El Govern de Catalunya ha evitado hasta ahora emplear la palabra 'desacato'. Pero se mantiene firme en su decisión de no respetar el ultimátum que le ha planteado la Justicia, que le exige alterar su modelo educativo antes del 2 de noviembre para incluir el castellano como lengua vehicular junto al catalán.

La consellera de Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, fue la encargada ayer de señalar que el curso escolar se iniciará sin cambios en su modelo de inmersión lingüística en catalán, que avala el 85% de los diputados del Parlament todos excepto los del PP y Ciudadanos y una amplísima mayoría de la sociedad civil, los sindicatos y las patronales de la educación. 'El curso comenzará con normalidad', anunció Rigau.

El Govern insiste en la legitimidad y el consenso que suscita su modelo

La consellera no quiso hablar de choque de legitimidades, pero sí demostró que el Govern que preside Artur Mas será contundente en su reacción a las sentencias y autos encadenados del Tribunal Constitucional (TC), del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Por ello, apeló a las 'instrucciones y reglamentaciones que derivan de la Ley de Educación de Catalunya aprobada por el Parlament' y remarcó que ello 'le da toda la legitimidad' para arrancar el curso educativo sin cambios.

'Es bueno que se sepa que en el curso que empieza no hay que introducir ningún cambio porque la normativa que regula la previsión del próximo curso está absolutamente avalada por los tribunales', añadió la consellera, en referencia a los sucesivos avales que ha dado el TC a la inmersión lingüística en catalán y al hecho de que el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado sobre la Ley de Educación deCatalunya de 2009.

El presidente del TSJC dice que el auto no quiere 'cambiar toda una legislación'

La consellera volvió a expresar su confianza en el recurso que interpondrán ante el TSJC: 'Encontraremos la manera de que jurídicamente se reconozca la validez de este modelo'. Asimismo, su departamento quiso aclarar que el auto del TSJC que se dio a conocer el viernes responde a que este tribunal considera insuficientes las explicaciones que se han dado hasta ahora. Por esa razón, el Govern ampliará la documentación que remitió inicialmente con estadísticas de uso y conocimiento de las lenguas oficiales en Catalunya.

Rigau recordó que la inmersión lingüística goza de un amplio consenso social y aseguró que eso 'demuestra que es un modelo educativo que garantiza las dos lenguas y ayuda a la convivencia'.

A pesar de ello, insinuó que los casos concretos a los que se refiere el fallo del TS sí podrían ser objeto de cambios. Justamente lo que manifestó la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, que afirmó que el Govern cumplirá la sentencia 'en los casos concretos' en que hay demandas interpuestas. Fernández Bozal quiso restar importancia a la resolución judicial y aseguró que hay expresiones en el auto que han generado'malentendidos'.

El auto protagonizará la marcha del 11 de septiembre y ya hay protestas convocadas

En la misma línea, el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, circunscribió la sentencia al caso de las tres familias que pidieron que el castellano fuera lengua vehicular para sus hijos. 'Los jueces raramente dan ultimátums, si un auto quisiera cambiar toda una legislación, con dos meses no sería suficiente', explicó.

Pero aunque el Govern escuche al TS en estos casos particulares, el posicionamiento del Ejecutivo será contundente. Prueba de ello fue que, además de la consellera de Ensenyament y de la de Justícia, también intervinieron en el debate el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, y el president, Artur Mas.

El jefe del Ejecutivo quiso afirmar que su Govern hará 'una defensa clara e inequívoca' del catalán ante los intentos de reducir a algo 'folclórico y provinciano'. 'Nos mantendremos fieles y firmes en la defensa de nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra lengua más que centenaria', manifestó. Con un fuerte tono reivindicativo, el president se mostró convencido de que detrás de las instituciones catalanas habrá 'un pueblo entero' que se niega a ser marginado por los que atacan el catalán, de quienes Mas dijo que 'aunque sean pocos, a veces son poderosos'.

Mascarell, a su vez, sostuvo que 'es un error plantear modificar el modelo por la demanda de un grupo pequeñísimo de personas'. Para completar esta reacción política, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, advirtió al PP de que si hace de esta situación 'casus belli', la federación nacionalista dejará de tenerlo en cuenta para cerrar futuros acuerdos.

Paralelamente a este debate, expertos consultados ayer por este diario cuestionan la sentencia del TS. Eva Pons, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona (UB), recuerda que 'el TC estableció que es la Administración competente la que determina el peso de cada lengua'. Además, lamenta que 'el TS interprete las alegaciones de la Generalitat cuando defiende el carácter vehicular del catalán como si existiera una exclusión del castellano, cuando de hecho y de derecho hay una presencia del castellano como vehicular'. Según esta analista, 'sin motivos objetivos se quiere imponer una uniformidad del modelo, como ha pasado en el País Valencià e Illes Balears, donde el castellano tiene más presencia'. Además, recuerda que 'el TS obvia un punto de la sentencia del TC que dice que no eran los padres los que debían poder elegir la lengua'.

Similar opinión tiene Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la UB. Vintró remite a la libertad que el TC dio al Parlament para aplicar la inmersión y recuerda que la Generalitat puede aplicar su modelo en cumplimiento de su Ley de Educación. Su diagnóstico final es contundente: 'El TS se ha excedido en sus competencias, porque no debe decir cómo se tiene que aplicar una ley'.

Mientras el Govern ultima su recurso, las calles dejarán oír el malestar catalán con la Justicia: las primeras protestas contra el auto del TSJC se han convocado ya y las entidades organizadoras de la principal marcha del próximo 11 de septiembre, Diada nacional de Catalunya, ya han anunciado que la defensa de la inmersión lingüística será una de sus principales consignas.