Este artículo se publicó hace 4 años.
La sobrecarga por la pandemia y el recorte acumulado de 1.800 empleos llevan al límite a los trabajadores del SEPE
Desde hace cuatro días, unos 1.000 trabajadores del SEPE se han organizado y han redactado una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que exponen su situación de saturación, fundamentalmente por los trámites de los ERTEs, y piden al ministeri
Alejandra de la Fuente
Madrid--Actualizado a
La emergencia del coronavirus ha hecho que la situación laboral en España se complique para millones de familias. Concretamente, unos tres millones y medio de trabajadores se han visto afectados por ERTEs. Los datos de paro revelaban este martes que el desempleo ha sufrido el mayor repunte en un mes de mayo de toda la serie histórica, aunque también se empiezan a ver signos de recuperación.
Debido a esta situación, los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han tenido que trabajar sin descanso para tramitar la avalancha de prestaciones. Muchos de ellos lo han hecho durante fines de semana, festivos y han alargado sus jornadas varias horas, y eso a pesar de que el Ministerio de Trabajo aumentó la plantilla para descongestionar este servicio público.
La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido la labor de estos trabajadores en numerosas entrevistas y ha recordado los recortes que ha sufrido el SEPE en anteriores gobiernos gestionados por el Partido Popular.
Sin embargo, muchos empleados del Servicio Público de Empleo Estatal empiezan a mostrar su saturación tras dos meses y medio de trabajo sin descanso, y comienzan a organizarse para reclamar mejores condiciones de trabajo y preocupados ante la posible reapertura de oficinas: les asusta que la opinión pública les vea como los culpables de que haya trabajadores que hayan recibido su prestación con retraso o de que aún no la hayan cobrado.
El SEPE, un servicio que ha sufrido importantes recortes
El SEPE es el antiguo Instituto Nacional de Empleo, creado en 1978 y eliminado definitivamente en 2009. Éste fue sustituido seis años antes (2003) por el SEPE, un organismo que lleva sufriendo recortes muy severos desde hace una década aproximadamente. Recortes no solo en materia económica, sino también de personal.
Así, el Servicio Público de Empleo Estatal pasó de 10.136 empleados en el año 2000 a 7.307 en el año 2003. Aunque hubo contrataciones posteriores, el SEPE contaba con 7.639 trabajadores a junio del año 2018 y actualmente, a 1 de junio de 2020, son 8.321 personas las que forman parte de este servicio, según datos del propio SEPE, 1.000 de las cuales fueron contratadas poco después de comenzar la pandemia.
"El programa que utilizamos da muchos fallos porque tiene más de 35 años de antigüedad y compañeros que se han jubilado o que se han marchado no han sido repuestos…", explica Rafael Jiménez, trabajador del SEPE y representante de UGT.
"Nosotros necesitamos una plantilla estructural de 11.600 trabajadores fijos y ahora mismo somos 8.000", añade.
Por otra parte, según Francoise Calvo, secretaria de Organización y Administración de UGT, se han perdido unos 3.000 puestos de trabajo en la última década.
Además, los trabajadores denuncian que hay discriminación salarial respecto de sus homólogos en los servicios de empleo y que los auxiliares administrativos realizan labores de técnicos sin el reconocimiento ni la remuneración correspondientes.
Preocupación por las horas extra
Tras dos meses y medio trabajando a destajo, los ánimos del personal del SEPE empiezan a caldearse y los trabajadores se están organizando para pedir una serie de requisitos al Gobierno.
Desde hace cuatro días, unos 1.000 trabajadores del SEPE han difundido una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que exponen su situación y piden que de momento no se reabran las oficinas de atención al público, entre otras cosas por el miedo a que trabajadores que hayan cobrado tarde su ERTE, o directamente todavía no lo hayan recibido, paguen su enfado con los empleados públicos.
Los ánimos han estallado tras difundirse que serán los trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) los que gestionen el Ingreso Mínimo Vital y que cobrará 21 euros por cada hora extra, aunque fuentes del Gobierno han asegurado a Público que esto aún no está confirmado.
"Nosotros hemos estado trabajando sin parar, algunos compañeros han llegado a doblar turnos llegando a hacer 16 horas al día. Como entendimos que se trataba de una situación excepcional, no preguntamos cuánto nos iban a pagar por hacer ese trabajo extra, lo hicimos porque sabíamos que había familias que lo necesitaban. Luego nos comunicaron que nos iban a compensar únicamente los festivos (aunque todavía no lo han hecho) y ahora nos enteramos de que a los compañeros del INSS serán los que tramiten el Ingreso Mínimo Vital y a ellos se les pagará la hora extra a 21 euros", cuenta una trabajadora del Servicio Público Estatal de Empleo.
"En ese momento nos sentimos los últimos de la fila, porque estos trabajadores van a tramitar esta única medida –se prevé que van a recibir unas 800.000 solicitudes– cobrando 21 euros la hora extra, mientras que nosotros hemos estado tramitando cientos de miles de ERTEs, además de siete medidas nuevas que ha establecido el Gobierno como consecuencia del coronavirus como son el subsidio para empleadas de hogar, el subsidio para trabajadores temporales, prestaciones especiales para fijos discontinuos… sin saber si vamos a cobrar o no", añade.
Empleados del SEPE confirman a Público que se están planteando llevar a cabo una huelga. "De momento, nos hemos comprometido a trabajar únicamente las horas de nuestra jornada para que se aprecie que, si se han podido tramitar todos estos ERTEs, ha sido porque los trabajadores del SEPE hemos hecho jornadas maratonianas", aseguran.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios también se ha puesto en contacto con el director general del SEPE para hacerle saber que la compensación del SEPE es "una broma comparada con la del INSS" y han solicitado que se emprendan todas las acciones necesarias que consigan poner en valor lo que el Servicio Público Estatal de Empleo está realizado.
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