La región atraviesa un momento complejo, con países que registran fuertes alzas de precios tras la invasión de Ucrania, ¿es posible que retornen las masivas protestas que se dieron entre 2019 y 2020 en países como Chile, Ecuador o Colombia?

Las personas están enfrentando una situación aún más grave que la situación de la pandemia. El año 2019 estuvo marcado por un 'sinnúmero' de protestas, demandando la rendición de cuentas de gobiernos y procesos electorales. Con la covid, esta tensión social se vio disminuida por la restricción de la movilidad en casi todos los países.

Sin embargo, con todo lo que sabemos que viene, con crisis económicas como resultado de estos eventos globales, como la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, evidentemente la situación se seguirá tensando y las personas solo tendrán las calles como única herramienta para exigir la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos.

La pandemia puso de manifiesto la necesidad de cuidar los servicios públicos. ¿Cree que este factor ha impulsado el auge de nuevas fuerzas de izquierda, como Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia, que defienden un Estado parecido al de bienestar?

Más que el resultado de la pandemia ha sido el resultado de las manifestaciones de las demandas y reivindicaciones de la propia ciudadanía. Existe una demanda de gobiernos que pongan mayor interés a la protección social, al respeto de los derechos humanos, pero depende de las circunstancias de cada país.

Hace poco se celebró el primer encuentro del Acuerdo de Escazú, el único pacto ambiental de la región y pionero en el mundo en la protección de ambientalistas, ¿cómo ve que solo 12 países lo hayan ratificado?

Es muy preocupante, sobre todo también en el contexto de la pandemia, porque en el nombre de la recuperación económica muchos gobiernos están abriendo las puertas de manera más permisible a empresas que están extrayendo recursos naturales y contaminan el medio ambiente.

¿Quiénes tienen la culpa: los gobiernos, las empresas, las fuerzas más conservadoras...?

Quienes se oponen a la firma del tratado son precisamente las fuerzas que están detrás de los poderes económicos, estas empresas nacionales y multinacionales que acaparan los recursos naturales y han despojado territorialmente a pueblos indígenas y comunidades rurales... Y muchas de estas son empresas estatales, es decir, son los propios Estados los que están generando estas violaciones al derecho ambiental.

Este lunes se reunió con el presidente Boric, ¿cómo fue el encuentro?

Han sido reuniones abiertas de diálogo, de interlocución. Ha sido refrescante poder compartir nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos. Lamentablemente, no habíamos encontrado este canal de diálogo con el anterior Gobierno de Sebastián Piñera.

¿Cuáles son los principales aspectos que trataron?

La agenda de respuesta al estallido social (de 2019), así como las causas subyacentes del estallido: la desigualdad, la falta de acceso a salud o educación, entre otros. También la política de migración, la reforma urgente a la fuerza policial de Carabineros y el rol que Chile se espera pueda jugar en la geopolítica regional para denunciar crisis de derechos humanos.

¿Y qué rol puede jugar en la región un país que acaba de atravesar unas protestas con supuestas violaciones a los derechos humanos?

En los últimos años hemos visto una grave regresión en materia de derechos humanos en países como Colombia y Cuba, situaciones de gravedad en Nicaragua y Venezuela, o lo que está aconteciendo en Centroamérica.

En este sentido, existe una necesidad de que el Gobierno de Boric atienda de manera urgente los temas pendientes en materia de derechos humanos en Chile, de manera que le legitime para levantar la voz frente a violaciones de derechos humanos en otros países. Por ahora, el presidente chileno reafirmó su convicción de denunciar estas crisis y poner a las víctimas en el centro, para que las condenas no pasen por los intereses políticos de los gobiernos de turno