¿Cuáles con las prioridades que se ha marcado para esta dirección general?

La prioridad fundamental e inaplazable es al implantación de la ley de protección a la infancia y adolescencia frente a las violencias. Es una ley que hemos logrado gracias al consenso de diferentes grupo parlamentarios, de las organizaciones que han estado empujando y han sido claves en la gestación que ha conllevado esta ley. Pero ahora en la puesta en marcha son muchas las medidas que tenemos que trasladar a líneas de actuación y este es un reto enorme en el que, además, necesitamos que esa coalición que se ha generado continúe. 

Otra prioridad inevitable es toda la situación de los niños, las niñas y los adolescentes extranjeros que están en movimiento entre las fronteras, que están migrando solos. Esto ya era un reto ante la situación que nos habíamos encontrado en Canarias y que con lo que estamos viendo ahora en Ceuta es un reto enorme. Esos son los dos grandes retos, pero la infancia y adolescencia tienen muchas realidades que afrontar.

La crisis con Marruecos ha vuelto a poner sobre la mesa el drama de los menores no acompañados que llegan a nuestro país ¿En qué se está trabajando?

Esta es una situación de crisis humanitaria sin precedentes que tratamos de abordar con acciones coordinadas con todas las partes. Estamos haciendo una comunicación muy fluida con la responsable de Menores de Ceuta para tener de primera mano el balance y volumen de lo que se está viviendo. También hemos contactado con las organizaciones de infancia para escuchar sus propuestas. Y lo hemos hecho con una celeridad poco común, porque estamos hablando de que en menos de 72 horas ya nos están llegando propuestas por parte de las Comunidades Autónomas sobre las plazas que van a ofrecer en ese reparto solidario que tenemos que hacer para poder atender a los niños y las niñas que han llegado, y hacerlo de una manera digna dentro de la dificultad de espacio y de recursos que supone atender al millar de menores que han llegado a la ciudad.

Nos hemos coordinado con Ceuta para poder trasladar a todos los menores que ya estaban tuteados por la cuidad y repartirlos, para que puedan continuar procesos que ya se habían iniciado en en esa ciudad y así  liberar capacidad, espacio, recursos humanos para atender a los que han llegado.

¿Qué menores están llegando?

Por los testimonios que nos están llegando no son niños estrictamente migrantes. Llegan niñas y niños que no sabían a lo que iban. No son niños migrantes que han decidido emprender un viaje, cambiar de país, iniciar una nueva vida con todo lo que implica. Son niños y niñas que nos están diciendo que quieren regresar con su familia y son muchos.

Tenemos que detectar de la forma más acorde con la infancia las situaciones de vulnerabilidad que nos podemos encontrar: niños víctimas de la trata, situaciones de protección internacional, niños que huyen de la violencia sexual o familiar… Situaciones que ya venimos comprobando que se producen en la infancia en movimiento. Desde el Gobierno lo que estamos haciendo es movernos en un escenario en el que podamos atender con calidad a estos niños y dar una solución ajustada a sus necesidades.

Hemos visto imágenes de devoluciones inmediatas de menores que llegan a Ceuta. ¿Se están haciendo devoluciones en caliente sin ningún tramite administrativo?

Estamos observando con mucha preocupación las mismas imágenes que estáis observando vosotros [los medios de comunicación]. Lo que está claro es que España no puede realizar devoluciones de menores sin garantías y en eso estamos incidiendo muchísimo desde esta Dirección. Es fundamental garantizar que los menores que retornen a Marruecos lo hagan con las garantías necesarias y estas exigen una atención individual y exigen una evaluación en base al interés superior del menor. Esto es algo en lo que estamos trabajando y manteniendo conversaciones a nivel interno, para ver como se puede materializar que esto sea un patrón en cada intervención con menores.

¿Hay planes para elaborar una ley o protocolo para que haya un reparto obligatorio entre comunidades autónomas como piden el Defensor del Pueblo y Canarias? ¿Cómo se avanza en la solidaridad entre comunidades?

Por primera vez hemos podido elaborar desde la Secretaría de Estado del Ministerio unos criterios objetivos para ese reparto. La oferta a las comunidades autónomas ayer [por este miércoles] fue con una cifra concreta con las plazas que entendíamos que cada una tenía que asumir. No son criterios sacados de la manga, sino que son fruto de conversaciones que se han tenido con muchas comunidades.

