El grupo energético Naturgy anunció el jueves la suspensión temporal de empleo para 300 trabajadores en España mientras aguarda el resultado de la propuesta del regulador de competencia sobre las tasas de rentabilidad de sus redes de distribución de energía.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó en julio un proyecto para recortar las tasas de rentabilidad de las inversiones de las empresas en las redes de transporte y distribución de electricidad de gas, un anuncio que causó fuertes desplomes en bolsa a las compañías afectadas, entre ellas Naturgy.

Naturgy dijo el jueves que ha empezado a negociar con los sindicatos sobre las consecuencias de la iniciativa del regulador, que motivó que el grupo dirigido por Francisco Reynés paralizase el mes pasado las inversiones de su filial de distribución española.

“Ante la incertidumbre creada, la compañía paralizó el pasado mes de julio su actividad de comercialización de puntos de suministro y ahora, dos meses después, se ve abocada a realizar esta medida temporal en Nedgia, en tanto en cuanto se hace público el texto definitivo de la normativa”.

La empresa añadió que seguiría atendiendo las solicitudes de clientes y que los equipos que desempeñan esta tarea seguirían trabajando.

Fuentes sindicales  han asegurado que la suspensión temporal de la obligación de trabajar no conllevará ningún efecto en la retribución salarial de los afectados. En este sentido, fuentes oficiales de Naturgy han confirmado que tanto por el alcance en el número de empleados como por el hecho de no tiene ningún efecto de ahorro de costes, la medida está "muy alejada" de ser un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Nedgia.

Los empleados afectados se circunscriben solamente al área comercial de Nedgia y, en menor medida, a las unidades relacionadas con la actividad de captación de nuevos puntos de suministro de gas. 

Las propuestas del regulador están abiertas a consulta pública hasta finales de septiembre y podrían sufrir cambios antes del plazo para que la normativa sea vinculante en 2020.