Catalunya será la primera comunidad en imponer sanciones para hacer cumplir la ley de la vivienda

La vivienda ha centrado buena parte del pleno del Parlament de este miércoles. Con la mirada centrada en los presupuestos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que Catalunya será el primer territorio del Estado en imponer sanciones para hacer cumplir la ley de la vivienda a partir del próximo año. Concretamente, se sancionará a quienes incumplan los topes fijados por los alquileres en aquellas zonas declaradas tensionadas.

"Catalunya será la primera comunidad autónoma en disponer de un régimen sancionador ante quienes quieran especular; las viviendas están para vivir", ha dicho el presidente. En este sentido, ha anunciado que el Govern desplegará estas sanciones "lo antes posible" y al margen de los presupuestos, e incluirá también los recursos humanos necesarios.

El president ha precisado que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, está estudiando cómo poner este mecanismo en marcha. Esta medida complementa un plan en materia de vivienda que incluye la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta el 2030 y una inversión de 4.400 millones en esta legislatura.

Illa ha hecho el anuncio como respuesta a la petición de la líder en el Parlament de los Comuns, Jéssica Albiach. La imposición de sanciones es una de las demandas de la formación de izquierdas para acercar posiciones con el Govern del PSC de cara a la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2025.

Expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos

La Dirección General de Consumo ha decidido abrir un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por anunciar alojamientos sin licencia. Según ha informado este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la medida se ha tomado porque la empresa ha mantenido la oferta, aunque en junio se le requirió la retirada "de forma inminente".

Se trata de "miles de anuncios" sobre "pisos turísticos que contenían publicidad ilícita" de varias comunidades autónomas, ya que "no ofrecen número de licencia". Consumo ha avisado de que esta publicidad podría considerarse "prácticas comerciales desleales" y también "lesiones y riesgos para los intereses" de los consumidores de forma generalizada.

Consumo ha advertido que, en caso de que se califican estas prácticas como "infracciones graves", las multas pueden llegar a los 100.000 euros, una cifra que se puede superar hasta alcanzar entre cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido. Sin embargo, matiza que el inicio de esta inspección "no prejuzga el resultado final”.

Esta medida de la Dirección General de Consumo se suma a otras iniciadas en materia de vivienda como otra investigación a grandes gestoras de pisos turísticos por “posibles prácticas engañosas” y otra contra agencias inmobiliarias que “hubieran llevado a cabo prácticas abusivas”.