El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha defendido este viernes, en relación al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas, que los bancos han estado "cumpliendo una norma" en vigor durante 23 años, por lo que "no tiene sentido penalizar" a estas entidades. "Lo que hemos hecho es cumplir una norma, no debemos sufrir un impacto económico", ha subrayado.

Gortázar ha realizado estas declaraciones durante la presentación de resultados de CaixaBank de los primeros nueve meses del año, al ser preguntado por si pleitearán con las administraciones por la devolución del dinero del AJD en las hipotecas si finalmente el Tribunal Supremo ratifica el 5 de noviembre que el pago de este impuesto corresponde a los bancos, como ya señaló en un fallo del pasado 16 de octubre. Y después de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciara una reforma normativa con intereses sancionadores para "impedir que los bancos acudan al procedimiento judicial para dilatar los pagos".

Al respecto, el delegado de CaixaBank ha querido dejar claro que respeta "profundamente" las decisiones de la Justicia y ha garantizado que la entidad bancaria "adaptará su práctica en el mercado hipotecario a lo que decida el Tribunal Supremo" el próximo 5 de noviembre.

Por el momento, ha recordado, la sentencia que emitió el Supremo en octubre "dictamina que una norma en vigor durante 23 años (que había sido confirmada por el Tribunal Constitucional) no es válida", una norma que "hemos venido aplicando administraciones y ciudadanos. Si no es válida deja de serlo inmediatamente", pero "no tiene sentido penalizar entidades por haber cumplido una norma". De hecho, "las entidades bancarias no han sido quienes han ingresado el impuesto, han sido administraciones tributarias", ha puntualizado.

Caixabank ha actuado de forma "correcta"

Gortázar comprende que "los poderes públicos miren la manera de desatascar la situación", teniendo en cuenta que "a veces en los tribunales los plazos son demasiado largos y dilatados", ha admitido, pero "no existe por parte de CaixaBank mala fe" ni tiene intención de dilatar procedimientos judiciales, ha aseverado.

En su opinión, el banco "no ha hecho algo malo" y "no debe ser penalizado" por "cumplir una norma". "Aquí reputacionalmente no hay algo a lo que aducir para criticar al sector bancario, no hay una mala práctica, se ha cumplido una norma durante 23 años y no se podía hacer ninguna otra cosa ni por los bancos, ni por los ciudadanos ni por las administraciones", ha insistido.

Según Gortázar, las actuaciones de CaixaBank "han sido correctas" y por ello "no hay provisión alguna" de fondos para hacer frente a las posibles consecuencias de lo que dictamine el Supremo en noviembre. "No pensamos que tengamos que tener un perjuicio económico por este tema", ha insistido.

Durante la crisis, ha recordado, CaixaBank ha reestructurado el crédito hipotecario de más de 370.000 familias para darles facilidades de pago y evitar que pierdan su casa, y ha hecho más de 18.000 daciones en pago durante estos años. Así, ha confiado en que la reputación "volverá para todo el sector y sobre todo para CaixaBank".

En este momento, Gortázar ha dicho que sienten que "están haciendo su trabajo" y aunque "no siempre acertamos", ha admitido, cuando eso ocurre "intentamos corregir los errores".

En cuanto a si se han producido aplazamientos de firmas de hipotecas a la espera de la decisión del Supremo, Gortázar ha asegurado que la situación es de "normalidad", aunque quienes no tienen necesidad urgente de cerrar una hipoteca, porque no tiene unas arras, probablemente esperarán al día 5 de noviembre.

En todo caso, preguntado por si CaixaBank podría encarecer los préstamos hipotecarios si el Supremo ratifica que corresponde a los bancos el pago del impuesto AJD de las hipotecas, Gortázar ha avisado que "como industria, los bancos tenemos la obligación prudencial de tener en cuenta todos los costes a la hora de proceder a dar crédito".

De lo contrario, ha continuado, "nuestros supervisores nos dirán que no estamos haciendo una política prudente de concesión de crédito". "No es una cuestión que nos guste o no nos guste, es nuestra obligación", ha sentenciado.