La decisión de la Comisión Europea de cerrar la pesca en 87 caladeros del Atlántico noreste para proteger sus ecosistemas ha dejado temblando y estupefacto a un sector del que viven miles de familias.

La medida afecta directa e indirectamente a más de medio millar de buques que dan empleo a más de 4.000 personas, la mayoría de ellas en las comunidades pesqueras del norte del Estado, especialmente en Galicia, donde se ha fraguado un inusual consenso político y social en torno al rechazo de lo que se considera una resolución injusta y desproporcionada.

El pasado 15 de septiembre, la Comisión anunció que a partir del próximo 9 de octubre prohibía la pesca por debajo de los 400 metros -en 2016 ya la prohibió definitivamente por debajo de los 800 metros- en "87 zonas sensibles" que comprenden una superficie total de más de 16.000 kilómetros cuadrados. Es decir, más de la que sumarían conjuntamente los territorios de las de las comunidades autónomas de Euskadi y Madrid.

En esas zonas, la flota española captura especies como merluza, rape, besugo y cigala, entre otras, con artes de fondo: redes de arrastre y enmalle, palangres (sedales con anzuelos), nasas y almadrabas.

El Ejecutivo comunitario dice basarse en "el asesoramiento" del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en sus siglas en inglés), que habría alertado del riesgo ecológico de esas artes para los ecosistemas de corales y esponjas.

"Estos cierres ofrecen una mayor protección para ayudar a restaurar los ecosistemas marinos vulnerables, como los arrecifes de coral de aguas frías, los montes marinos y los corales marinos en aguas profundas", asegura el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius.

Frente a esa tesis, los afectados aseguran que no existe informe alguno que fundamente ese supuesto daño ecológico, que hay artes como el palangre que no tienen afección alguna sobre los fondos de esos caladeros y que, además, la decisión se ha tomado sin tener en cuenta el impacto socioeconómico que tiene la medida.

La conselleira del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, explicó entre lágrimas la semana pasada en el Parlamento de Galicia que el cierre de esas zonas de pesca tendría un impacto negativo de 816 millones de euros y que podría llegar a afectar "a 200 barcos de capital gallego y a otros 900 de manera indirecta, a más de 4.400 tripulantes, alrededor del 40% del total en la comunidad".

Quintana, que lleva siendo conselleira de Pesca y do Mar desde el 2009, no pudo evitar emocionarse al recordar que las consecuencias el impacto se extiende a buena parte de la economía de la Galicia costera: "A las ventas en lonja, en los salarios de las tripulaciones y en la prestación de bienes y servicios, entre otros aspectos".

La responsable de Pesca del Gobierno de Alfonso Rueda subrayó además que en las áreas ahora acotadas "se venía pescando desde hace décadas, incluso siglos, sin que esa actividad afectara a los hábitats".

La Xunta ha anunciado su apoyo al recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE que ha anunciado el Gobierno español después de que la Comisión Europea rechazara la solicitud de España de suspender temporalmente la veda en los 87 caladeros.

El ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, ha mostrado su rechazo a la posición comunitaria y ha afirmado que, aunque España está a favor de la protección de los ecosistemas vulnerables, el reglamento contiene "graves errores que hacen que sea claramente nocivo para los intereses pesqueros de la flota española". Errores tanto en las formas como en el fondo.

Con respecto a las primeras, Planas considera que la consulta efectuada por Bruselas con el sector y los países afectados fue "insuficiente", y con respecto al fondo, que la prohibición va mucho más allá del informe del ICES y que afecta a artes de pesca que ni siquiera habían sido considerados en él.

Por su parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda denunció en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo las "graves e inadmisibles consecuencias" del veto a la pesca de fondo, se mostró "escandalizada" y alertó de que la medida había sido adoptada "sin un criterio científico actualizado" y sin tener en cuenta su impacto socioeconómico.

Además, anunció que había trasladado su denuncia a la Defensora del Pueblo Europea y pidió la dimisión del comisario de Pesca, a quien acusó de prevaricación por haber adoptado la decisión sin el obligatorio estudio de impacto económico.

Los afectados se temen además que la expulsión de la flota de fondo provoque problemas en otros caladeros, a donde tendrán que dirigir su actividad tras la veda decretada por Bruselas y donde ya faenan otros buques con los que tendrán que competir.

La unión del sector frente a la prohibición de la Comisión se puso de manifiesto este viernes en A Coruña, con representantes institucionales de diversos partidos, informa Europa Press. Entre ellos la alcaldesa socialista de la ciudad; el presidente de la Autoridad Portuaria, del PP; el delegado del Gobierno en Galicia y portavoces de empresas y trabajadores, que anunciaron que trabajan conjuntamente a nivel local, provincial, autonómico y estatal para presentar un recurso ante la Justicia europea.