Los controladores saben jugar muy bien a acción-reacción. Ante la votación hoy en el Congreso de la prórroga del estado de alarma, el sindicato mayoritario Usca intentó ayer un movimiento de última hora para presionar y quitar argumentos al Gobierno para esta prórroga y dárselos así a la oposición, con la esperanza de que se acumulen todos los votos posibles para revocar el estado de alarma. El PP es el único partido que no ha desvelado su postura.

Usca anunció ayer que a las ocho de la tarde el 87% de los 2.000 controladores ha suscrito una carta personal firmada, en la que asegura que se compromete a garantizar la continuidad del servicio de control aéreo en aras de un clima de tranquilidad y con el fin de volver cuanto antes a negociar con la empresa pública Aena su convenio colectivo, la razón del motín del puente de la Constitución. Es decir, prometen hacer su trabajo y no hacer huelga, aunque nunca hacen paros legales y sí encubiertos.

'Ya sabemos que es redundante decir que cumpliremos con nuestras funciones, pero si el Gobierno no se fía, lo reiteramos', señaló César Cabo, secretario de comunicación de Usca. Estos compromisos por escrito 'están a disposición del Ministerio de Fomento' y admitió que 'con vistas a que lo vean todas las fuerzas políticas', dice el sindicato presidido por Camilo Cela.

El ministro de Fomento, José Blanco, dijo anoche en CNN+ que 'estima' el gesto de los controladores pero 'ni se dan las condiciones ni hay garantías ni la confianza para garantizar la tranquilidad'.

En el terreno judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no le está poniendo las cosas fáciles a Usca. En un decreto, pide al sindicato que subsane en diez días los defectos de forma de sus dos recursos contra la movilización y contra el estado de alarma. Por un lado, le pide la certificación de los estatutos de la organización y que valide sus poderes como sindicato. Sin embargo, el propio Usca, que tiene dudas sobre si puede funcionar con normalidad ahora, había solicitado ya al Supremo que le consiguiera una autorización del Ministerio de Defensa que validase los citados recursos y un certificado de los estatutos por parte del de Trabajo.