Banco Santander y Andrea Orcel dirimirán sus diferencias ante el juez el próximo mes de marzo después de que las partes dijeran el lunes que no habían alcanzado un acuerdo extrajudicial sobre la retirada de una oferta de trabajo que hubiese convertido al banquero italiano en el consejero delegado (CEO, según la siglas del inglés chief executive officer) de la entidad.

Orcel, uno de los banqueros de inversión más famosos de Europa, pide al banco cántabro 112 millones de euros (126 millones de dólares) por presunto incumplimiento de contrato.

Le ofrecieron el puesto de consejero delegado del Santander en septiembre de 2018, pero el banco cambió de opinión en enero de 2019, alegando que no podía satisfacer las demandas salariales del que fuera jefe de la filial de banca de inversión de UBS, un giro de 180 grados nada frecuente en la contratación de directivos de tan alto perfil.

Los abogados de ambas partes, con mascarillas en una sala vacía para respetar las normas sanitarias de la pandemia de coronavirus, dijeron en una vista preliminar que no querían un acuerdo extrajudicial, según pudo ver un reportero de Reuters presente en el juzgado de primera instancia.

Esto significa que la disputa seguirá adelante bajo luz y taquígrafos, con el comienzo del juicio fijado para el 10 de marzo de 2021, dijo el juez.

La presidenta de Santander, Ana Botín, figura entre los testigos que declararán en el juicio a petición del equipo legal de Orcel.

Sin embargo Santander no ha solicitado que Orcel esté incluido en la lista de testigos, lo que significa que no hablará ante el juez, dijo un abogado del banco. El abogado de Orcel no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

José Miguel Fatás, abogado del Santander, dijo que no habían pedido que Orcel hablara en el juicio porque consideraban que lo que estaba en juego no eran los hechos sino cuestiones legales.

"Nuestra tesis es muy sencilla, hay una carta oferta que ellos dicen que es el contrato (de trabajo) y nosotros decimos que no es el contrato porque hay un elemento esencial de cualquier contrato que es la retribución", dijo Fatás a los periodistas tras la vista preliminar, que duró una hora.

El abogado de Orcel, Álvaro Remón, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la lista de testigos. Previamente, este había dicho ante el juez que lo que pedía su cliente era "el cumplimiento del contrato".

Remón añadió que Orcel también solicitaba una indemnización por daños morales por cuanto había significado para Orcel dejar su puesto de trabajo en UBS, el mayor banco de inversión suizo del mundo, por aceptar la oferta de Santander y verse luego en la calle.

¿Vinculante o no vinculante?

Buena parte del juicio girará en torno a si una carta de oferta es un contrato de trabajo vinculante. "¿Cuánta sustancia se puede sacar de esas dos palabras: contratación y nombramiento? Y ahí lo dejo", dijo el juez Javier Sánchez Beltrán al tribunal. 

Los términos de la oferta, revisados por Reuters, no estaban claros.

Santander prometió pagar "hasta" 35 millones de euros de un paquete de 55 millones de euros que Orcel debía recibir en años venideros de su empleador de entonces, el banco suizo UBS.

La carta decía que Orcel haría sus "mejores esfuerzos" para limitar ese coste para el Santander consiguiendo que el banco suizo contribuyera con parte del mismo. Pero UBS se negó y Orcel dijo que no aceptaría menos de 35 millones de euros.

Axel Weber, el presidente de UBS, donde Orcel trabajaba en ese momento, también será testigo en el juicio. UBS se negó a hacer comentarios. Orcel, que por entonces era el jefe del negocio de banca de inversión de UBS, presentó su renuncia al banco suizo cuando le ofrecieron el trabajo en el Santander.

Ni Orcel ni Botín estuvieron en el tribunal el lunes para la vista preliminar, que concluyó después de centrarse en aspectos técnicos como las pruebas procesales y los testigos que serían aceptados en el caso.

La disputa ha suscitado un enorme interés en la comunidad financiera, ya que las contrataciones y despidos de ejecutivos se realizan generalmente a puerta cerrada y los eventuales conflictos se resuelven en privado.

Debido a la epidemia de la covid-19, en la sala solo estuvieron presentes el juez, los equipos legales de ambas partes, el secretario del juzgado y un puñado de periodistas.