La Subdelegación del Gobierno de Granada entiende que los fascistas y antisistemas que acudieron el pasado 2 de enero a la conmemoración de la Toma de Granada pudieron alterar gravemente la seguridad ciudadana. De ahí que, por primera vez, haya optado por abrir expediente a 24 extremistas de ambos bandos para los que propone multas que van de los 300 a los 600 euros.

24 expedientados se identifican con la ultraizquierda, frente a siete fascistas

La mayoría pertenece a grupos antisistemas. Diecisiete de los 24 expedientados se identifican con movimientos de ultraizquierda, frente a siete fascistas. Los expedientes sancionadores, contra los que cabe recurso, como en cualquier multa, se fundamentan en un atestado de la Policía que, el pasado 2 de enero, tomó la plaza del Carmen, donde se conmemora la Fiesta. Según el atestado de la Policía, los sancionados alteraron la celebración de la fiesta con proclamas xenófobas e insultos a España o al Ejército.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, afirmó este domingo a Público que la actitud de ambos grupos 'pudo haber dado lugar a enfrentamientos' por lo que se vulneró la Ley de Seguridad Ciudadana. A ello se une que la exaltación a la dictadura fue evidente.

Los ultraderechistas exhibieron banderas preconstitucionales y cantaron el ‘cara al sol', lo que puede ir en contra de dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las administraciones a tomar medidas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

La exaltación a la dictadura fue evidente el pasado 2 de enero

La Policía no actuó entonces, pero los agentes que estaban infiltrados entre el público filmaron lo sucedido en la plaza del Carmen. La Subdelegación del Gobierno ha enviado el atestado de la policía a la Fiscalía Superior de Andalucía, que, días antes de la conmemoración, instó a la Subdelegación a vigilar a los ultras ante las convocatorias que habían realizado a través de la red. La Fiscalía Superior de Andalucía determinará ahora si existen indicios de delito en la actitud de los sancionados.