Para muchos, Catalunya ha sido siempre la zona más europea de España.

¿Un elogio? Ahora ya no está tan claro: el debate sobre la preferencia nacional de acceso a los servicios públicos en tiempos de crisis, que buena parte de la UE discute por la presión de la pujante derecha populista, ha irrumpido también en España por la vía de la Generalitat. Y de Badalona.

El Gobierno de CiU estudia cómo excluir a los recién llegados de algunas ayudas e incluso de la tarjeta sanitaria. Y el nuevo y polémico alcalde de Badalona (Barcelona), la tercera ciudad de Catalunya, Xavier García Albiol (PP), quiere exigir hasta siete años de residencia legal en el municipio como requisito para optar a algunas ayudas sociales.

Nadie habla explícitamente de excluir a los inmigrantes, sino de exigir un tiempo mínimo en el padrón para acceder a ayudas o servicios. Pero esta es precisamente la fórmula que abanderan desde hace años la Liga del Norte en Italia, la derecha populista en Dinamarca, el Frente Nacional en Francia y el sinfín de partidos anti-inmigración que viven su época dorada en la UE para intentarlo de facto, sin violar ninguna directiva europea antidiscriminación.

La presión en la UE es tal que el debate ha ido penetrando también en los partidos de gobierno de la derecha liberal, que ahora gobierna en 22 de los 27 países de la UE, aunque, por ahora, de forma más retórica que con hechos.

Los sindicatos creen que se busca tapar los recortes y dudan de la legalidad

'Catalunya tiene una cierta capacidad de anticipar los debates en España, que en los últimos diez años ha ido convergiendo con la Unión Europea también en peso de la inmigración', opina Héctor Cebolla, politólogo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y experto en inmigración y acceso a los servicios públicos. Y añade: 'Desde 2008, lo que tenemos son tensiones presupuestarias que hacen aflorar estos debates. Ya somos un país europeo como cualquier otro'.

Este mimetismo político de Catalunya con muchos países de la UE reúne ahora mismo todos los ingredientes posibles: un Gobierno de centro-derecha que impulsa drásticos recortes del gasto del 10%, mucho mayor que en el conjunto de España, la socialdemocracia hundida en el peor resultado de su historia tras las autonómicas de 2010 y la irrupción de una derecha xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) logró el 22-M casi 70.000 votos que, a su vez, endurece el discurso sobre inmigración del PP y del conjunto del centro-derecha. Y, en este marco, ahora también el objetivo retórico de preferencia nacional en el acceso a los menguantes servicios públicos.

El Govern de CiU se ha agarrado a una convocatoria muy menor del tripartito de izquierdas, que desde 2009 exigía cinco años de empadronamiento para acceder a unas ayudas puntuales a minusválidos, para intentar generalizar el principio: actualmente, impulsa tres proyectos importantes y en tres consejerías distintas con esta premisa, aunque aún no ha aprobado ninguno.

Salud aspira a dar la tarjeta sanitaria sólo a los que acrediten seis meses de residencia aunque admite que no puede negar a nadie atención sanitaria, Empresa y Trabajo quiere elevar de uno a dos años el tiempo de residencia para acceder a la renta mínima de inserción (420 euros mensuales) para atajar el 'fraude' y Bienestar Social pretende exigir cinco años de residencia legal de los padres para percibir una ayuda de 638 euros por niño de 0 a 3 años.

'El objetivo es evitar el turismo social', explica el titular de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries. 'Las ayudas son para familias establecidas en Catalunya, ya que las convoca la Generalitat con recursos de la Generalitat y para familias que viven en Catalunya con hijos pequeños en situación de vulnerabilidad', añade el conseller, quien concluye: 'Esto nada tiene que ver con la xenofobia porque se aplica a todos', sin distinción de origen.

'Aunque no se diga, el objetivo es el inmigrante', sostiene en cambio Ghassan Saliba, coordinador de Inmigración de CCOO en Catalunya, que está convencido de que cualquier intento de aplicar la preferencia nacional será imposible, incluso con subterfugios, porque la Ley de Extranjería y la Ley de Igualdad y Antidiscriminación, ahora en periodo de enmiendas, lo impiden.

Josep Lluís Cleries: 'Queremos evitar el turismo social; esto no es xenofobia'

'La ley es tajante: todos tenemos los mismos derechos y deberes. Lo que se está planteando en Catalunya no prosperará', le secunda Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT.

Según Saliba, lo que se pretende con la exigencia de cinco años de residencia es en realidad 'intentar tapar que la prestación deja de ser universal'. La ayuda por hijo de 0 a 3 años, que hasta ahora percibía todo ciudadano radicado en Catalunya, se limitará también a los que tienen unos ingresos inferiores a los 8.000 euros anuales. En 2010, la partida para la ayuda familiar ascendía a 214 millones. Para 2011, están previstos apenas 54: el 75% menos.

'Si el dinero fuera lo importante, no se eliminaría simultáneamente el Impuesto de Sucesiones, como ha hecho CiU', concluye Saliba, convencido de que el Gobierno catalán pretende utilizar el criterio de los cinco años de residencia como 'símbolo' populista en tiempos de recortes.

