Los 270 colectivos que engloban la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos contribuirán al otoño caliente que se presenta ante la convocatoria sindical para el próximo día 15 con un acto de protesta contra la reforma de la Ley del Aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en los últimos meses.

La plataforma, que engloba tanto a organizaciones feministas, sanitarias, jurídicas y sindicales como a ayuntamientos y gobiernos autonómicos que se han mostrado en contra de las medidas del Gobierno, conmemorará, por primera vez en España, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro (28 de septiembre). Pese a que los actos reivindicativos serán distintos en cada ciudad (manifestaciones, recogidas de firmas...), el colectivo pretende movilizar a la sociedad para exigir al Ejecutivo de Mariano Rajoy 'la renuncia inmediata y definitiva a la reforma anunciada' por Gallardón.

'Ahora es un buen momento para dar un toque de atención sobre lo que se puede hacer contra estas medidas integristas, promovidas por grupos extremistas que tratan de retroceder a siglos pasados llevando las restricciones a términos inconcebibles', explicó una de las portavoces de la Plataforma, la ginecóloga Isabel Serrano.

El colectivo acusa a los dirigentes conservadores de seguir una 'estrategia fundamentalista internacional', oculta en su programa políticio,  que 'viola los derechos civiles, sociales, culturales, sexuales y reproductivos', denuncian en un comunicado. Asimismo, consideran 'preocupante' que 'varias decenas' de miembros del PP pertenezcan  al Grupo de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, cuyo presidente es el diputado popular Ángel Pintado.

'El Gobierno debe garantizar que lo que para algunas personas es pecado no se convierta en delito para el resto'

'El Gobierno deber garantizar que lo que para algunas personas es pecado, no se convierta en delito para el resto' y defender el Estado de Derecho de los sectores integristas religiosos. Pero la citada organización y, por tanto, los miembros del PP que a ella pertenecen, son un lobby antielección, 'un mal llamado grupo por la defensa de la vida', opinó Serrano. 

En relación a esta cuestión, la jurista Amalia Fernández-Doyague, portavoz de la Plataforma, también pidió a la Abogacía del Estado que promueva la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, miembro del Opus Dei y que se ha declarado abiertamente en contra del aborto.

Además, la plataforma argumenta que la reforma propuesta por Gallardón contradice el 'Derecho Internacional de los Derechos Humanos'. De hecho, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya advirtió al Gobierno sobre esta cuestión el pasado mes de mayo, cuando instó al Ejecutivo de Rajoy a garantizar el aborto libre y gratuito.

'La nueva ley sólo protegerá a una minoría', lamenta una portavoz de la plataforma

Los datos empíricos también contradicen los argumentos utilizados por el PP en cuanto al incremento del número de abortos. 'No es cierto que hayan aumentado con la entrada en vigor de la Ley de 2010', reitera la Serrano. Además, 'comparando los últimos datos del Ministerio de Sanidad con los estudios de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai),  queda demostrado que la nueva ley sólo protegerá a una minoría, mientras que el 63% de mujeres quedarán desprotegidas', lamentó la portavoz.

La nueva normativa -aseguran los miembros del colectivo- no sólo deja sin amparo a los 11 millones de mujeres que están en edad fértil, sino que tampoco protege a médicos y juristas. Si Gallardón lleva a cabo su reforma, los únicos casos en los que estará permitida la interrupción del embarazo serán la violación o el peligro para la salud física o psicológica de la madre. 'Volverá a ser algo arbitrario, que dependerá de la subjetividad de cada médico y voverá a traer problemas en los juzgados', aventura Serrano.

'Las afortunadas acudirán a la clandestinidad, las desfavorecidas, a remedios caseros', lamentan 

La desigualdad también se verá reflejada en los colectivos más desfavorecidos, como las inmigrantes que -debido a la reforma de Ana Mato- ya no tienen tarjeta sanitaria, que serán los más afectados. 'Las que tengan recursos acudirán al circuito clandestino; las menos afortunadas, a remedios caseros', adelantan desde la plataforma. 'La legislación restrictiva nunca será un instrumento para evitar la práctica del aborto, sino la causa de un mayor índice de mortalidad materna', advierten. 

Por último, Serrano se mostró 'dolida' por 'el uso' que el ministro de Justicia ha hecho del argumento de la discapacidad en relación con el aborto. De entre los últimos ataques del ministro de Justicia a los derechos de la mujer, la portavoz de la plataforma señala este como especialmente dañino. ¿El motivo? 'Porque ha conseguido manipular los términos para enfrentar los derechos de las personas con discapacidad con los derechos a la salud sexual y reproductiva de todos', denunció. 'Nosotros defendemos los derechos de los discapacitados, pero la ley actual no obliga a nadie abortar, sólo protege el derecho a decidir', recordó.