El nuevo impuesto a las energéticas permitirá a las empresas deducir hasta el 60% de sus "inversiones estratégicas"

El Consejo de Ministros aprobó este lunes un nuevo gravamen temporal para los principales operadores energéticos que entrará en vigor en 2025 y contará con bonificaciones de hasta el 60% para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas vinculadas a la transición ecológica y la descarbonización. El texto del Real Decreto-ley fue publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este miércoles.

El impuesto tiene como objetivo incentivar inversiones "esenciales" para la sostenibilidad económica y medioambiental del país. Entre las actividades contempladas como estratégicas se encuentran la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos en productos con segunda vida y la generación de gases renovables como el biogás.

De gravamen temporal a impuesto permanente

Además, el Gobierno se compromete a evaluar la posibilidad de convertir este gravamen en un impuesto permanente. Según el decreto, en el último trimestre de 2025 se realizará un estudio para valorar su continuidad en función del impacto en los sectores afectados, la evolución de los precios energéticos y el efecto acumulativo del impuesto junto con el Impuesto sobre Sociedades.

Este enfoque responde a la necesidad de adaptar la fiscalidad al contexto económico y ambiental, según declaró el Ministerio de Hacienda. La medida también busca garantizar su compatibilidad con los regímenes fiscales de Euskadi y Navarra, previendo su "concertación o convenio" con estas comunidades.

Bonificaciones por inversiones estratégicas

La principal novedad del nuevo gravamen es la introducción de bonificaciones fiscales para las empresas que realicen inversiones estratégicas. Estas deducciones podrán alcanzar hasta el 60% de la cuantía del impuesto si las inversiones superan determinados umbrales y cumplen con los requisitos establecidos en un plan validado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las empresas deberán dotar una "reserva indisponible" para financiar las inversiones estratégicas. Este fondo será contabilizado en los balances de las compañías y deberá materializarse en un plazo máximo de dos años. El Ministerio para la Transición Ecológica emitirá un informe vinculante para determinar si las inversiones califican como estratégicas.

El gravamen energético será compatible con las deducciones aplicables en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, el importe de la deducción estará sujeto a ciertos límites: si la inversión es igual o inferior al impuesto, las empresas podrán deducirse hasta un 10% de lo invertido. Si la inversión supera la cuantía del gravamen, la deducción podrá alcanzar hasta el 30%.

El porcentaje máximo de bonificación será del 60%, siempre y cuando las inversiones estratégicas superen significativamente la cuantía del impuesto. Además, las inversiones deberán ser operativas dentro del plazo establecido para garantizar su impacto económico y ambiental.

Gravamen sobre ingresos energéticos

Al igual que el impuesto energético anterior, el nuevo gravamen gravará un 1,2% de la facturación de las empresas energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, excluyendo actividades reguladas y operaciones fuera de España y las islas. Este diseño busca mantener el equilibrio entre recaudar ingresos fiscales y fomentar la sostenibilidad.

El Gobierno ha utilizado el último Consejo de Ministros del año para aprobar este gravamen en un contexto de negociaciones parlamentarias clave. La medida responde a compromisos previos adquiridos con ERC, Bildu y BNG, aunque también incluye ajustes para atraer el apoyo de PNV y Junts en su convalidación en el Congreso.

Por un lado, la introducción de bonificaciones responde a una demanda de Junts para incentivar la transición ecológica. Por otro, la posibilidad de convertir el gravamen en un impuesto permanente busca garantizar el respaldo del PNV.

Reacción del sector energético

Las grandes empresas energéticas aún no han emitido una respuesta oficial, pero analistas del sector anticipan que el impacto del gravamen dependerá de la capacidad de las compañías para ejecutar inversiones estratégicas que les permitan beneficiarse de las bonificaciones fiscales.

El Ejecutivo confía en que esta medida estimule la innovación y el crecimiento sostenible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático mientras se recauda financiación para las arcas públicas. Sin embargo, queda por ver cómo afectará este nuevo gravamen a la competitividad de las empresas energéticas en el mercado global.

El nuevo gravamen marca un paso significativo en la política fiscal orientada a la sostenibilidad. Al condicionar las bonificaciones al cumplimiento de criterios ambientales y económicos, el Gobierno busca un equilibrio entre la recaudación y el fomento de inversiones estratégicas que transformen el modelo energético del país.