Los recortes y el empeoramiento de la situación de las mujeres en el empleo de los últimos años, tras las reformas laborales (20.204.040 euros desde 2010), confirman el descenso de las mujeres que pueden hacer uso de los derechos laborales que contempla la Ley de Violencia de Género en relación con las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, según un informe sobre la violencia de género presentado este lunes por el sindicato UGT para este 25 de noviembre.

Del total de la contratación femenina registrada por los Servicios Públicos de Empleo en 2016 (8.763.700 nuevos contratos), solamente 801 contratos, es decir, el 0,009% de los contratos, correspondieron a contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia, y sólo 707 fueron suscritos por víctimas de violencia de género. De éstos, 173 tenían carácter indefinido y 534 de carácter temporal, es decir, el 75,5% de la contratación es temporal, lo que viene a constatar la escasa repercusión de los acuerdos de colaboración suscritos por el Gobierno con las empresas para la inserción laboral de víctimas de violencia.

Resulta indudable la relación directa que existe entre el descenso de mujeres que por suspensión y/o extinción del contrato de trabajo, conservan su derecho a la percepción de una prestación de desempleo, y el empeoramiento de la situación de las trabajadoras víctimas de violencia de género que cada vez en mayor medida se ven privadas del ejercicio de estos derechos en la práctica, mientras que el número de víctimas de violencia de género no ha dejado de aumentar.

Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género, según datos proporcionados por el Servicio Estatal Público de Empleo SEPE

La evolución en la contratación desde que se computan los datos (2003), muestra como apenas un escaso número de mujeres víctimas de violencia de género han podido acceder al empleo a través de un contrato bonificado.

Si bien todas las Comunidades Autónomas están dando formación para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, estos servicios no se corresponden con una inserción real de estas mujeres en el ámbito laboral.

Desde UGT reclaman la necesidad de mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo para estas mujeres, estableciendo un sistema de protección social más adecuado que no las penalice y que les permita garantizar su independencia económica y su autonomía personal.

El acoso sexual en el ámbito laboral en España

Por lo que se refiere a las conductas de acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo (o mobbing de género), constituyen la expresión más evidente de la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el mundo laboral.

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha denunciado "la invisibilidad" del acoso sexual y las dificultades para demostrarlo, tanto dentro de las empresas como en la vía judicial. Un estudio realizado por la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales basado en 42.000 entrevistas directas a mujeres en los 28 Estados miembros de la UE, evidencia que una de cada tres mujeres entre los 18 y los 29 años sufrió al menos una forma de acoso sexual. Entre otros autores de acoso sexual cabe mencionar a personas conocidas por la mujer (35 %), una persona del entorno laboral de la mujer, como un superior, un compañero o un cliente (32 %), o un amigo o conocido (31 %).

En España, según datos de la Inspección de Trabajo, desde el año 2008 al 2015, unas 2.484 mujeres se vieron afectadas por infracciones en materia de acoso sexual, se efectuaron 1.489 requerimientos y se impusieron sanciones por valor de 237.748€.

Según UGT, este tipo de violencia está muy invisibilizada. Las víctimas tienen grandes dificultades para expresar y comunicar el problema, y aún más para denunciarlo proque temen exponerse a represalias y acabar perdiendo el empleo, de forma que sufren el acoso pero en muchísimos casos no lo denuncian.

Por otra parte la dificultad de prueba en vía judicial, tanto en la penal como en la laboral, hace que las víctimas no cuenten con la seguridad necesaria para hacer valer sus derechos en la vía jurisdiccional. Las resoluciones judiciales de condena son escasas y las penas para los agresores en la vía penal son muy bajas. La protección penal solo tiene lugar en casos muy graves y las penas son tan sólo de unos meses de prisión (entre 3 y 5 meses) o bien una multa de seis a diez meses. Si el acosador es un superior, la pena es de 5 a 7 meses de prisión o multa de diez a catorce meses.

Mejorar la prevención del acoso laboral por razón de género, así como los derechos de las mujeres víctimas de acoso sexual y por razón de sexo, y facilitar la eliminación de obstáculos para la denuncia tanto en vía interna dentro de las empresas como en la vía judicial, es otra asignatura pendiente, según el sindicato.

Estos hechos, junto con la necesidad de abordar la adopción de nuevas medidas, ante la gravedad de la situación, para eliminar los déficits detectados en relación con la violencia de género, tanto en el ámbito jurídico como en el presupuestario, en el judicial, policial, de servicios sociales, educativo, sanitario y en el laboral, llevaron a UGT a adoptar en sus resoluciones congresuales en 2016 la reivindicación de la adopción urgente de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, conjuntamente con distintos estamentos de la sociedad, organizaciones de mujeres, sociedad civil y partidos políticos.

El Pacto de Estado contra la Violencia machista

Miembros de diferentes partidos durante la reunión de la subcomisión del Congreso que tiene como finalidad articular un pacto de Estado en materia de violencia de género. /EFE

La ONG Amnistía Internacional considera que a pesar de los avances legislativos en la lucha contra la violencia de género en España persisten importantes lagunas. La organización ha lamentado en un comunicado este jueves que "la violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas en España".

Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional (AI) España ha denunciado que "el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida". Ha añadido, además, que en España a las víctimas de violencia sexual y de género "se las trata como acusadas y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona, lo único que se hace es provocar una doble revictimización".

Amnistía Internacional propone desarrollar un sistema de atención integral y de urgencia, con al menos un centro de crisis por cada 200.000 mujeres y, al menos uno por cada comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como establecen las recomendaciones del Consejo de Europa.