Como presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, ¿cuál es el estado actual de las relaciones con el PSOE después de la reunión del pasado lunes?

El Gobierno de coalición goza de buena salud, pero es evidente, no lo podemos negar, hemos vivido momentos de tensión en los últimos días que tienen que ver con las discrepancias en torno a la derogación de la reforma laboral. Estas tensiones deben normalizarse en cualquier relación que no es de amor, sino de conveniencia. Hay dos partidos que provienen de tradiciones políticas diferentes y defienden intereses distintos. Más allá de esas tensiones, creo que nadie pone en duda la propia coalición y los problemas que se han vivido en los últimos días, a pesar de que no están totalmente solucionados, es verdad que están encauzados. Se van a solucionar en los próximos días.

¿Veían venir esta puja por liderar las negociaciones (y el contenido) sobre la reforma laboral justo en la recta final, a pesar que desde el inicio quedó claro que era Yolanda Díaz quien estaba al frente?

Durante este tiempo ha habido señales, es verdad, pero creo que nos ha cogido bastante por sorpresa porque ese acuerdo era inminente. Llevábamos más de siete meses de negociación y, así como otras batallas ha costado mucho ganarlas, como el recorte de los beneficios a las eléctricas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la regulación de los precios del alquiler en la ley de vivienda, batallas que hemos tenido que arrastrar al PSOE a nuestra posición y no ha sido fácil. En cambio, esta batalla estaba ganada. Teníamos el acuerdo casi firmado y entonces, al final de la partida, ha aparecido este movimiento y es evidente que las reglas del juego no se pueden cambiar al final del partido. Por eso, nosotros hemos reaccionado con sorpresa y hemos querido que las cosas volvieran a la posición en la que estaban y que nos permitían cumplir el acuerdo al que llegamos con el PSOE.

Hay muchas hipótesis de lo que ha pasado: una tiene que ver con quién es Nadia Calviño y lo que representa, y otra tiene que ver con el nerviosismo del PSOE con un liderazgo como el de Yolanda Díaz, que está creciendo en las encuestas. Y ese elemento, no lo sé, puede haber influenciado, ya que ella es la ministra de los ERTE, de la subida del SMI... ha adquirido mayor protagonismo en los últimos meses y que logrado ser la política mejor valorada en España. Me parece que hay ciertos sectores del PSOE que empiezan a sentir nerviosismo por ese liderazgo cada vez más consolidado.

¿Creen que el PSOE aceptará derogar la reforma laboral en los términos que defiende Yolanda Díaz en el seno del Gobierno?

Confío en que sí. Además, los sindicatos han sido muy claros: el PSOE sabe que existe la amenaza de que los sindicatos, si no se acaba de firmar aquello que está prácticamente acordado, se movilicen. Y ni el PSOE ni Unidas Podemos se pueden permitir una huelga general o una movilización masiva de los sindicatos, por tanto, creo que eso está garantizado.

Además, creo que es básico para revertir una reforma que tanta precariedad y temporalidad ha creado. Es el camino que nos marca Europa. No puede ser que los trabajadores en España sean usados como kleenex de usar y tirar. Hay que estabilizar el mercado laboral y creo que Yolanda, que es una abogada laboralista y que ha trabajado toda la vida en ese ámbito, tiene en la reforma laboral uno de los mayores motivos por los cuales entró en este Gobierno: derogar esa reforma que el propio PP reconoció que era 'agresiva'.

En cuanto al escaño de Alberto Rodríguez. En Comú Podem no ha pedido la dimisión de Batet. ¿Considera desproporcionada la exigencia de Podemos al pedir su dimisión?

Ahora mismo, si tuviéramos que poner el nombre de la señora Batet en una urna para decidir si es no o no presidenta del Congreso, no lo haríamos. Se ha roto la confianza con Batet y no tiene que ver con el PSOE, de hecho, hay diputados socialistas, como Odón Elorza, que fueron críticos con la decisión y se solidarizaron con Alberto Rodríguez y con nuestro grupo. Batet ha decepcionado incluso en las propias filas socialistas.

¿Esta decisión ha supuesto un antes y un después a la hora de confiar en la autonomía del Poder Legislativo?