'Si hay recursos para todos, fenomenal, la opinión pública en España siempre respalda los derechos de los inmigrantes', explica Mónica Méndez, autora de La opinión de los catalanes sobre la inmigración (Fundació Bofill, 2009). Pero advierte: 'En cambio, en una situación de escasez, todo cambia y entonces aflora el principio de prioridad nacional de forma extendida'.

El último macrosondeo sobre inmigración del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el CIS de la Generalitat, del pasado marzo, es rotundo: casi el 62% considera que 'los catalanes deberían tener preferencia a la hora de elegir la escuela de sus hijos'. El 48% cree lo mismo respecto a la atención sanitaria [ver gráfico adjunto].

Dos estudios exhaustivos muy recientes de origen tan variado como la Fundación Ideas, el laboratorio de ideas del PSOE La contribución de la inmigración a la economía española y La Caixa Inmigración y Estado del bienestar en España demuestran que los inmigrantes siguen aportando al Estado mucho más de lo que reciben, pese a la crisis. Ideas incluso ha cuantificado este saldo positivo: hoy, 3.000 millones de euros anuales.

Y, sin embargo, las encuestas muestran hasta qué punto está extendida la impresión contraria: el 58% de los catalanes cree que los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas para el conjunto de España son similares y más del 65% cree que reciben trato de favor en las ayudas escolares y en la sanidad.

En opinión de Cebolla, ello tiene en parte que ver con una singularidad española: 'España es de los únicos países de la UE donde la salud y la educación también están abiertas a los inmigrantes en situación irregular, sin más requisito que el padrón. Esto es atípico y luego influye en las percepciones: dificulta que la gente distinga entre los que están en situación regular e irregular'.

Los sondeos muestran también hasta qué punto son transversales estas percepciones reacias al acceso de los inmigrantes al Estado del bienestar en situación de crisis: son aplastantes entre los electores del PP, pero muy importantes entre los electores de todos los demás partidos, incluido ICV: por esto el populismo agita en toda la UE la bandera de la preferencia nacional, aunque raramente la aplique.

Todos los expertos coinciden en que deben evitarse 'análisis simplistas' que atribuyan estas actitudes sólo a una hipotética xenofobia, que estaría entonces extendidísima. 'Ante los recortes y en situación de crisis, se acentúa una lucha entre los más pobres por el acceso a las ayudas sociales menguantes', subraya Elena Sánchez, investigadora del Cidob y participante del proyecto Migrant Integration Policy Index, que evalúa las políticas de los Gobiernos en integración a los inmigrantes y que sitúan a España en la octava posición de la UE.

Más del 65% de los catalanes cree que los inmigrantes tienen trato de favor

'El que estaba acostumbrado a recibir ayudas no aceptará fácilmente que otro más pobre, quizá inmigrante, las reciba y él no', apunta Sánchez. Y añade: 'Es una percepción terrible, pero racional, y ello explica que muchos electores tradicionales del socialismo, de clases populares, se hayan convertido en votantes del PP e incluso de PxC'.

El fenómeno recorre Europa hundimiento de la socialdemocracia, auge del populismo [ver página siguiente], y en España es especialmente visible en Catalunya, por la dureza del PP catalán y la eclosión de PxC. En el otrora cinturón rojo de Barcelona, el partido xenófobo ha entrado en ayuntamientos socialistas tan emblemáticos como L'Hospitalet y Santa Coloma, y el PP más agresivo ha conquistado Badalona ganando en 28 de los 34 barrios cuando en 2007 sólo quedó primero en dos.

En el interior de Catalunya, la situación para el PSC es aún más dramática y roza la irrelevancia ante la penetración de PxC en sectores importantes de las clases populares: en Manresa (80.000 habitantes), donde los socialistas tenían la alcaldía desde 1995, el partido ha quedado reducido al 12% (por 9% de PxC), y en Vic (40.000 habitantes, cuna de PxC), el PSC se quedó en el 9%, mientras los ultras rozaban el 20%.

Una de las únicas excepciones a la debacle del PSC el 22-M fue Lleida, justo el lugar de donde partió la iniciativa para prohibir el burka bajo la batuta del alcalde socialista, Àngel Ros.

¿Tuvo algo que ver en el éxito de Ros cierta percepción de dureza ante la inmigración? Consol Prados, secretaria de Inmigración del PSC, pide que se analicen otros elementos de su gestión, como la política de vivienda, antes de sacar conclusiones. Pero admite que 'la izquierda necesita un discurso más claro, que, sin dejarse arrastrar por la presión populista, ofrezca ante la crisis orden y seguridad'.

El diputado del PSOE y vicepresidente ejecutivo de Ideas, Jesús Caldera, tiene otro enfoque: echa mano de George Lakoff para considerar que la izquierda está 'a la defensiva' frente a un 'marco de interpretaciones conservadoras' y que debe revolverse contra él defendiendo sin miedo que 'la inmigración ordenada y legal tiene un impacto extraordinariamente positivo'.

Aunque sea un gurú progre, CiU y el PP también deben de haber leído a Lakoff. Y coinciden con Caldera en el color del marco.