Queremos ir por ahí. La situación de Ceuta es compleja y excepcional y nos está permitiendo explorar respuestas que sabíamos que eran necesarias y que hasta ahora no se habían producido. Esta situación ha sido un impulso para actuar. Se ha dado la confluencia en que tenemos la oportunidad de establecer unos criterios de reparto que quizá no han venido sólo para esta ocasión, sino que se van a quedar.

¿Este reparto incluiría a los 3.000 menores que hay en canarias?

Ojalá. La idea es que esto no se quede aquí. No es una respuesta excepcional en cuanto a que no habrá ninguna más. Pero es un primer paso para retomar los retos pendientes en esta materia, que tienen que ver con el modelo de atención, con el reparto solidario, la financiación de toda esta atención por parte de las comunidades autónomas, que tiene que ver con los protocolos y con un montón de procedimientos que en esta legislatura, con esta Gobierno, se están consolidando.

Llega a este puesto en el momento en el que se aprueba la ley de protección integral a la infancia ¿Qué valoración hace de esta norma? 

Teniendo en cuenta que estábamos en el inicio de 2014 cuando se comienzan a dar los primeros pasos para esta ley y que estamos en el 2021, el balance es que cuando quieres impulsar un cambio de cultura respecto a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, necesitas un tiempo para que este cambio de paradigma se produzca, incluso entre los interlocutores que tienen que tramitar, gestionar y redactar esta ley para incorporar esta perspectiva de infancia. Creo que eso lo hemos conseguido y es un éxito que hay que valorar.

Lo que es cierto es que en esta legislatura se han dado las circunstancias y el contexto para ese diálogo. Para negociar, acordar y para esa buena voluntad que concluyera en ese articulado que, siendo memorable en algunos aspectos, está muy a la altura de lo que se espera de un Estado como es el español a la hora de proteger a sus niñas y niños sobre las situaciones que les están afectando.

¿Cuál ha sido el mayor reto en su elaboración?

Creo que algunas de las enmiendas que se han logrado en el Senado reflejan que se ha estado negociando hasta el último minuto. No es muy habitual que se introduzcan enmiendas en la Cámara Alta. Se han introducido enmiendas como las que prohíben todas las medidas de contención en los centros de menores y que también prohíben los desnudos integrales a los menores que llegan a nuestro país y que hay que determinar la edad que tienden… Esto nos demuestra que hemos estado luchando hasta el último minuto para lograr el máximo consenso sobre elementos que sabemos que son fundamentales y que reproducen situaciones de violencia ya no sólo por parte de las familias, que es donde más se produce la violencia hacia la infancia, sino la que se produce dentro del propio sistema institucional.

Ese tal vez es el gran reto: afrontar ese buen trato y trasladarlo desde las familia, las instituciones, pasando por lo centros educativos, por los espacios de ocio, por los ámbitos judiciales… El gran reto es que traslademos un mensaje de no es posible luchar contra la violencia en la infancia si no promovemos un buen trato. Si no estaríamos en una lógica equivocada.

Hablando de maltrato institucional. Algunos colectivos creen que la ley no será suficiente para evitar que se siga aplicando el Síndrome de Alienación Parental, un falso síndrome que desvirtúa o descree el relato de los menores. ¿Cómo cree que debe regularse su prohibición para que sea realmente efectiva?

Creo que es muy importante algo que la ley pone por encima de todos los valores y todos los principios, que es la necesidad de que las niñas y los niños sean escuchados. Hay un elemento fundamental y es que ahora esto es una obligación. Los juzgados y los operadores jurídicos tienen al obligación de escuchar a las niñas y a los niños.

Este elemento es clave si lo conjugamos con el artículo al que haces referencia. El hecho de que no se pueda utilizar un síndrome que es acientífico, que el propio Consejo del Poder Judicial ha dicho que no tiene cabida ni fundamentación. Se trata de que el juez tenga el menor margen posible para la interpretación y que la voz de los niños y las niñas se oiga por su propia iniciativa, que nadie hable por ellos. Todo es memorable, pero tenemos que empezar a aplicarlo. Escuchar a niños y a niñas es algo que hasta ahora se hace muy poco y los adultos nos vamos a empezar a sorprender de hasta qué punto hay decisiones que no van a ser iguales.