No es la primera vez que sucede. Estamos asistiendo a una degradación del principio democrático de la autonomía del Congreso porque cada vez los jueces se están convirtiendo en los principales guionistas de la política española, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. Están invadiendo las competencias del Poder Legislativo y lo vemos cuando se anulan declaraciones políticas, que no son jurídicas, o se dice a los diputados de lo que pueden hablar o no, tanto en el Congreso como en otros parlamentos, como el catalán.

Hay una suplantación de la voluntad del Poder Legislativo, que es la sede de la soberanía popular, por parte de un Poder Judicial desbocado, en manos de la derecha, que está siguiendo un camino diferente, pero con algunos elementos comunes a lo que sucedió en Brasil con Dilma Rousseff y, anteriormente, con Lula da Silva. En Brasil vimos cómo fue el judicial el que arrasó el legislativo para que hubiera un cambio político, y eso es lo que está en la cabeza del PP.

Casado y Abascal quieren llegar a Moncloa y utilizan a los jueces para ese objetivo y, de hecho, tiene que ver con las declaraciones que han hecho en muchas ocasiones dirigentes del PP, como el anterior portavoz popular, cuando dijo que el Poder Judicial era la último trinchera contra el Gobierno para frenar los avances progresistas. Es similar a lo que ha sucedido en Polonia y Hungría, donde es el Poder Legislativo, controlado por la extrema derecha, el que ha arrasado con el Poder Judicial. Aquí es al revés, ya que es el Poder Judicial, controlado por la la derecha y la extrema derecha, el que está arrasando con el Legislativo. Esto afecta a la separación de poderes y al principio democrático como norma de funcionamiento.

Es la primera vez en muchos años que se inhabilita a un diputado por una condena leve y el Constitucional en 1992 ya dijo que eso no era posible, no se podía arrebatar el acta de diputado a una persona por una condena de multa, como es este caso. Confiamos en que el amparo que Rodríguez ha interpuesto pueda prosperar.

Sobre el anteproyecto de ley de vivienda aprobado este martes en el Consejo de Ministros, ¿teme que el PSOE dilate en el tiempo su tramitación en el Congreso teniendo en cuenta los meses que han tenido que pasar hasta recibir luz verde en el seno del Gobierno?

Es una posibilidad y nos está pasando con otras leyes, como la ley de secretos oficiales o la ley mordaza, cuyos plazos de enmiendas se están prorrogando de forma constante. A nuestro entender, estas prórrogas son fraudulentas, como también lo entendía el PSOE cuando estaba en la oposición, pero ahora está abusando de forma excesiva de ese mecanismo.

Es verdad que puede pasar eso y, por ese motivo, siempre intentamos apelar a la ciudadanía organizada para que no baje la guardia, que no crea que la batalla está ganada simplemente porque hay un acuerdo. No por el hecho de que estemos nosotros tiene que confiar ciegamente en que eso va a ser suficiente. La ciudadanía tiene que saber que, igual que este Gobierno recibe muchas presiones por parte de los fondos buitre, en este ámbito, o por parte de las eléctricas o la CEOE; nosotros necesitamos recibir la presión de los sindicatos, de los movimientos y asociaciones de defensa de la vivienda, y de los consumidores, en el caso de las eléctricas. 

Los sindicatos y colectivos de la vivienda han rechazado la propuesta del Gobierno. ¿Es una buena ley teniendo en cuenta estas críticas y de dónde proceden?

Esta ley es un paso importante por el cual nosotros venimos peleando desde hace muchos años, pero es evidente que no es suficiente. Nosotros esperamos poder mejorar el contenido de esta ley en el trámite de enmiendas. Compartimos esa crítica que formulan las entidades y movimientos, pero queremos poner en valor algo que parecía imposible hace un tiempo, que es conseguir regular los precios del alquiler. 

La nueva ley audiovisual se ha convertido en uno de los ejes principales de la negociación de presupuestos. ¿Le parecen razonables las exigencias de los partidos vascos y catalanes, y la inclusión de este aspecto en la negociación presupuestaria?

No solo nos parecen razonables sus propuestas, sino que también las compartimos. El debate de Presupuestos puede ser un buen momento para negociar sobre ello. Ahora bien, eso no debería ser un elemento a la hora de aprobar unos Presupuestos que, evidentemente, son expansivos y que son buenos tanto para el País Vasco como para Catalunya. Hay muchos elementos más a tener en cuenta, pero me parece bien que pongan esa cuestión sobre la mesa.

En la misma línea, ERC reconoce que los pasos en la mesa de diálogo influyen en el clima de negociación presupuestaria. ¿Se debería aislar una cosa de la otra?

