El Gobierno y Unidos Podemos han acordado garantizar la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) en 2018 y 2019 y que las pensiones mínimas y no contributivas suban un 3 % en 2019, según el pacto presupuestario firmado este viernes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa.

De esta forma, en 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de inflación (el 1,6%), con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación de la inflación a finales de año, igual que sucederá en este ejercicio. Par ello, , Gobierno y Unidos Podemos han acordado incorporar a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real.

Así, si la inflación del mes de diciembre supera el 1,6 %, que es la revalorización de las pensiones aplicada este año, se abonará una paga compensatoria para cubrir esa desviación, lo que tendrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros.

Además, la subida de la pensión mínima en 2019 tendrá un coste de 384 millones de euros. El acuerdo señala que "hay que sentar las bases" para avanzar con el objetivo de que, "con el tiempo", las pensiones mínimas alcancen el 60 % del salario medio y las no contributivas, el 60 % de la renta mediana. 

También en materia de Seguridad Social, se incorporarán dos nuevos tramos de cotización en 2019 en el sistema especial de empleadas de hogar como paso previo a una plena integración en el Régimen General, que no podrá demorarse más allá de 2021.

Igualmente y para garantizar la sostenibilidad del sistema, se acelerarán las medidas que permitan recuperar el equilibrio presupuestario a corto plazo y se estudiará la incorporación, en su caso, de nuevas fuentes de financiación, como por ejemplo un impuesto a las transacciones financieras, al tiempo que las horas extraordinarias volverán a cotizar a la Seguridad Social.

También se revisarán las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.

Protección para los parados

De otro lado, en el acuerdo se establece también la recuperación, en la Ley de Presupuestos de 2019, del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (ahora la edad de acceso era de 55 años), medida que está siendo discutida también en el diálogo social, y cuyo impacto presupuestario se cifra en 323 millones de euros.

Tras los recortes que experimentó este subsidio en 2012 y 2013 y la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el requisito de carecer de rentas familiares, el modelo pactado entre el Gobierno y Podemos restablece que el cómputo de las rentas de los posibles beneficiarios del subsidio se realice sobre la base de las personas beneficiarias y no sobre la unidad familiar.

Asimismo, se suprimirá la obligación de los beneficiarios del subsidio de tener que jubilarse anticipadamente y se recupera la base mínima de cotización del 125% del SMI durante la percepción de esta ayuda. Esta medida formará parte, según el documento, del plan de parados de larga duración y se acompañará del reforzamiento de políticas activas de formación y empleo para los perceptores de este subsidio.

Gobierno y Podemos también han acordado que en 2019 se sustituyan los diferentes programas extraordinarios de protección por desempleo (Prepara, PAE y SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo. El objetivo es darle estabilidad y elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección.

Asimismo, y con el fin de "recuperar un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundametal", el Ejecutivo y la formación morada pactan algunas medidas a ejecutar antes de finalizar 2018 que, en la práctica, suponen derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral.

Se trata de ampliar la llamada ultraactividad del convenio colectivo (limitada a un año por la reforma laboral de 2012); revisar las causas y el procedimiento que siguen las empresas para modificar de manera sustancial las condiciones de trabajo; reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales y la inestibilidad y rotación laboral mediante la desvinculación del contrato de obra o servicio de la realización de trabajos en contratas, subcontratas o concesiones administrativas, y reforzar la obligación de que el horario laboral conste expresamente en el contrato a tiempo parcial. Estas materias también están siendo objeto de negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios, que ya se encuentran cerca de cerrar un acuerdo al respecto.

En el documento presupuestario firmado por el Ejecutivo y Podemos se insta además a concluir de manera urgente la tramitación parlamentaria de varias proposiciones de ley: la de igualdad en las condiciones laborales de los trabadores subcontratados; la del registro horario de los trabajadores, y las que persiguen la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la igualdad de trato en el empleo.

También se acuerda en el texto, de 50 páginas, dar comienzo en 2019 a los trabajos, en el marco del diálogo social, para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, así como la ratificación por parte de España de varios convenios internacionales en materia de derechos sociales, entre ellos la Carta Social Europea revisada y el convenio 189 de la OIT sobre trabajadores domésticos.