El apartado del acuerdo entre el PSOE y ERC para la nueva investidura del presidente Pedro Sánchez que se refiere a la condonación de una parte de la deuda pública de la Generalitat catalana ha levantado en los ámbitos mediático y partidista un alboroto de la intensidad que habitualmente acompaña en ellos a los movimientos de cierto calado.

Esa arraigada tradición en la inmensa mayoría de los medios de comunicación y la práctica totalidad de los partidos políticos españoles impide, o cuando menos dificulta, la comprensión previa al debate que para un lector medio requieren tres párrafos en los que, entre otros, se entremezclan términos como “FLA”, “mecanismos de liquidez”, “ciclo económico”, “deuda viva” y “endeudamiento con terceros”.

Algo similar ocurre con la contextualización y la prospección de esos tres párrafos, que remite a la accidentada historia de la siempre fallida financiación autonómica y a los trabajos desarrollados en los últimos años para tratar de actualizarla más que al también históricamente alborotado debate sobre impuestos y competencias territoriales.

¿Qué es lo que han pactado el PSOE y ERC?

El acuerdo tiene dos componentes, uno de ellos concreto que le supondrá a la Generalitat de Catalunya la condonación “del entorno del 20%” de su deuda pública cuyo titular es el Estado a través de “los mecanismos de liquidez estatales”, lo que equivale a una rebaja de “unos 15.000 millones” en el principal y otra de “en torno a 1.300” anuales en intereses.

El otro, más genérico, avanza uno de los marcos de referencia de la negociación del futuro sistema de financiación autonómico al recoger el compromiso de “tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común” que “permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este” que en su día fue causada por “el impacto negativo del ciclo económico”.

¿Y eso qué consecuencias prácticas tiene?

En el caso de la Generalitat, que esta dejará de responsabilizarse de más de 14.000 millones de euros de endeudamiento en cuya contratación ha actuado el Gobierno central como proveedor en la última década: no deberá ‘devolvérselos’ ni tendrá que pagar los intereses que iban a seguir devengando anualmente hasta su amortización.

Para el resto de comunidades del régimen común la aceptación de este formato abriría un proceso para determinar “qué parte del incremento de deuda” pública contraída a partir de 2012 y contratada a través de “los mecanismos de liquidez” estatales “obedece al impacto del ciclo”.

¿Qué con los “mecanismos de liquidez”?

En lo que afecta a este acuerdo, se concentran en el FLA o Fondo de Liquidez Autonómica, un instrumento habilitado en 2012 por el Gobierno central, entonces en manos del PP de Mariano Rajoy, que pasaba a actuar de intermediario para, en plena crisis de la deuda y de las primas de riesgo, facilitar a las comunidades autónomas el acceso a una financiación que quedaba fuera de su alcance en muchos casos ante el deterioro de sus calificaciones, es decir, de la confianza en que fueran a devolver esos préstamos.

El mecanismo, que sigue funcionando 11 años después y cuya continuidad “como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado” está contemplada en el acuerdo, consiste en que el Estado coloca deuda pública, queda como titular formal de la misma frente a sus acreedores y cede esos valores a las comunidades autónomas que lo solicitan, que a partir de entonces quedan obligadas a devolver el principal y a cubrir los intereses.

¿Cuánto dinero ha canalizado el FLA?

Los últimos datos cifran en 187.027 millones de euros la cantidad de deuda pública autonómica de la que es titular la Administración central, lo que, según los datos del Banco de España, supone un 57,1% del total de la deuda de las comunidades, que asciende a 327.346, y un 67,8% de los 275.597 que suman las 14 que se han ido acogiendo al FLA.

En esa lista aparecen todas salvo las dos forales (Euskadi y Navarra) por disponer de un sistema propio y Madrid, en este caso por decisiones políticas encadenadas durante más de una década.

La participación de esos gobiernos autonómicos en el FLA ha sido dispar, con tres usuarios especialmente destacados en Catalunya, que alcanza los 71.852 millones de euros, País Valencià con 46.274 y Andalucía con 25.276.

Más alejados se encuentran los grupos de Castilla-La Mancha (11.069) y Murcia (9.762) y de Aragón (4.940) y Baleares (4.828), con el resto, salvo Cantabria (3.100), por debajo de los 3.000 millones de euros de endeudamiento a través del FLA.

¿Cuáles son las expectativas de condonación?

Dependerá de la redacción final de esa “modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común”, aunque sí es posible realizar una estimación a partir del 20% que PSOE y ERC han pactado condonar a la Generalitat.

Ese cálculo arroja un resultado de 22.081 millones de euros de principal y 1.976 de intereses anuales hasta que concluya la amortización, con un reparto que también incluye amplias diferencias entre los distintos gobiernos.

El gran beneficiado por detrás de la Generalitat catalana sería la valenciana, que se libraría de 9.254 millones de principal y de otros 796 de intereses anuales, seguidas ambas por la Junta de Andalucía, que vería condonados 5.055  y tendría una rebaja de 434 en su carga financiera anual.

Del resto, solo Castilla-La Mancha y Murcia, con 2.213 y 1.952 millones de euros amortizables en esa escala, más 190 y 168 de intereses anuales, superarían los mil millones, cifra a la que se acercan Aragón (988 y 85) y Baleares (965 y 83).

