Mariano Rajoy ha legado a Pedro Sánchez una Seguridad Social en delicada situación. No sólo ha dejado tiritando el Fondo de Reserva, popularmente conocido como la hucha de las pensiones. También ha engordado de forma significativa la deuda que la Seguridad Social tenía con el Estado. Su política de empleo, basada en la precariedad y en los bajos salarios, y las bonificaciones a los empresarios han tenido mucho que ver en ello, junto con las elevadas tasas de paro.

Durante el mandato de Rajoy, las cuentas de la Seguridad Social experimentaron un vuelco histórico: en 2012, por primera vez en muchos años, las cotizaciones sociales fueron insuficientes para sufragar las pensiones contributivas. Ese desajuste ha persistido hasta ahora, acumulando una cifra superior a los 66.000 millones de euros al cierre de 2017, que ha causado sucesivos déficit al sistema para satisfacción de quienes llevan tiempo pronosticando su quiebra.

En líneas generales, con lo que cotizan trabajadores y empresarios se puede cubrir el gasto mensual en pensiones, pero no las pagas extras de julio y diciembre, ni las retenciones a cuenta del IRPF que en esos meses es obligado ingresar en Hacienda. De ahí que el Gobierno optara por la fórmula más fácil: recurrir al Fondo de Reserva, creado en 1997 como colchón para el momento concreto en que la jubilación de las generaciones del baby bom pusiera en un aprieto el equilibrio financiero de la Seguridad Social

Con ese objetivo, el Fondo fue recibiendo sucesivas aportaciones, hasta alcanzar los más de 60.000 millones que tenía cuando José Luis Rodríguez Zapatero dejó la Moncloa en diciembre de 2011, tras la contundente victoria electoral obtenida un mes antes por el PP. A partir de entonces, Rajoy fue sangrando la hucha año a año, a la vez que privaba a las pensiones del mecanismo de revalorización automática vinculado al IPC que históricamente habían disfrutado.

De esa forma, el presidente del Gobierno no sólo ponía en peligro las prestaciones futuras, que el Fondo debía preservar, sino que lo hacía además mientras socavaba el poder adquisitivo de los pensionistas actuales, cuyas economías estaban muy mermadas al haberse visto obligados muchos de ellos a ser el sostén de sus familias por culpa de la crisis y de las controvertidas decisiones políticas adoptadas so pretexto de hacerle frente.

Para evitar la devastadora imagen de una hucha vacía, Rajoy optó el año pasado por una vía diferente de financiación e hizo que el Estado concediera a la Seguridad Social un crédito de 10.192 millones de euros para pagar las pensiones. Aun así, hubo que echar mano del Fondo de Reserva, hasta dejarlo en los poco más de 8.000 millones con que está dotado en la actualidad.

Aquel crédito, sin intereses y con un plazo de amortización de diez años a contar desde éste, se suma a otros de la década de los noventa del siglo XX por importe de 17.168,6 millones de euros, todavía sin cancelar. Además, en los Presupuestos Generales de 2018, que se tramitan en el Senado, está previsto un nuevo préstamo de 15.524,6 millones para cubrir el déficit de la Seguridad Social.

En total, por lo tanto, la deuda del sistema público de pensiones ronda los 43.000 millones, a los que hay que restar los 8.000 que quedan en la hucha, lo que arroja un agujero de en torno a 35.000 millones de euros.

He ahí la pesada herencia que Rajoy deja a Pedro Sánchez en esta materia: una Seguridad Social en número rojos, con una deuda neta que asciende al 3,5% del PIB y con una situación muy difícil de levantar con los instrumentos utilizados hasta ahora.