La jubilación a los 65 años se acaba en 2020, después de que, con la reforma que impulsó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de CiU y Coalición Canaria y que mantuvo el PP de Mariano Rajoy, la edad de retiro se haya retrasado un año en los últimos ocho antes de atrasarse otro más en los siete siguientes.

La reforma mantiene la jubilación a los 65 años cuando se han cotizado 38 y medio de ellos y establece que por debajo de esa carrera la edad mínima pasa a ser de 67, dos más que hasta 2012, con unas reglas que se aplican de manera progresiva y con una planificación que hace que 2020 sea el último ejercicio en el que es posible retirarse con menos de 66 años (65 y diez meses) si se han cotizado menos de 37.

A partir de 2021, la edad de jubilación será de 66 años para quien haya cotizado menos de 37 años y tres meses, mientras que para el retiro a los 65 será necesario sumar esa carrera de cotizaciones.

Tener cotizados 37 años a los 66, con el inicio de la edad laboral en los 16, implica haber trabajado tres cuartas partes de ese tramo de la vida, una exigencia que sube al 77% para quien curse un grado medio (dos años de duración), se eleva al 84% para quien termine un grado superior (antigua licenciatura) y se dispara al 88% si a esa formación se le añade un máster.

Se trata de unos márgenes de lagunas de cotización de once, siete y cinco años respectivamente que en las condiciones actuales del mercado laboral parecen, como poco, difíciles de alcanzar.

En ese escenario, la probabilidad de que alguien con estudios de posgrado pueda jubilarse a los 65 años en 2027, cuando la exigencia será de 38 y medio cotizados de 41 posibles, se reduce a la horquilla del portento al milagro, con una juventud a la que la precariedad y los bajos salarios fuerzan a optar entre refugiarse en los estudios, hasta entrada la treintena en muchos casos, o malvivir en empleos inestables entrando y saliendo del paro.

Cambios en el método para calcular la base reguladora

La Ley General de la Seguridad Social establece que para jubilarse es necesario tener cotizados un mínimo de quince años o 5.475 días y que dos de esos ejercicios estén “comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores” al retiro “o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar”.

Sin ese mínimo, el trabajador no alcanza el derecho a cobrar una pensión contributiva, que en este caso sería del 50% de la base reguladora.

A partir del 1 de enero, esa base reguladora se calcula (en días) dividiendo “por 322 las bases de cotización durante los 276 meses [23 años] inmediatamente anteriores al mes previo” a la jubilación, periodo que en los próximos dos años llegará al máximo legal de 25 años (300 divididos por 350) establecido en la reforma de 2011.

El cálculo de la pensión

Y a esa base reguladora se le aplican unos porcentajes que, para quien se jubile entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, serán del 0,21% por cada uno de los primeros 106 meses siguientes a esos primeros quince años, lo que da derecho a otro 22,26% de la base reguladora, y otro 0,19% para los cuarenta meses siguientes, lo que da derecho a llegar al 27,14% restante. Es decir, que a partir de este miércoles la pensión equivalente al 100% de la base reguladora se alcanza con 36 años cotizados.

Si alguien se retira anticipadamente antes de alcanzar la nueva edad mínima de jubilación, la cuantía de su pensión se ve reducida en las mismas cuantías que hasta ahora (hasta el 7,5% por cada año en el peor de los casos, con menos de 34 años cotizados), mientras que la prima alcanza el 4% por cada año de retraso si se tienen 37 cotizados de hacerlo tras haberlas superado.

La pensión media de jubilación fue en diciembre de 1.143 euros mensuales, según los datos del Ministerio de Trabajo, que apuntan a una revalorización del 19,8% en los siete años de vigencia que, desde principios de 2013, lleva la reforma. No obstante, las diferencias son enormes en función de los distintos regímenes de cotización, con unos subsidios en la minería (2.246 euros) que prácticamente duplican los 1.287 del régimen general y los 1.278 de los trabajadores del mar y cerca de triplicar los 764 de los autónomos.

El Gobierno anunció este viernes que las pensiones no se revalorizarán antes de la eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente y que la intención del ejecutivo en funciones es no utilizar el llamado “factor de sostenibilidad” que limita las subidas al 0,25% para aplicar un aumento del 0,9% en su lugar.