La suspensión de contratos por la covid-19 también penaliza más a las trabajadoras

El parón de la actividad económica, con motivo de la declaración del estado de alarma, no ha afectado por igual a hombres y mujeres. El porcentaje de trabajadoras que han sufrido la suspensión temporal de sus contratos es mayor que el de trabajadores varones.

El dispar trato que el mercado laboral dispensa a unas y a otros se ha vuelto a poner de manifiesto con motivo de la crisis sanitaria.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo sugieren, a primera vista, que las consecuencias de la pandemia se han repartido de forma homogénea entre ambos sexos. En abril, hubo 2.106.030 trabajadores con derecho a paro al estar incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato, de los cuales 1.062.311 eran hombres y 1.043.719 eran mujeres.

Sin embargo, se trata de una impresión engañosa, porque en afectados potenciales (es decir, en el total de ocupados) el colectivo masculino supera ampliamente al femenino. En concreto, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España contaba en el primer trimestre de 2020 con un millón y medio largo menos de trabajadoras (9.020.000) que de trabajadores (10.661.200).

Eso significa que el impacto de los ERTE de suspensión de contrato, presentados al amparo de las medidas del Gobierno para atenuar los efectos económicos de la covid-19, fue en abril del 10% en el caso de los hombres y del 11,5% en el de las mujeres.

Si dicha situación se ha continuado produciendo no se sabrá hasta que el Ministerio de Trabajo dé a conocer próximamente los datos detallados de mayo.

No ha ocurrido lo mismo con los ERTE de reducción de jornada, cuya afectación ha sido más proporcional. Siempre según la información correspondiente a abril, ese mes generaron el derecho a cobrar el paro, por estar incluido en uno de ellos, 91.602 trabajadoras y 116.388 trabajadores varones, lo que supone un 1,02% y un 1,09% sobre el total de ocupados de cada sexo, respectivamente.

Aunque hubo pagos que se hicieron efectivos con retraso, debido a la avalancha de ERTE, en abril se contabilizaron 4.647.765 beneficiarios de alguna prestación por desempleo, más del doble que el mes anterior (2.109.487). Si se toma en consideración sólo la prestación contributiva (la que depende del tiempo y la cantidad cotizada), la cifra casi se cuadruplicó, al pasar de 974.051 a 3.444.891 beneficiarios.

En coherencia con ello, el gasto del Estado en desempleo experimentó un fuerte crecimiento: en marzo ascendió a 1.789 millones de euros y en abril a 4.939 millones.

La tasa de cobertura (porcentaje de parados que reciben alguna prestación) subió del 62,4% al 127,2%, pero en realidad se trata de un espejismo, fruto de que técnicamente los trabajadores incluidos en un ERTE no se consideran parados.