¿Y qué pasa con Madrid, que nunca se ha acogido al FLA?

El acuerdo entre socialistas y republicanos incluye una referencia que parece prevista para que las comunidades que menos recurrieron al FLA, y especialmente Madrid, la cuarta comunidad más endeudada de España (a menos de 500 millones de Andalucía), puedan ser destinatarias de ayudas dirigidas a reducir su deuda pública y la carga financiera que esta les genera.

Concretamente, el acuerdo incluye la posibilidad de acudir “a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”.

¿Esto de perdonar deuda es nuevo?

Para nada. De hecho, en tiempos de Mariano Rajoy fue relativamente frecuente que el Estado acabara asumiendo los intereses que deberían haber cubierto las comunidades autónomas. Eliminar esa carga financiera, intensa por lo elevado de la prima de riesgo española, reducía las estrecheces que atravesaron hasta que la actividad fue recuperándose a finales de la pasada década.

Aquellas medidas guardan cierto paralelismo con la propuesta que recoge el pacto PSOE-ERC desde el momento en el que se produce en un momento en el que las subidas de tipos del BCE (Banco Central Europeo) están teniendo sobre ese flanco de las finanzas públicas efectos similares.

¿Qué opinan los expertos?

“La medida me parece improvisada y poco justificada”, señala Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza, quien considera que “los fundamentos de la medida (que pudiera estar justificada) y la forma de aplicarla deberían ser diferentes” cuando se centran en los efectos del ciclo económico. “El ciclo económico no es una razón suficiente. Para eso está la deuda, para adaptarse al ciclo económico”, añade.

Coincide con Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), para quien esa argumentación “es muy peregrina, no tiene mucho sentido. Además, condonar deuda es muy mala idea. Las comunidades autónomas pueden pensar que pueden gastar más de la cuenta porque les van a rescatar, y eso tiene efectos negativos para la disciplina fiscal”.

No obstante, añade, “puestos a pensar en perdonar deuda, a lo mejor tendría más sentido compensar a la que ha sido provocada por una infrafinanciación acumulada, ya que una de las causas para contratar deuda es la insuficiencia de recursos, aunque esa no es la situación de Catalunya ni tampoco la de Madrid”.

Esa infrafinanciación se concentra, según indican los estudios de Fedea, en el País Valencià, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que son, por otro lado, las comunidades que más han recurrido al FLA por detrás de Catalunya.

En el extremo contrario se ubican Cantabria, La Rioja y Extremadura, cuyos ingresos del sistema de financiación autonómica resultan superiores a la media, además de las forales Euskadi y Navarra.

¿El acuerdo ofrece interpretaciones políticas?

Para dar y vender, visto el grado de inflamación que desde hace unos años presentan los discursos de la escena política, aunque sus habituales emisores llevan ya un par de días pasando de puntillas por algunos como que se trata de una de las primeras medidas de ámbito económico en un entorno vinculado al procés independentista catalán, cuyo desencadenante se halla en la reclamación de más recursos por la Generalitar en tiempos de Artur Mas y Mariano Rajoy; que abre una brecha entre los posicionamientos de las comunidades del PP, por sus diferentes intereses, o que supone desvelar una de las piezas sobre las que, si Pedro Sánchez resulta de nuevo investido, puede girar el nuevo sistema de financiación autonómica.

¿Cómo han reaccionado los presidentes autonómicos?

Las primeras reacciones se enmarcan más en las militancias partidistas que en los intereses territoriales, al menos entre las filas del PP.

Así, el andaluz Moreno Bonilla insistió, soflamas al margen, en su reclamación de “recuperar los 15.000 millones que Andalucía ha perdido con el actual sistema de financiación autonómica” y en pedir la condonación de 17.800 millones al mismo tiempo que sostenía que su comunidad “está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas.

Mientras tanto, el valenciano Carlos Mazón, que ya venía apuntando antes del acuerdo entre socialistas y republicanos que "si a alguien se le ocurre condonar un solo céntimo a quien sea tiene que empezar por la Comunitat Valenciana, y a partir de ahí, hablamos", aseguró tener “las peores perspectivas con este pacto”.

¿Y los que no gobiernan comunidades?

El BNG ha sido una de las primeras formaciones en explorar, dentro de las negociaciones para la investidura, las posibilidades de aplicar en Galicia el modelo de Catalunya.

¿Y el Gobierno?

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, aseguró este viernes que la condonación de deuda a las comunidades autónomas "no afectará a la posición de España en los mercados financieros" al tratarse de una transferencia entre administraciones, informa Europa Press.

“Me ha sorprendido la reacción tan rápida que han tenido algunas comunidades autónomas que, precisamente, arrastran un enorme volumen de deuda pública desde hace décadas, que viene lastrando y dificultando su vuelta a la disciplina de los mercados financieros”, señaló la ministra, que remarcó que “este tipo de acciones a lo que lo que se orientan es justamente a que vuelvan cuanto antes a la disciplina de los mercados financieros".

Calviño sostuvo que está garantizada "la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas", ya que la decisión de condonar deuda será "extensible" a las gobernadas por el PP.