Lo mismo que lo anterior. El momento de los Presupuestos es un momento importante y, lo mismo que Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa la ley de vivienda y el impuesto de sociedades, es legítimo que otros partidos pongan otras cuestiones sobre la mesa. Otra cosa es que se conviertan esas cuestiones en líneas rojas, ya que no es positivo, pero son elementos que pueden y deben estar en la negociación, a los cuales nosotros le damos apoyo.

En cuanto a la Ley de Memoria Democrática, según las enmiendas que el grupo confederal ha planteado hasta la fecha, no se habla de considerar ilegal el régimen franquista, por ejemplo, como exige ERC, socio indispensable para la aprobación del proyecto. ¿Cómo lograrán los partidos del Gobierno convencer a este grupo, entre otros, para que apoyen el proyecto dado el rechazo a la norma?

El proyecto de ley es un paso muy importante en una lenta, dura y dilatada lucha para encontrar mecanismos que permitan acabar con la impunidad de los crímenes franquistas y, evidentemente, es una ley que por primera vez puede estar a la altura de lo que las víctimas se merecen. Puede dar acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas que llevan tanto tiempo desatentidas y estamos en un momento histórico donde no podemos esperar más para atender a ese reclamo, que no solo viene de las víctimas, sino del derecho internacional.

Esta ley es una ley cargada de futuro. Nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, pero que apunta también a nuevos horizontes de esperanza porque las víctimas del franquismo señalan aquello que la dictadura no permitió que fuera, pero que puede volver a ser. Por eso hay tanto nerviosismo en determinados sectores políticos, que no han roto con el pasado franquista; por eso el PP y Vox se pusieron del lado de la dictadura cuando se celebró el debate de totalidad de esta ley. 

A este paso adelante le vamos a intentar incorporar una serie de enmiendas que tienen que ver con las incautaciones políticas que se hicieron en su momento por razones políticas, y que debe permitir abrir un proceso de auditoría que permita restablecer esos bienes a sus legítimos propietarios. Por eso también queremos acabar con la Ley de Amnistía, ya que es un obstáculo para poder judicializar esos crímenes. Asimismo, hay que extender el ámbito temporal de la ley hasta 1982 porque la política represiva de la dictadura duró muchos años más, y la prueba es que hubo casi 200 víctimas mortales más que están fuera de la ley. Estas reivindicaciones no son nuestras, sino de las asociaciones memorialistas, que asumimos como propias. También de nuestros socios, como ERC, con los cuales queremos cooperar para intentar mover al PSOE hacia ese espacio de fin de la impunidad de esos crímenes del franquismo.

Además, esto tiene que ver con lo que está pasando en Argentina. La jueza María Servini nos recuerda lo que nosotros le recordamos a los argentinos. Hay crímenes deleznables que no entienden de leyes de punto final ni de amnistía. Fuimos pioneros en España cuando empezamos a juzgar a criminales de la dictadura Argentina, pero después, eso se torció cuando se trataba de investigar los crímenes de la dictadura franquista, se miró para otro lado. Los argentinos cambiaron su ley, por eso ahora nos lo recuerdan a nosotros. Esa vía que se abrió aquí para acabar con la impunidad de las dictaduras de Chile y Argentina debe volver aquí para acabar con eso. Es un reto democrático ineludible y una de las asignaturas pendientes más importantes que tenemos desde la Transición.

Teniendo en cuenta que el PSOE por sí solo no dispone de una mayoría, ¿ahora sería un buen momento para presionar y modificar la Ley de Amnistía?

Es ahora o nunca. Las víctimas y los familiares no son solo de la Guerra Civil, también de los años 70. En el Ayuntamiento de Barcelona, cuando yo era teniente de alcalde, una de las cosas que hicimos fue atender a muchas de esas víctimas, como por ejemplo las hermanas de Salvador Puig Antich. Creamos un mecanismo que está poniéndose en funcionamiento ahora para escucharlas y creo que en ese momento, cubrimos un vacío en Madrid, Galicia, Barcelona y Cádiz.

Desde todos esos ayuntamientos hicimos como administración de suplencia lo que tenía que hacer el Estado y no estaba haciendo, pero no podemos avanzar más desde el mundo municipal. Ahora solo falta que el Estado asuma su responsabilidad. Las víctimas no pueden esperar más porque han pasado muchos años y, a veces, la derecha usa ese argumento del calendario para descalificar esas reivindicaciones, pero es justo al revés, cuanto más tiempo pasa, más legítima es esa reivindicación y más escandalosa es la falta de atención a esas demandas de verdad, justicia y reparación.

