo sin saberlo", escribe en un desgarrador texto. "Después de tanto sufrimiento y lucha sigo igual; bueno, igual no. Estoy profundamente decepcionada, triste e indignada".

"Hoy me llega otro regalo", escribe Pavón, y continúa: "se van a cumplir en 10 días 11 años (que de por sí es una fecha jodida) y me llega las costas del juicio. 5.000 euros, eso es lo que tengo que pagar al Ministerio de Defensa por pedir responsabilidades".

El texto prosigue dando irónicamente las gracias "por el nuevo palo después de cinco años de incertidumbre", y finaliza preguntándose: "¿La justicia para quién es? ¿Existe?".

Fuentes cercanas a Pavón han pedido respeto para la viuda del cabo de Infantería de Marina Muñoz, que se encuentra "hundida" y prefiere no realizar declaraciones.

El proceso interminable

En el texto, Pavón hace referencia al teniente José Manuel Candón, herido de gravedad en ese siniestro y "el que más ha ayudado en esta causa", según sus propias palabras.

La viuda recuerda que Candón, hace casi un año, fue directamente culpado como responsable 'in vigilando' (y a los demás también, por 'mala praxis') del accidente por la jueza la comandante juez auditora togado miliar Patricia Moncada Lázaro, del Juzgado Togado Militar Territorial (JUTOTER) número 11.

De repente, las responsabilidades del estallido de las minas caducadas pasaban a ser de las víctimas, y Candón se convirtió de la noche a la mañana en investigado. No obstante, hace dos semanas la instructora fue apartada del caso por su "apariencia de imparcialidad", al insistir en la imputación directa al mencionado oficial.

De esta forma, se daba la razón parcialmente a la recusación presentada en noviembre por el propio Candón y otro de los supervivientes del siniestro, el brigada Raúl Alfonso González.

Los fallecidos en aquella gran explosión inesperada fueron fueron el sargento primero Sergio Valdepeñas, el sargento Mario Hernández y el cabo Miguel Ángel Díaz, del Ejército de Tierra, y el sargento primero Víctor Manuel Zamora y el cabo primero Javier Muñoz, ambos de la Armada.

Para la viuda de Muñoz ahora condenada en costas, el teniente en situación de retiro Candón, quien además es varias veces campeón mundial de triatlón para discapacitados (sufre una ceguera casi total), ha sido durante estos años un apoyo constante. "El único que ha estado al lado de mí en todo momento, el que me ha ayudado a seguir buscando la verdad", escribe.

Porque aunque la vía contencioso-administrativa para reclamar indemnizaciones se cerró en 2017, en la Jurisdicción militar, quedó reabierta en 2018 tras haberse archivado en falso en 2013 sin responsables. Eso sí, el caso se ha ralentizado durante los últimos años por la maniobra fallida de la instructora de acusar a las víctimas de la explosión de unas minas. Un material que, según su propio manual que recoge el sumario de la causa, estaba caducado.