Actos Jurídicos DocumentadosPodemos se querella por prevaricación contra presidente de la Sala del Supremo que frenó el fallo del impuesto de las hipotecas

Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a la banca. La diputada del partido morado y vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo, ha anunciado la decisión de Podemos al considerar al juez del Supremo "responsable del delito de prevaricación" al instar la revisión de la doctrina consolidada por la que corresponde a los bancos y no a los clientes pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de préstamos hipotecarios.

Elizo ha explicado en los pasillos del Congreso que desde el partido no están "de acuerdo" con "el trámite asumido" por el juez, ni con "las razones que pretenden justificar" para la reconsideración de la sentencia. "La revocación de una sentencia firme es una situación anómala y creemos que no se contempla jurídicamente. Hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad de esta decisión y consideramos que por el bien de la ciudadanía y de la independencia judicial se debe investigar el por qué de esta decisión tan extraordinaria", ha denunciado la diputada.  

La diputada también ha criticado por Twitter, cuando ha anunciado la querella, que no se puede permitir que "la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos". En ese sentido, Elizo también ha alegado que "sorprende" que el viernes Díaz-Picazo decidiera en "una situación totalmente novedosa" avocar al pleno: "En este cúmulo de circunstancias, nos llama la atención la gran bajada en bolsa de la banca del jueves por la resolución y que el viernes, cuando todavía está en transición la toma de decisiones, los valores en bolsa de la banca suban de forma estrepitosa".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Público, el partido reclama que se paralice el pleno convocado para el día 5 de noviembre, en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca. El partido morado considera que Díez-Picazo obró con "un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española" y en perjuicio de "los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras". De forma que su actuación atenta contra la independencia judicial y beneficia "de forma especial y particular" al sistema financiero. 

Elizo también ha criticado que Díez-Picazo trabajara, hasta hace unos meses, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria: "No podemos pasar estas cuestiones como irrelevantes. Esto repercute en la limpieza de su toma de decisiones".