La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, por el aumento de sueldo a directivos de la identidad. El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha hecho público este lunes el escrito del fiscal Fernando Maldonado, que solicita la misma pena para el exdirector general de la identidad bancaria, Adolf Todó, y a otros 15 consejeros, acusados de los mismos hechos: dos delitos de administración desleal.

El escrito, dirigido a los 41 miembros imputados por el caso, reclama una pena de dos años de prisión para las 24 personas restantes por un delito de apropiación indebida. Asimismo, el fiscal y las acusaciones populares representadas por la CUP y la Confederación Intersindical de Cajas piden a los acusados que indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con 2,5 millones de euros, según informa El País.

El que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, así como Todó y otros 39 exdirectivos de la antigua caja de ahorros se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional por la aprobación de las resoluciones que incrementaron las retribuciones de la cúpula de la entidad en 2010, momento en el que la entidad bancaria había solicitado un préstamo de 1.250 millones de euros al FROB.

Pese a ello, Serra, entonces presidente de CatalunyaCaixa, acordó la contratación de Todó como director general y de Jaume Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas para el momento que atravesaba la entidad.

La Fiscalía considera "irresponsable" la política de retribuciones asumida por los órganos de la entidad y tacha de "escandalosas y millonarias" las indemnizaciones percibidas por los directivos y miembros del consejo de administración.

"A pesar de la difícil situación económica global y, en particular, del sistema financiero, y especialmente de esta caja, los sueldos de los altos directivos Todó y Massana no dejaron de subir durante 2009, 2010 y 2011", denuncia el fiscal.

Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos de más de 4 millones entre 2008 y 2012, a lo que hay que sumar cerca de 2 millones de aportaciones a un plan de pensiones.

Massana percibió en ese período una retribución de 2,9 millones y una aportación a un plan de pensiones de más de 633.000 euros. Además, los directivos se subieron el sueldo "cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones e incluso cuando ya habían sido aportados".

Serra, recuerda el fiscal, no sólo tenía un cargo representativo en CatalunyaCaixa, sino que presidía las comisiones y el consejo de administración y tenía "elevados emolumentos" en concepto de dietas. A partir de 2007 se estableció un salario para Serra como presidente no ejecutivo a pesar de no ser preceptiva su fijación y llegó a cobrar entre 2007 y 2010 más de un millón de euros en concepto de dietas y retribución.

La Fiscalía sostiene que en CatalunyaCaixa "han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", algo que sorprende no sólo porque la entidad solicitó la inyección de dinero público por parte del FROB, sino también porque en 2010 el grupo presentó un ERE para la extinción, suspensión o reducción de jornada de hasta 1.300 empleos.

"Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, con evidente abuso del cargo que ostentaban utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo que contribuyó a aumentar su grave crisis financiera", remarca el fiscal.

La Fiscalía subraya que esta actuación "denota un reprochable y espurio manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

Se da la circunstancia de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga también a Serra, Todó y otros trece altos cargos de CatalunyaCaixa por otro presunto delito de administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Cataluña Mediterránea (PROCAM)Introduzca el texto aquí