El presidente de Castor niega toda vinculación entre las inyecciones de gas y los seísmos ocurridos en 2013

El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, ha negado este lunes la existencia de cualquier relación entre los seísmos registrados frente a las costas de Vinaròs y la actividad de la planta Castor y, según fuentes de la acusación popular, ha dicho que los mismos se corresponden con una "sismicidad natural".

Así lo ha asegurado a los medios el representante de la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, Jorge Casal, tras la declaración de del Potro ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que investiga supuestas irregularidades en las autorizaciones para la implantación de la planta Castor.

Del Potro ha declarado en calidad de imputado ante el juzgado como responsable de la empresa explotadora de la planta y ha declinado hacer declaraciones a su salida, donde ha sido recibidos con pitos por parte de una veintena de miembros de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.

Según el letrado de Arca Ibérica, del Potro ha puesto además en entredicho los informes del Instituto Geológico Minero de España, que tras los seísmos vincularon directamente la actividad de inyección de gas con los más de 300 seísmos producidos en septiembre 2013.

Para el responsable de Escal, controlada por ACS, los técnicos del IMGE evaluaron "erróneamente" los datos porque, a su juicio confundieron el caudal de la inyección con el volumen.

Es más, Recaredo del Potro ha asegurado en el juzgado que los seísmos registrados frente a las costas de Vinaròs se debieron a una "sismicidad natural", una "coincidencia en el tiempo entre los movimientos sísmicos y la actividad de inyección de gas", según la acusación popular.

Ha "eludido cualquier tipo de responsabilidad de la empresa", ya que desde el primer momento la mercantil "hizo los estudios de sismología que le habían requerido de forma exhaustiva".

El responsable de Escal ha asegurado ante el juez que los estudios que barajaban "se centraban única y exclusivamente en la falla de Amposta" y ha recalcado además que "no podían tener conocimiento de la existencia de otras fallas", explican las mismas fuentes.

En cuanto a la repercusión de la actividad de inyección, del Potro ha manifestado que "la aportación de gas a la energía que desplegaban los seísmos era de una milésima parte, por lo tanto mínima y nada que ver" con ellos.

Recaredo del Potro ha sostenido en su interrogatorio como imputado que había un "perfecto conocimiento" de todos los movimientos por parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta Sísmica, cuyo director le dijo que "por la magnitud e intensidad de los seismos no había el más mínimo riesgo para las personas".

Ha subrayado que la intensidad que registraron los seísmos, que se situaron en torno a los 3 grados en la escala Richter, "excluye cualquier tipo de riesgo para las personas" y que los temblores percibidos en las costas castellonenses fueron "equivalente a las vibraciones que experimenta la fachada de un edificio cuando pasa un camión por delante".

Las únicas medidas, según él, que se llevaron a cabo cuando se produjeron los primeros seísmos fue "el seguimiento de los mismos, la comunicación al ministerio y a la red nacional de alerta sísmica y nada más".

Según el directivo de Escal, "en ningún momento cesó la actividad" de la empresa, que se mantuvo hasta el 16 de septiembre de 2013 "cuando cesó como estaba programado, sin recibir indicación ni instrucción alguna".

Por su parte la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha anunciado que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para pedir "la suspensión de los efectos perjudiciales que supondrá la entrada en vigor de la repercusión tarifaria que impone en Real Decreto de indemnización a favor del proyecto y de Escal".

La planta de almacenamiento de gas Castor iba a ser instalada en las costas catalanas pero la empresa optó por desplazarla frente a Castellón, en la Comunidad Valenciana. Comenzó a operar el 2 de septiembre de 2013 y, nada más iniciar sus actividades, se produjeron una escalada de mil terremotos que sembró la alarma social. Los terremotos cesaron cuando cesó la actividad de la planta.

Un informe del 26 de octubre de 2005 había alertado de los riesgos de seísmo frente a las costas de Castellón en caso de instalación de un depósito artificial de gas. El documento fue elaborado por el Observatori de l'Ebre, una institución en la que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Ramón Llull.

Dos años más tarde, en 2007, Florentino Pérez y su empresa basaron su solicitud de concesión con el estudio en profundidad de una falla, la falla Amposta, donde se almacenaría el gas. Pero los estudios no tuvieron en cuenta otras fallas menores -la 'Castor' y la 'Montsia'-, que es donde precisamente se registraron los terremotos, según determinó una investigación internacional.

Por si fuera poco, el contrato firmado entre la empresa y el Estado fue leonino para la administración pública, a la vista del Real Decreto 855/2008 que concede la concesión: prevía una indemnización incluso en el caso de cese de la actividad por dolo o negligencia por parte de la compañía de Florentino Pérez. El Tribunal Supremo dictó una sentencia el 14 de octubre de 2013, donde dejó claro que ese Real Decreto contiene "una previsión genérica de compensación por el valor residual" y que una posible indemnización dependería de las causas del fin de la concesión.

La empresa no necesitó recurrir a la vía judicial por cerrar su planta. El Gobierno del Partido Popular 'indemnizó' con 1.350 millones de euros a Escal UGS. De forma nunca vista, el pago se aprobó por medio de un Real Decreto, del 3 de octubre de 2014, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Pero el fiasco costará a los consumidores españoles mucho más dinero. En concreto, 4.731 millones ya que la 'indemnización' se ha convertido en deuda que se cargará en la factura de gas con un tipo de interés del 4,27% a 30 años.

La construcción de la plataforma Castor costó 500 millones de euros, financiación obtenida por Escal UGS con la garantía del Banco Europeo de Inversiones. De ellos, 300 millones fueron aportados por el propio BEI y 200 millones a través de líneas de crédito firmados con Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y Société Générale.

La empresa promotora -Escal UGS, controlada por ACS- tenía 10 trabajadores en el momento en recibir los 500 millones del BEI, 25 directivos y un capital social de 5,5 millones de euros.

El 11 de noviembre de 2014, la empresa Escal UGS cobró la totalidad de los 1.350 millones de euros. Si el Gobierno no lo hubiera hecho, ACS hubiera sido responsable ante los inversores del proyecto.

Enagás Transporte -gestora del sistema gasístico español- ha cedido a los derechos de cobro a Santander, Bankia y Caixabank. El pago será cargado a los consumidores españoles de gas en los próximos 30 años. La factura: 4.731 millones de euros.