"Dejar caer esta medida supondrá una oleada de desahucios". Los sindicatos de inquilinas de Madrid y Catalunya advierten de las consecuencias del fin que ha decretado el Gobierno para las prórrogas extraordinarias durante seis meses de los contratos de alquiler que finalizaban antes del 30 de junio.

Fue una de las medidas que el Ejecutivo aprobó el pasado diciembre dentro del paquete de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, cuando la inflación comenzó a repuntar con fuerza.

El objetivo era "evitar aumentos abusivos de los precios del alquiler" a la hora de firmar nuevos contratos y, según los activistas, había dado cierto respiro a miles de inquilinos que temían una fuerte subida del precio o, directamente, que no les renovaran sus contratos. Es lo que se conoce como "desahucio invisible", una mudanza forzosa para que el inquilino sustituto pague un alquiler más alto. Ha sido una práctica muy habitual en estos últimos seis o siete años de burbuja desbocada en ciudades grandes o turísticas.

La medida permitía al inquilino solicitar una prórroga del contrato durante seis meses y el casero tenía que aceptarla. Pero este salvavidas temporal se ha quedado fuera de la ampliación aprobada en el Consejo de Ministros del martes, en la que sí se ha prorrogado la suspensión de desahucios de familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.

"A partir del 30 de junio habrá muchos hogares que quedarán expuestos a subidas abusivas de precios o a no renovaciones de sus alquileres. Volvemos a esa locura especulativa sin control que ya vivimos en 2019", explica a Público Sílvia Abadía, del Sindicat de Llogateres de Catalunya, que puntualiza que durante la pandemia también se concedieron prórrogas extraordinarias a los contratos a punto de finalizar.

"Llevamos unos tres años de cierta tranquilidad. Estas prórrogas han paliado temporalmente las prácticas de muchos caseros –tanto fondos de inversión como grandes y pequeños propietarios– que aprovechan el final de los contratos para imponer aumentos de entre 30% o el 40% del precio o para expulsar a sus inquilinos y alquilar el inmueble a otras personas mucho más caro", recuerda Abadía.

Sin ley de vivienda 

Los sindicatos de inquilinas no ven "comprensible" que "Sánchez haya hecho caer esta medida de urgencia" que consideran "necesaria". "La situación inflacionaria continúa afectando a los precios del alquiler, mientras vemos que las medidas como el Código de Buenas Prácticas para hipotecas se mantienen", critican los activistas. Lo ven como una "cesión" del Gobierno a la "patronal inmobiliaria".

También ha generado críticas en Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición. "Con la derecha y ultraderecha gobernando en la mayoría de las Comunidades Autónomas y en rebeldía contra la ley de vivienda esto es un error garrafal", ha asegurado en Twitter la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra.

Abadía recuerda que la aplicación de esta ley, que permite limitar la subida de los alquileres, se aplica por decisión de las comunidades autónomas y, por el momento, solo Catalunya ha iniciado los trámites para declarar zonas de precio tensionado y aplicar la contención de rentas. Tras la derrota electoral de la izquierda en las pasadas elecciones. Es la única comunidad en la que, previsiblemente, se aplicará el tope a los alquileres.

Pero ni siquiera este territorio llegará a tiempo para evitar aumentos drásticos este verano. El proceso de activación de las zonas tensionadas tiene unos plazos inciertos en el que hay que aportar documentación y realizar estudios para confirmar que se dan los requisitos para declararla en ciudades, barrios o distritos. "No vemos coherencia legislativa", recriminan los sindicatos de inquilinas a la parte socialista.

"Frente a esta situación de total desprotección, los sindicatos seguiremos organizando a los inquilinos e implementando la estrategia de desobediencia civil Nos Quedamos para garantizar el derecho a la vivienda de miles de hogares", aseguran los sindicatos.