Hay  muchos menores y madres que han pasado por el sistema judicial que están pidiendo resarcimiento o que se revisen casos precisamente por la aplicación en las instituciones de esa teorías acientíficas ¿Hay posibilidad de resarcir o revisar los casos?

Esto excede las competencias. Mientras están sin agotar las vías judiciales oportunas, los casos siempre pueden reconducirse y revisarse las decisiones judiciales en las instancias oportunas. Creo que es importante ver que lo que propone esta ley es un cambio de paradigma, de cultura. Que también tenemos que ser partícipes quienes estamos observando y analizando esta ley, en la que el protagonismo es de las niñas y los niños y su derecho a ser escuchados. Y que tenemos que evitar desconfiar de los que ellos nos digan y nos cuenten.

Este es el problema que existe en diferentes situaciones cuando hablamos de la violencia machista, que la sufren muchas madres de muchos niños y niñas. Hay que creer a los niños cuando cuentan una situación de abuso sexual, cómo están en casa... Cuando narran las experiencias que están viviendo es fundamental darles la legitimidad, no desconfiar de ellos. Y esto es algo que la ley deja muy claro. Vamos a tener que ir adaptando todas las instituciones a esa necesidad de escuchar. Esto implica un gran esfuerzo, porque supone que la sociedad se tiene que comprometer a creer a las niñas y los niños en las historias que nos están contando.

Otro de los temas más candentes de la legislatura es la llamada ley trans. ¿Qué significa para niños y adolescentes que esta ley no haya prosperado y que se retrase?

Todo lo que sea tener marcos normativos que nos ayuden a erradicar de la sociedad los prejuicios y las creencias erróneas que existen sobre las personas que pertenecen a los grupos sociales o los colectivos más vulnerables, son marcos normativos a los que tenemos que darle la bienvenida. Por lo cual, cuanto más se retrasen, menos protección tendrán las personas trans y dentro de ellas los niños y las niñas tras. Esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Cuanto más retrasemos estas normas que protegen a colectivos vulnerables, estamos facilitando que haya muchas personas que están sufriendo una violencia que podríamos evitar.

Una de las principales preocupaciones en torno a esta ley es la hormonación de menores. ¿Qué le diría a quienes ven esto como un peligro para la infancia y la adolescencia?

Es importante subrayar que más de una decena de comunidades autónomas recogen en sus normativas el tema de la hormonación. Es importante que estas perdonas puedan dirigirse a estas comunidades que llevan aplicando estas normativas desde hace muchos años y que comprueben esos miedos, legítimos desde esas creencias que aveces tenemos equivocadas de lo que es la transexualidad. Que se acerquen a la propias asociaciones de familias de menores trans y que contrasten los miedos con la realidad de lo que está sucediendo en muchas autonomías en esta materia.

Se habló de la posibilidad de ilegalizar las empresas que promueven los vientres de alquiler. ¿Hay planes en este sentido  para suprimir la instrucción de 2010 que permite la inscripción de niños fruto de la subrogación?

Es un tema que requiere un análisis. Pero no es un prioridad para esta Dirección.

El ministerio de derechos sociales presentó su nombramiento como forma de abrir una nueva etapa en la que el feminismo y la sociedad civil jueguen un papel clave. ¿Cómo se concreta esto?

Eso habría que preguntárselo a quién lo dijo. Para mí esta Dirección es la oportunidad de construir desde el diálogo, desde el acuerdo, el esfuerzo y el trabajo cotidiano, políticas y medidas en las que la infancia y la adolescencia estén en el centro. Y construir todo esto con la infancia y la adolescencia. En el plazo de 6 meses, nos dice la ley, tenemos que tener conformado un consejo estatal de participación infantil y creo que ese es el gran reto: que las niñas y los niños tengan voz, participen de manera activa y que nos descoloquen a los adultos si lo tienen que hacer ¿Por qué no?. Eso es lo que pasa cuando la gente opina. Nos dicen cosas que nos hacen reflexionar sobre lo que nos parece cotidiano.

Para terminar, si pudiese elegir, ¿qué gran logro o qué legado le gustaría dejar de su paso por esta dirección general?

Durante estos días mucha gente me ha dado la enhorabuena. Para mí el gran logro seria que cuando acabe el tiempo que yo tenga que estar aquí, la misma gente que me ha felicitado, a la que valoro, a la que aprecio y admiro, sean capaces de decirme: enhorabuena, felicidades. Es que habremos hecho algo realmente importante desde esta dirección.