Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga general en Correos si mantiene el tijeretazo de 60 millones de euros que ha aplicado en la partida correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un recorte de un tercio respecto al año anterior.

CCOO, UGT, CSI-F y el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, organizaciones que componen el 85% de la representación sindical en la mayor empresa pública de España, han afirmado este martes que no descartan un paro total, además de movilizaciones regionales, si el Ejecutivo continúa recortando el presupuesto anual.

Denuncian que el presupuesto público que el Gobierno está obligado a inyectar en Correos por la Ley de Servicio Postal Universal se ha reducido prácticamente a la mitad en cinco años y que la tendencia es alarmante. En concreto, esta partida ha pasado de 279 millones de euros en 2015 a 120 para 2017. Unos recortes que ponen en peligro el derecho de los ciudadanos a recibir su correo, no tanto en la grandes ciudades, pero sí en los 8.000 núcleos de población pequeños de áreas rurales, donde hacer llegar el servicio es deficitario y, precisamente, para los que está contemplada esta partida en los PGE.

"La cantidad presupuestada es la aportación del Estado para cubrir el déficit que se genera por atender a estas poblaciones, a las que los servicios postales privados no quieren entrar porque no genera beneficios. Recortando esta partida se está devaluando el servicio, habrá cierres de oficinas y se estará discriminando a los ciudadanos por su lugar de residencia", critica Francisco Barrios, secretario del sector postal de Fes -UGT Madrid.

Según los sindicatos, el recorte, además de empeorar el servicio en regularidad y en extensión, también lastrará la cuenta de resultados de Correos y pondrá en riesgo que las personas reciban el correo cinco días a la semana. En algunos casos, será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia "porque el cartero ya no llegará a su domicilio, además de tener que recorrer varios kilómetros hasta su oficina más cercana al producirse el cierre de miles de ellas". "Hablamos de que 16 millones de ciudadanos españoles de pueblos medianos y pequeños no van a tener acceso al correo postal y de que habrá gente que tendrá que hacer 15 kilómetros para recoger un certificado importante", explica Sergio Mira, de CCOO Madrid.

Sin nuevo convenio colectivo

"Estamos abiertos al diálogo, pero, si no cesan los recortes habrá huelga", asegura José Ignacio Rico, presidente autonómico del Sector EPE (Entidades Públicas Estatales) del CSI-F en Madrid, quien critica que el Gobierno "siempre recorta de la misma forma, cargándose servicios públicos necesarios".

A este recorte hay que añadir, apuntan varias fuentes sindicales, que en los últimos diez años se hayan perdido 15.000 empleos en Correos debido a que no se han cumplido las reposiciones de personal y que han tenido que batallar para que Fomento se comprometiera a ofertar plazas tras una década sin hacerlo. De hecho, apuntan, el pasado 1 de junio ingresaron 1.600 trabajadores indefinidos en la empresa a nivel general, y Fomento y de la Sepi contemplan la oferta de otra 2.400 plazas en los próximos dos años.

No obstante, los trabajadores llevan casi cuatro años con una negociación bloqueada para un nuevo convenio colectivo y seis años de congelación y recorte salarial. Los sindicatos entienden que este nuevo recorte a la partida presupuestaria "estrecha más los márgenes" para logar un acuerdo salarial y en el convenio.

Las organizaciones sindicales han puestos esta situación en conocimiento del Ministerio de Fomento y de la Sepi, y critican que nadie les ha contestado a la carta que les enviaron hace más de una semana. La única respuesta que han tenido los sindicatos, que llevan tiempo advirtiendo de esta situación, fue el pasado 23 de mayo. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró en el Senado que estaba "absolutamente convencido" de que el servicio postal universal está "completamente garantizado" y que el recorte "no afectará ni a la calidad del servicio ni a los trabajadores". Durante la sesión de control del Senado al Gobierno, De la Serna justificó el tirejetazo "en la necesidad de contener el gasto y la deuda pública" e hizo hincapié en que "no todos los años tiene que ser la misma cuantía" la que el Gobierno destine a este derecho.