Otra derogación pendiente, la de la 'ley mordaza', que se sigue posponiendo. La Mesa ha vuelto a prorrogar el plazo de enmiendas y después de un año, Unidas Podemos y PSOE se han dado otra semana de margen para negociar las enmiendas. ¿Qué discrepancias existen para que se haya pospuesto tanto tiempo la tramitación de esta norma?

En verdad, estamos de acuerdo en lo fundamental, en derogar los principales artículos lesivos para los derechos fundamentales, algunos de los cuales ya han sido señalados por organismo internacionales. Pero hay un último escollo, que es la devolución en caliente, que nos está separando de un acuerdo, aunque creo que en las próximas semanas deberíamos poder superar ese desacuerdo.

Es un compromiso que está en el acuerdo de Gobierno y el PSOE volvió a renovarlo hace poco en palabras del presidente del Gobierno, en el Congreso del PSOE, por lo que creo que ahora que estamos saliendo de la pandemia, de los momentos más duros de la pandemia, tenemos que volver a retomar muchas de esas carpetas o acuerdos de legislatura que hasta ahora no se pudieron materializar porque teníamos que focalizarnos o centrar nuestros esfuerzos en la lucha contra la pandemia. Ya no hay excusas. Esta, después de la reforma laboral, es la siguiente carpeta que tenemos que cerrar.

En cuanto al frente amplio de Yolanda Díaz, ¿ve posible una alianza con Errejón tras las experiencias pasadas?

Quedan dos años para las elecciones y tenemos que centrarnos en resolver los principales problemas de la gente. En todo caso, creo que la prioridad debe ser volver a reconectar con los sectores más dinámicos de la sociedad, con la gente joven, con los sectores que se han descolgado del proyecto y que en su momento nos hicieron muy fuertes, tan fuertes que estuvimos a 300.000 votos de hacer el sorpasso al PSOE. Ese momento pasó, pero hay que intentar volver ahí e ir más lejos. Hay que ser más ambiciosos y creo que con Yolanda Díaz lo podemos lograr.

Es verdad que el momento no es el mismo, no es la crisis de representatividad que había entonces. Nosotros ya no somos un actor totalmente nuevo y ahora hay un cansancio y desconfianza en lo político que tiene mucho que ver con la ruptura de los horizontes vitales y las certezas. Igual que supimos conectar tras el 15-M con los dolores y las quejas, pero también con las ilusiones y los sueños de una parte de la ciudadanía, tenemos la obligación de conectar con lo que está sucediendo ahora.

Para poder hacer eso, hay que intentar evitar caer en el fetichismo de las siglas, trascender la vieja lógica de los partidos existentes y poner en valor aquello que nos une y nos separa, y que va más allá de esas siglas. Crear una nueva entidad y si hay que prescindir o no de las siglas, es un debate que habrá que abordar en su momento. La confluencia de otros espacios vendrá de por sí si logramos reconectar con la ciudadanía. No se trata tanto de resolverlo por arriba, sino por abajo. 

Estamos en un momento donde las encuestas están mostrando una tendencia creciente de nuestras expectativas y desde que está Yolanda Díaz vamos subiendo, no solo ella en nivel de popularidad y de apoyos, sino incluso el propio espacio político. Si eso va progresando, será inevitable que alrededor de nuestro espacio se pueda configurar esa nueva plataforma o espacio amplio que supere las lógicas del pasado que nos han hecho mucho daño y ha hecho que mucha gente se haya ido descolgando o se haya quedado en el camino.

En cuanto a la 'Declaración del 18 de octubre' de la izquierda abertzale, ¿cree que ha tenido buena acogida por parte de la sociedad española?

Es un paso histórico de mayor trascendencia o calado político que el que se ha dado. Si al inicio ETA abandonó la lucha armada, después la izquierda abertzale renunció y rechazó la violencia como medio para lograr sus objetivos, y apostó exclusivamente por las vías políticas, ahora se ha hecho un paso definitivo, que es el paso de empatizar con las víctimas, reconocer su dolor y disculparse con ellas. Eso es histórico, uno de los gestos políticos más importantes desde la Transición.