El Grupo Socialista ha señalado hoy que 'corresponde' al Gobierno fijar los plazos para abortar, por lo que ha dejado éstos sin concretar en sus conclusiones de la subcomisión del Congreso que estudia la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Así lo ha dado a conocer Carmen Montón, portavoz socialista en la subcomisión, la cual se reúne hoy para elaborar un documento de consenso al cabo de tres meses de trabajos y después de la comparecencia de una treintena de expertos.

Montón ha manifestado en rueda de prensa que el Grupo Socialista aboga por una ley de plazos combinada con indicaciones, que no ha concretado, enmarcada en una Estrategia Global de Salud Sexual que cumpla con el objetivo de prevenir embarazos no deseados. La portavoz ha asegurado que la ley de plazos debe ser acorde con las legislaciones del entorno europeo (cuya horquilla oscila entre las diez y las veinticuatro semanas, ha reconocido Montón), cubrir la gran mayoría de los casos de aborto que se producen en España y ser aprobada por amplio consenso.

Montón ha dicho que la fijación de los plazos 'corresponde' al Gobierno y ha emplazado el debate al respecto a la tramitación parlamentaria de la Ley. En cuanto a las indicaciones para abortar fuera de esos plazos, la propuesta socialista aboga por tener en cuenta 'al menos' los supuestos en que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, graves anomalías físicas o psíquicas, o malformaciones incompatibles con la vida en el feto.

Pide también la regulación de la objeción de conciencia para evitar las desigualdades territoriales, y que se impida que la ejerzan centros y profesionales que no participan directamente en las operaciones de interrupción del embarazo. Por ello, aboga por que sólo los profesionales implicados directamente en estas intervenciones puedan acogerse a ese derecho.

Asimismo defiende que las menores entre dieciséis y dieciocho años tienen autonomía para decidir si quieren abortar sin necesidad del permiso paterno. La Ley de Autonomía del Paciente dota de soberanía a los denominados 'menores maduros' para decidir sobre los tratamientos médicos a los que puedan someterse, pero excluye expresamente el aborto, los ensayos clínicos y la reproducción asistida, ha explicado Montón. 'Si se puede donar un riñón o someterse a una quimioterapia a esa edad, se puede decidir también sobre la maternidad', ha agregado.

Asimismo el Grupo Socialista es favorable a considerar el aborto un derecho de las mujeres, y no un delito como está contemplado actualmente en el Código Penal salvo tres supuestos. Preguntada reiteradamente sobre los casos en los que el aborto puede seguir siendo ilegal, Montón ha señalado que serán aquellos que se realizan sin el consentimiento de la mujer y los que 'excedan lo contemplado por la ley'.

La portavoz del PP en la subcomisión que estudia la reforma de la ley del aborto, Sandra Moneo, ha explicado que presentará esta tarde unas conclusiones y un voto particular centrado en medidas de información y apoyo a la mujer embarazada, de cumplimiento efectivo de la Ley actual y de defensa del derecho a la vida.

Para Moneo, la propuesta del PSOE supone 'abrir las puertas al aborto libre', lo que es una 'auténtica barbaridad', cuando el objetivo debería ser reducir el número de abortos que se practican en España, especialmente entre las adolescentes.

Con ese objetivo en mente, los populares propondrán la aprobación de un Plan de Apoyo a la Maternidad para las mujeres que quieran llevar a término su embarazo, con ayudas económicas, centros de asistencia, facilidades en el mundo laboral o en la obtención de vivienda protegida. 'No podemos tolerar que la mujer joven se vea abocada al aborto por falta de apoyo económico o social', ha subrayado Moneo, quien ha apuntado también la necesidad de que las jóvenes cuenten con 'formación e información' sobre los riesgos de un aborto y las alternativas.

Así, entre las medidas que propondrá esta tarde el PP en la subcomisión que estudia la reforma de la Ley del aborto, Moneo ha destacado la de establecer un 'periodo de reflexión' entre la decisión de abortar y la intervención médica en el que la mujer reciba información 'detallada y sosegada' de un profesional distinto al que vaya a practicar el aborto. Además, la protección de los profesionales que deban intervenir en el proceso y el derecho de objeción de conciencia, y la recuperación de las comisiones de evaluación son otras de la propuestas que planteará el PP.

Finalmente, Moneo ha subrayado que el PP mantendrá su oposición a una Ley de plazos por considerarla anticonstitucional, por lo que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba este tipo de norma.