La consellera de Ensenyament de la Generalitat no ha podido tener una vuelta a la actividad más abrupta tras las vacaciones. Irene Rigau supo ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le ha dado dos meses para asegurar la implantación del castellano como lengua vehicular.

El TSJC insta en su auto a que el Govern proceda a dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo del pasado diciembre que establecía que el castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas igual que el catalán. Esta sentencia apelaba a la Generalitat a adaptar su modelo en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, donde quedaba fijado que el castellano también debe ser lengua vehicular.

Este nuevo auto obliga a la Generalitat a informar al TSJC, en el plazo de dos meses, de los cambios adoptados en su modelo y advierte de las 'consecuencias legales' que puede suponer su incumplimiento. La ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia.

El Departament ya intentó el pasado junio demostrar que el modelo actual ya 'garantiza la existencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales' con un escrito que el TSJC no ha considerado convincente. La resolución de la Sala Contencioso-Administrativa será recurrida por el Govern, pero eso no suspendería la ejecución de la sentencia a no ser que el propio tribunal así lo acuerde.

Rigau compareció en la tarde de ayer, visiblemente nerviosa, para aseverar que la Generalitat está 'convencida' de que el modelo actual ya cumple con la sentencia del TC. La consellera afirmó que el modelo educativo catalán 'es un patrimonio colectivo que no ha generado conflictos' y que los estudios prueban que el aprendizaje del castellano en Catalunya está al nivel del resto de España. La consellera no quiso referirse a la posibilidad de que el Govern desacate esta sentencia si su recurso es desoído. Pero a pesar de su optimismo, no ofreció ningún argumento que Ensenyament no hubiera dado ya en el pasado.

La ministra de Defensa y dirigente del PSC, Carme Chacón, defendió también la inmersión lingüística, asegurando que 'ha garantizado la cohesión social y lingüística' en Catalunya.

La sucesión de sentencias en este ámbito responde a los recursos presentados por tres padres de alumnos catalanes que denunciaban el modelo de inmersión lingüística avalado por el Pacto Nacional por la Educación. Este acuerdo, suscrito en 2006 por CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA con un amplio consenso de patronales y sindicatos del campo educativo, entiende que el catalán es una lengua en situación de inferioridad con respecto al castellano y que merece por tanto un tratamiento diferenciado a éste.

Entidades como Convivencia Cívica Catalana (CCC), próximas al PP y Ciudadanos, han dado amparo en los últimos años a los partidarios de acabar con el modelo de inmersión lingüística y han alentado la teoría de que el castellano es una lengua perseguida. CCC respondió al fallo festejando en un comunicado 'la desaparición del modelo de inmersión lingüística', mientras que desde Ciudadanos, Albert Rivera celebraba el fallo como un éxito propio: '¡Hemos ganado!', escribía en su cuenta en Twitter. Rivera se refirió al 'triunfo del Estado de derecho y de los ciudadanos frente al nacionalismo', a la vez que acusaba al PP de ser 'cómplice de gobiernos que incumplen la ley'.

El fallo amenaza con abrir una brecha entre CiU y la formación que preside Alicia Sánchez-Camacho, después de haber pactado los Presupuestos de 2011. El PP anunciaba ayer que presentará el lunes una propuesta en el Parlament con la que pretende forzar al Govern a cumplir la sentencia. Su portavoz, Enric Millo, advertía ayer de que si el Govern inclumple este auto, 'deterioraría las buenas relaciones' que mantiene con el PP. Rigau le respondió que el Govern 'tomará nota' de la actitud de los conservadores.