La pensión media de los funcionarios duplica la del resto de los asalariados

Casi medio millón de funcionarios del Estado jubilados perciben sus pensiones a través del régimen de Clases Pasivas, en vez de a través del Régimen General de la Seguridad Social, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. La pertenencia a Clases Pasivas les proporciona algunas ventajas importantes, entre ellas la posibilidad de poner fin antes a su vida laboral, siempre y cuando lleven un número mínimo de años de servicio.

En 2011, este régimen fue declarado en extinción y, desde entonces, todas las personas que adquieren la condición de funcionarios del Estado pasan a cotizar directamente al Régimen General, como la inmensa mayoría de los asalariados. Los funcionarios de la administración local y autonómica (salvo que trabajasen previamente en un servicio transferido) también pertenecen al Régimen General.

La nómina de mayo de Clases Pasivas ascendió a 1.123,1 millones de euros, incluyendo las pensiones de los jubilados civiles, de los miembros de las Fuerzas Armadas ya retirados y de otros variopintos colectivos que han sido puestos bajo ese paraguas a lo largo de los años, como los militares no profesionales de la Segunda República que aún viven, las familias de los fallecidos o mutilados en guerra, las víctimas del terrorismo o los afectados por el VIH.

En total, Clases Pasivas pagó en mayo 646.409 pensiones, de las que 445.636 eran estrictamente de jubilación. Éstas, en concreto, costaron 951,8 millones, lo que arroja una cifra per cápita de 2.136 euros mensuales, muy por encima de los 1.137,71 euros de la pensión media de jubilación del Régimen General. La continuidad laboral que tienen garantizada los funcionarios, la existencia de cuerpos que exigen una alta cualificación y por ello están mejor pagados, así como una gestión autónoma de la Seguridad Social explican tan notable diferencia.

Los funcionarios encuadrados en las Clases Pasivas tienen que jubilarse a los 65 años, con la excepción de los magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, profesores universitarios y registradores de la propiedad anteriores a 2015, que pueden alargar su actividad hasta los 70. Pero cabe la posibilidad de anticipar la jubilación a los 60 si se tienen reconocidos al menos 30 años de servicio al Estado, salvo el personal de las Cortes Generales, que debe llevar 35.

Para el resto de los asalariados, el momento de la jubilación depende de la edad y de las cotizaciones acumuladas. Actualmente, con carácter general, puede solicitarse a partir de los 65 años y ocho meses, pero la edad irá creciendo paulatinamente hasta llegar a los 67 en 2027. Si se cumplen ciertos periodos de cotización, el fin de la vida laboral puede adelantarse.

Otra ventaja del sistema de protección social de los funcionarios es el llamado MUFACE, una mutualidad que proporciona servicios sanitarios a sus afiliados (alrededor de un millón y medio de personas) a través del proveedor privado que cada uno de ellos elija dentro de un grupo predeterminado. MUFACE también está en extinción desde 2011.