El éxito es, sobre todo, apariencia y esa es la fachada que Pedro Sánchez y Quim Torra se disponen a encalar en su cita de este lunes en Moncloa. No habrá portazo ni se escucharán gritos, los cruasanes no cruzarán volando la mesa y el diálogo de sordos se mantendrá con respeto absoluto a las normas de la urbanidad y la buena educación. El encuentro dejará sonrisas en las fotos y apretones de manos. El éxito, por tanto, está asegurado y hasta puede que se sea clamoroso.

Es todo lo que puede esperarse de una reunión que ha querido presentarse como el inicio del deshielo, un desayuno en camiseta en la tundra con el que ambas partes desean mostrar el valor de la política y su resistencia a la pulmonía. La última vez que un president de la Generalitat había cruzado las puertas de Moncloa fue en enero de 2017 y en el más absoluto de los sigilos. Rajoy convocó a Puigdemont para instarle a que acudiera a la conferencia de presidentes y el hoy residente en Berlín le pidió que autorizara el referéndum. Hablaron en idiomas tan distintos que no hubo entendimiento posible. Gracias al don de lenguas de Sánchez, a lo que se da valor ahora es a la simple tertulia.

Anteponer el continente al contenido ha permitido orillar algunas de las piedras que habían comenzado a amontonarse en el camino. Tras decidir el acercamiento de los presos a cárceles catalanas, el Gobierno encajó con silencio hemorroidal el borrador de propuesta de orden del día elaborado por la fontanera mayor de la Generalitat, Elsa Artadi, con las prioridades de Torra en la entrevista: autodeterminación, presos políticos y exiliados y críticas al Rey por su sectarismo. Y hasta sacó a pasear a la ministra Batet con el mensaje de que se podría hablar de todo, incluido un punto que causó auténtica extrañeza: la exigencia de enterrar al franquismo junto a sus símbolos y privilegios.

Por lo que no se pudo transigir fue con la moción aprobaba en el Parlament, a propuesta de la CUP y en contra de la opinión de los letrados de la Cámara, en la que se insistía en reafirmar los objetivos políticos de la declaración de ruptura del 9-N, con especial mención al derecho a decidir y a la autodeterminación. La cuestión fue objeto de intenso debate en el pasado Consejo de Ministros en el que, según fuentes consultadas por este diario, se constató que su impugnación ante el Tribunal Constitucional era obligada tanto por razones jurídicas como políticas.

Entre estas últimas se valoró tanto la falta de reciprocidad del independentismo a los gestos de distensión del Ejecutivo como el peligro de que se extendiera entre la opinión pública la impresión de que las cesiones sólo procedían de una parte. El mensaje que se encargó de trasladar la ministra portavoz Isabel Celaá fue algo parecido a un no queríamos y nos han obligado, pero la vida sigue.

Lo que en cualquier otra circunstancia hubiese dado al traste con la reunión se ha digerido mal que bien gracias al único acuerdo entre las partes del que se tiene constancia: separar la vía política de la judicial. Este pacto debería permitir, por ejemplo, que el diálogo no se interrumpa ante la previsible inhabilitación de los dirigentes soberanistas procesados por el Supremo, que el magistrado Pablo Llarena decidirá en breve y que afectará de lleno a Puigdemont. El conflicto entre lo que dispone la ley de Enjuiciamiento Criminal y la regulación propia que hace el Parlament de las causas de suspensión de los diputados, especialmente la exigencia de que se apruebe en pleno por mayoría absoluta, abrirá un nuevo frente que acabará mal o en el Constitucional, que viene a ser lo mismo.

Confianza en Oriol Junqueras

Lo que sí ha conseguido la moción es acrecentar la desconfianza del Gobierno socialista hacia los líderes del procès, a los que se considera escasamente dotados no ya para la distensión sino para la política en sí. “Hay que rezar para que el acercamiento de Oriol Junqueras surta efecto. Es nuestra esperanza. Es el más listo y vuelve con ganas de tomar las riendas”, explicaba a este diario una fuente conocedora de la estrategia de Moncloa.

Con Junqueras o, al menos con su entorno más inmediato, se han tenido ya contactos directos. En él y no en el vicariado de Torra se confía para superar la vía unilateral del independentismo, cegada no ya por la actuación judicial sino por la ausencia de una mayoría incontestable en la propia sociedad catalana que apoye la ruptura. El interlocutor antes citado lo explicaba sin metáforas: “Desde la cárcel con un móvil se pueden hacer muchas cosas si estás a 45 minutos de distancia de la persona con la que hablas y cuentas con el permiso de unas instituciones penitenciarias cuyas competencias están transferidas”. ¿El objetivo? Que ERC deje de hacer seguidismo a la CUP y marque distancias con el núcleo de fieles a Puigdemont. Sin presos de por medio, las grietas en el bloque soberanista serían ya fallas tectónicas, o eso se cree.

A la espera de que deseo y realidad solapen sus contornos, Gobierno y Generalitat han decidido practicar una estrategia muy similar de palos y zanahorias. Así, al tiempo que se reafirmaba el objetivo del autodeterminación, el independentismo apoyaba una moción del PSC en la que se instaba a crear un grupo de trabajo entre todos los grupos para abrir una nueva etapa con Madrid. De igual manera pero a la inversa, el Ejecutivo de Sánchez hacía compatible su predisposición al diálogo con la guerra de propaganda en el exterior para la que Borrell ha alistado a los embajadores como cuerpo de infantería. Se trataría de seguir el ejemplo de Pedro Morenés y su replica a Torra en Washington en la cena inaugural del Smithsonian Folfklife Festival, que acabó como el rosario de la aurora. A Morenés, que le quedaban dos telediarios al frente de la legación en EEUU, le vino a ver Dios o alguien de su corte celestial.

Las hortalizas que Sánchez repartirá en la reunión incluyen el desbloqueo de inversiones y la revisión de los conflictos de competencias que han empantanado las relaciones entre el Estado y Catalunya desde hace lustros. Para consumir semejante ensalada el Govern ha dispuestos sus equipos en las comisiones bilaterales y mixtas de transferencias, asuntos económicos e infraestructuras, algunas de las cuales llevan más de diez años sin reunirse.

En echar a rodar estas comisiones y en el anuncio de una segunda cita después del verano, esta vez en el Palau, se resumen las expectativas de este encuentro entre Sánchez y Torra, en el que uno hablará de federalismo y de dineros y otro de autodeterminación y de presos. Puede que este sea el final de una glaciación y el comienzo del deshielo aunque sigue haciendo un frío de narices.