El año pasado se sentaron en los consejos de administración del Ibex un total de 35 antiguos altos cargos de la Administración, la mayoría de los cuales continúan actualmente en ellos. Algunos no permanecieron en sus puestos durante el ejercicio completo, pero cobraron la parte correspondiente al tiempo en que los desempeñaron. En conjunto, esos 35 expolíticos se repartieron casi 22 millones de euros.

Los mejor retribuidos, con gran diferencia, fueron los que estaban al mando de sus sociedades, después de haber desarrollado una larga carrera empresarial, al margen ya de la política activa. Es el caso, por ejemplo, de Florentino Pérez, presidente de ACS, que cobró 6,3 millones de euros en 2019; de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol (3,9 millones), o de Antonio Llardén, presidente de Enagás (3,5).

Florentino Pérez fue delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, subdirector general en el Ministerio de Industria, director general en el de Transportes y presidente del IRYDA en el de Agricultura, siempre de la mano de UCD. Imaz fue concejal, eurodiputado, consejero vasco y presidente del PNV, y Llardén fue subsecretario de Obras Públicas con Felipe González.

En ese grupo de los mejor pagados que dejaron hace tiempo la política figura también José Lladó y Fernández Urrutia, ministro de Transportes con Adolfo Suárez y de Comercio con Leopoldo Calvo Sotelo. Lladó preside Técnicas Reunidas, una empresa de ingeniería y construcción de infraestructuras que contribuyó a fundar hace más de medio siglo. Su retribución ascendió el año pasado a 1.470.000 euros.

En 2019, disfrutaban de remuneraciones más bajas pero igualmente sustanciosas otros antiguos altos cargos, como Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero; David Vegara, secretario de Estado de Economía con el mismo presidente, o Belén Romana, directora general del Tesoro con José María Aznar y presidenta de la Sareb (el banco malo) con Mariano Rajoy.

Sevilla percibió 546.000 euros en su calidad de presidente de Red Eléctrica, cargo en el que ha sido relevado este año por la también exministra socialista Beatriz Corredor, tras su dimisión por supuestas discrepancias regulatorias con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Vegara, como consejero del Banco Sabadell, se embolsó 593.000 euros, y Romana, que forma parte del máximo órgano de gobierno del Banco Santander, 525.000.

Hay dos expolíticos que hacen doblete en los consejos de administración sociedades pertenecientes al Ibex: Miquel Roca, portavoz durante años de la Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados, que está en los de Endesa (276.000 euros) y ACS (120.000), y Cristina Garmendia, ministra de Ciencia y Tecnología con Zapatero, que pertenece a los de Mediaset (131.000) y CaixaBank (61.000).

El consejo con más antiguos altos cargos de la Administración es el de Enagás, que en 2019 tuvo siete, lo que la convierte en la empresa que más uso hace de las llamadas puertas giratorias. De esos siete, seis procedían de la órbita del PP: el consejero delegado, Marcelino Oreja Arburúa (1.654.000 euros), Antonio Hernández Mancha (160.000), Isabel Tocino (175.000), Ana Palacio (190.000), Ignacio Granjel (160.000) y Gonzalo Solana (127.000).

Recientemente se han incorporado a Enagás los socialistas José Montilla y José Blanco, así como Cristóbal José Gallegos, próximo a Podemos, cuyas retribuciones no se han hecho públicas aún.

Este último, sin embargo, ha anunciado su propósito de donar cada año el  "dinero suficiente" para que su principal fuente de ingresos siga siendo su sueldo de profesor contratado doctor en la Universidad Politécnica de Madrid.

Gallegos no había ocupado con anterioridad ningún cargo público, aunque había representado al partido de Pablo Iglesia en la comisión de expertos que asesoró al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de transición energética.