@vicente_clavero

MADRID.- Los consumidores no sólo estamos pagando estos días la luz al precio más alto de la historia. También tenemos una deuda acumulada con las eléctricas de 23.000 millones de euros en números redondos, que hay que pagar año a año.

Es el montante actual del llamado déficit de tarifa, un artificio creado en tiempos de José María Aznar para evitar que la inflación dificultara la entrada de España en el euro. Si se dividen esos 23.000 millones por el volumen de población, resulta una deuda por habitante superior a los 500 euros.

El déficit de tarifa, puesto en marcha por Rodrigo Rato cuando era vicepresidente del Gobierno, es la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las eléctricas y lo que pagan los consumidores. En teoría, si los precios fueran libres, no tendría por qué haber diferencia, ya que los proveedores trasladarían todos sus costes al recibo de la luz. Sin embargo, en 2002 se prohibió que las tarifas subieran más que el IPC, bajo promesa de compensar a las compañías cuando las circunstancias lo permitieran.
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Durante años, también bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el déficit de tarifa fue creciendo como una bola de nieve, hasta acercarse en 2013 a los 30.000 millones de euros. Entonces, siendo ministro de Industria José Manuel Soria y secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, se introdujo una reforma del sistema eléctrico que permitió invertir la tendencia. Como consecuencia de ello, durante 2014, 2015 y 2016 hubo sucesivos superávit, que se destinaron a cubrir parte del déficit acumulado.

En 2015 y 2016, la reducción fue de 1.900 millones de euros anuales, lo cual significa que, a ese ritmo, haría falta más de una década para acabar con el agujero, siempre que entretanto no se produjera ningún sobresalto.

Mientras, los consumidores seguirían pagando todos los meses un poco más de los derechos de cobro reconocido a las eléctricas, aparte de seguir avalando los títulos de deuda emitidos por ellas para financiar el agujero, que cuentan con la garantía del Estado y generan unos intereses de 900 millones al año.

De todas formas, los costes de la energía son sólo una parte del recibo de la luz, en el que se cargan también los derivados de la distribución, el transporte, la moratoria nuclear, el fomento de las energías renovables y las compensaciones por el suministro extrapeninsular, así como los impuestos. Eso explica que España sea uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea, sin desdeñar los efectos de un sistema oligopolístico de fijación de precios, donde no reina precisamente la transparencia.