Los privilegios de la bancaHacienda entrega 1.300 millones a la banca por un 'regalo' de Rajoy

Ha vuelto a ocurrir: la banca española acaba de recibir 1.333 millones de euros en devoluciones de la Agencia Tributaria por los llamados ‘activos fiscales diferidos’ (DTA por sus siglas en inglés), una figura instaurada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y reformada en 2016, en ambos casos con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro como ministros de Economía y de Hacienda.

La Agencia Tributaria lo explica en su último Informe Mensual de Recaudación, correspondiente al mes de octubre y publicado este jueves: "En octubre se añaden, fundamentalmente, los impactos de nuevas devoluciones extraordinarias (…) ligadas a los activos fiscales diferidos (DTA, en inglés) y realizadas mediante compensación del pago fraccionado" del Impuesto de Sociedades por esa cuantía, señala el documento, que las cifra en 1.333.

Resulta llamativo cómo la aplicación de esa figura provoca "la caída de los ingresos" en el conjunto de este tributo aunque, en realidad, ese fenómeno únicamente se da en los llamados "grupos consolidados", a los que en este caso se les añade la circunstancia de que varios de ellos no han repetido los "extraordinarios" resultados del tramo central del año pasado.

Estos pasan de haber aportado 8.596 millones en el mismo pago del año pasado a solo 6.609, mientras la recaudación prácticamente se mantiene en el resto de grandes empresas (3.826 en 2019, 3.926 en 2018) y crece entre las pymes (1.344, 183 más).

La aplicación de reglas como la que afecta a los DTA es una de las causas de las dispares presiones fiscales que conlleva el Impuesto de Sociedades en función del tamaño de la empresa y de si esta forma o no parte de un grupo, algo que, salvo en el caso de las firmas instrumentales y sin asalariados, garantiza los tipos efectivos más bajos, a menudo hasta tres veces inferiores a los que soportan las sociedades independientes.

¿Qué son los ‘activos fiscales diferidos’ o DTA?

Básicamente, se trata de una de las decisiones tributarias con las que los gobiernos de Mariano Rajoy complementaron en 2013 por la vía del decreto el costoso rescate bancario que había comenzado un año antes, y cuyo agujero supera hoy los 73.000 millones de euros.

Consisten en ir anotando y acumulando, como descuentos pendientes de aplicar a futuras liquidaciones del Impuesto de Sociedades, las provisiones por créditos fallidos y por el deterioro de activos por la caída de su valoración, además de las aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados y el gasto en prejubilaciones, cifras que en el caso de la banca y en España se añaden a los ‘activos fiscales diferidos’ propiamente dichos, que son las bases tributarias negativas de años anteriores por haber tenido pérdidas.

Las empresas, en este caso las financieras, anotan como activos en el balance esas cantidades, para cuya aplicación disponen de 18 años. Lo hacen mediante la llamada "monetización", que no deja de ser más que una operación contable en la que esas cifras van transformándose en gastos aunque en la práctica equivale a su conversión en moneda, que es en lo que se transforman.

Llegados a ese punto, se pasan al cobro a Hacienda antes de que hayan pasado esos 18 años y se reclama su compensación como devolución (se restan de los beneficios por los que sí hay que pagar) en uno de los tres pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, normalmente el de octubre, que se realizan al cabo del año. "Compensan los pagos fraccionados de ese tributo con DTA y recuperan su valor contable como dinero líquido", explican fuentes de la Agencia Tributaria.

Más de 65.000 millones en DTA

¿La posibilidad de realizar operaciones de ese tipo, que se añade a la de incluir los DTA en el balance a efectos de aparentar una mayor solvencia, supone un privilegio para la banca? Obviamente, sí; por mucho que en el otro plato de la balanza se coloquen las eventuales consecuencias que para el sistema económico español tendría el colapso de su pata bancaria.

Una información de El País con datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) cifraba en 98.963 millones de euros los activos fiscales diferidos que acumulaban a mediados del año pasado las 35 empresas que cotizan en el Íbex. Dos terceras partes de ellos, 65.436 millones, estaban en manos de bancos: Santander con 23.209, BBVA con 14.724, Bankia con 10.530 y CaixaBank con 10.254 ocupan los cuatro primeros puestos, a los que se suma Sabadell con 6.531 en el sexto y, ya en el vigesimosegundo, Bankinter con 188.

Los gobiernos de Rajoy acabaron gravando los DTA, cuyo volumen desgravable para la banca cifran distintos estudios entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros a descontar entre 2013 y 2031, con un impuesto ante los recelos de la Comisión Europea, que los consideraba una ayuda económica de Estado.

Ese pago, que también puede interpretarse como un descuento a los descuentos y que fue instaurado con los Presupuestos Generales del Estado de 2016, recauda unos 400 millones al año, menos de la tercera parte de lo que los bancos han recuperado solo en este.

Los paraísos fiscales

Los datos de recaudación de la Agencia Tributaria referentes al mes de octubre, con la cuantificación de los pagos por DTA, se han conocido la misma semana que ese organismo hacía público su Informe País por País, en el que explica, con datos de 2016, la presión fiscal que efectivamente soportan los 134 grupos multinacionales con sede en España.

El informe permite constatar la escasa aportación que esas firmas realizan a las haciendas de los países en los que operan, ya que los impuestos pagados por los 91.849 millones de euros de beneficio de ese año ascendieron a 11.594, lo que supone un tipo efectivo medio del 12,6%. Esa misma tabla indica cómo casi la mitad de esas ganancias, 45.049 millones obtenidos por 43 de esas empresas, tributaron únicamente 1.214, lo que reduce la presión al 2,6%.

El tipo efectivo resulta más elevado si en lugar de los impuestos pagados se atiende a los devengados, que son los que en principio les correspondería pagar aunque eso no haya ocurrido por no haber vencido los plazos o por estar en litigios. En ese caso, la presión fiscal se eleva al 15,5% con 14.260 millones, 2.666 menos que los desembolsados.