MADRID.— La condena impuesta recientemente a Arturo Mesa y a Álvaro Maldonado por la quiebra de la CEOE de Ciudad Real, de la que fueron máximos responsables hasta 2011, es sólo el último de la larga serie de escándalos que han salpicado a destacados dirigentes empresariales de un tiempo a esta parte. Algunos están todavía pendientes de resolución judicial, pero en otros ya hay sentencias favorables o desfavorables para quienes en su día se beneficiaron de la notable proyección pública que les proporcionaba estar al frente de una patronal, fuese ésta nacional, autonómica o de ámbito local.

He aquí una muestra:

Gerardo Díaz Ferrán. El suyo es, sin duda, el caso más mediático, pues no en vano fue presidente de CEOE. Tras permanecer en el cargo durante tres años y medio, se vio obligado a dimitir en diciembre de 2010, a raíz de la quiebra del Grupo Marsans, del que era propietario junto con su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido. Está en la prisión de Soto del Real desde finales de 2012, cumpliendo condena por concurso fraudulento, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros delitos.

Arturo Fernández. Cuñado de Díaz Ferrán, fundó el Grupo Cantoblanco, uno de los más potentes de España en el ámbito hostelero, que daba servicio a instituciones como el Palacio de la Moncloa, el Congreso de los Diputados o el Teatro Real. Sus buenos contactos políticos (sobre todo en el PP) le catapultaron a la primera línea del movimiento empresarial: presidió la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio, y fue vicepresidente de CEOE. Todo se le vino abajo en 2014 con el hundimiento de su imperio y su procesamiento por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, caso que está a la espera de sentencia.

Jesús Terciado. Presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa y vicepresidente de CEOE de 2010 a 2014. Dimitió tras reconocer que había utilizado dos sociedades suyas para facturar irregularmente a Cepyme en menos de tres años 416.000 euros por su trabajo al frente de la organización, que no es remunerado. Se descubrió entonces que su antecesor entre 2002 y 2010, Jesús Bárcenas, también había pasado 65.000 euros anuales en concepto de gastos de representación y otros 64.000 por alquiler de un coche de lujo a su propia empresa. Ambos están procesados y a la espera de juicio.

Santiago Herrero. Hombre fuerte durante tres décadas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la que fue secretario general y presidente. Tuvo que dejarla a principios de 2015, como consecuencia de su imputación y de la de parte de su equipo por una supuesta estafa en la promoción de 583 viviendas de protección oficial en Sevilla Este. Dejó a la CEA en la ruina, tras los drásticos recortes sufridos por las subvenciones que recibía del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Finalmente, el caso fue archivado.

Juan Antonio Martín Mesonero. Presidente de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) y de la Cámara de Comercio. Después de siete años, en octubre de 2015 anunció su renuncia a esos cargos. Unos meses antes había sido presentada una querella contra él y otros directivos por haber percibido dietas en concepto asistencia a las reuniones del consejo de administración de una sociedad participada por Confaes y la Cámara. En marzo de 2016, el propio Martín Mesonero anunció el archivo de la querella y su voluntad de reclamar daños y perjuicios a los autores.

Rafael Montero. Fue secretario general de los empresarios de Castellón entre 1980 y el verano de 2016, cuando le destituyeron por su implicación en irregularidades presuntamente cometidas en la gestión de subvenciones para cursos de formación. La misma razón costó el puesto al presidente y a tres vicepresidentes, que habían dimitido poco antes. Según el juez, se habrían desviado fondos por importe de 1,8 millones de euros.

José García Gómez. Ex vicepresidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia y presidente de la patronal de conservas Agrupal. Fue miembro del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que aprobó el pago a su presidente, Modesto Crespo, de 600.000 euros durante el tiempo en que estuvo al frente de la sociedad Tinser Cartera (2009-2011). En su escrito de acusación, emitido la pasada primavera, el fiscal pidió penas de cárcel y multas por apropiación indebida y administración desleal.

Arturo Mesa y Álvaro Maldonado. El presidente de la CEOE de Ciudad entre 2002 y 2011 y su secretario general han sido condenados a tres años de inhabilitación para ejercer cualquier tipo de actividad empresarial. La sentencia considera probado, entre otras cosas, que cometieron irregularidades contables para alterar la verdadera situación patrimonial de la organización y que desviaron al pago de nómina y a gastos de representación injustificados parte de las subvenciones destinadas a cursos de formación. A su marcha dejaron deudas cercanas a los nueve millones de euros, que llevaron a la CEOE de Ciudad Real a su disolución en 2013.