BARCELONA.- La comunidad educativa de Catalunya ha reaccionado prácticamente con una sola voz a la decisión del Ministerio de Educación, encabezado por José Ignacio Wert, de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pidiendo un nuevo período de matriculación para que se pueda solicitar el castellano como lengua vehicular en la escuela el próximo curso. El recurso, aceptado a trámite por el TSJC, ha generado la indignación de todos los partidos del Parlamento autonómico excepto PP y Ciudadanos, favorables a la implantación de un modelo bilingüe o trilingüe en la escuela que liquide la inmersión lingüística en catalán.

Pero más allá de las reacciones de los partidos, la comunidad educativa también ha salido en tromba a defender el actual modelo lingüístico y en rechazar lo que ve como un “nuevo ataque” del ministro Wert y el gobierno del PP a la escuela catalana. La plataforma Som Escola, surgida para defender el “modelo de cohesión social que representa la escuela catalana ante la LOMCE y las sentencias del Tribunal Supremo que cuestionan el papel del catalán como lengua vehicular en la enseñanza”, ha pedido a la Generalitat que “no dé ni un paso atrás en el mantenimiento del modelo de escuela catalana, que proviene de la decisión democrática del pueblo de Catalunya”. Som Escola, que reúne a más de 40 entidades cívicas, culturales y del ámbito educativo, opina que la “voluntad” de Wert es “colapsar la escuela y delegar un aspecto competencial como es la lengua vehicular y la organización de los centros [educativos] a la pretendida voluntad de unas familias”.

Anna Elvira Sánchez, portavoz del sindicato USTEC-STE's, subraya a Público que el modelo de inmersión lingüística en catalán que el ministro Wert vuelve a cuestionar con el recurso “nunca ha sido un conflicto ni en la sociedad ni en la comunidad educativa de Catalunya”. Mar Forcada, miembro de la ejecutiva de la Plataforma per la Llengua y una de las portavoces de Som Escola, opina que “se busca conflictivizar una escuela que es inclusiva y convertirla en excluyente”. Según Forcada, el objetivo final del recurso es que al menos el “25% del horario lectivo se haga en castellano”. Este porcentaje es el que impuso el año pasado el TSJC a ocho escuelas como respuesta a los recursos interpuestos por varias familias pidiendo más presencia del castellano en las aulas.

Con la medida, si un sólo alumno lo solicita, el resto de la clase se ve obligada a aceptar el cambio

Con la medida, si un sólo alumno lo solicita, el resto de la clase se ve obligada a aceptar el cambio. Según ha avanzado en Catalunya Ràdio la consellera de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, hasta el momento su departamento sólo ha recibido 60 solicitudes para hacer la escolarización en castellano, cifra que el Ministerio de Educación eleva a 362.

“MEDIDA ELECTORALISTA”

La portavoz de USTES-STE's, el sindicato con más peso en los centros de enseñanza catalanes, por su parte, añade que se trata de una “medida política, de estrategia electoral, que juega a judicializar la educación y que nos parece impresentable”. El presidente de la Fapac, la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) de Catalunya, Àlex Castillo también opina que el recurso tiene una “finalidad electoralista. El PP tiene una fuga de votos hacia Ciudadanos y intenta jugar esta carta del conflicto con la lengua para pararla”.

"El PP tiene una fuga de votos hacia Ciudadanos y intenta jugar esta carta del conflicto con la lengua para pararla”

Castillo expone que, en su opinión, ahora mismo los ataques al catalán llegan tanto desde el frente jurídico “con las demandas individuales que piden castellano en las aulas”, como desde el frente político, “básicamente a través de la LOMCE”. El presidente de la Fapac tiene claro que el objetivo no tiene que ver con los “resultados del modelo vigente, porque está demostrado que garantiza el conocimiento tanto del catalán como del castellano”, sino que se busca “cambiar el proceso, es decir que el aprendizaje se haga en otra lengua y que se modifique, por la tanto, el proyecto educativo y lingüístico de un centro”.

La respuesta de la comunidad educativa pasa, de momento, por exigir a la Generalitat “no dar ni un paso atrás” en la defensa del modelo de inmersión lingüística, pero dejando claro que se va a actuar si las medidas cautelares pedidas en el recurso del gobierno español tiran adelante. En concreto, el recurso plantea que se haga efectivo el “derecho” de los alumnos escolarizados en Catalunya a recibir la enseñanza en castellano y se fije un mínimo de referencia de un 25% de las horas lectivas en este idioma. A la práctica, supondría pasar de una a dos asignaturas impartidas en español. Si el recurso es aprobado por el TSJC, Elvira Sánchez -de USTEC-STE'S- avisa que “actuaremos para impedirlo”.