Centrales hidroeléctricasLa nacionalización del sector hidroeléctrico llega a la agenda política

La nacionalización del sector hidroeléctrico ha entrado en la agenda política nacional tras décadas de reivindicaciones de las zonas de montaña que los gobiernos centrales desoían de manera sistemática: Unidos Podemos ha presentado en el Congreso una proposición de ley en la que plantea cómo regular el paso al patrimonio del Estado de las centrales, que empresas privadas explotan durante periodos de hasta 75 años salvo alguna excepción prorrogada, conforme sus concesiones vayan venciendo, algo que ya ha comenzado y que va a seguir ocurriendo en cascada.

Las más de 800 centrales hidroeléctricas instaladas en ríos y pantanos de todo el país son uno de los componentes clave del sector energético español. Suponen casi la cuarta parte de la potencia instalada, con 20.332 de los 104.517 megawatios del parque estatal, según datos de Red Eléctrica, y su aportación, algo inferior a la de las nucleares y las térmicas de carbón, suele rondar los 40.000 gigawatios.hora, lo que cubre en torno al 16% de la demanda doméstica e industrial española, aunque el año pasado, como consecuencia de la sequía, se desplomó a los 20.213.

Esos volúmenes de producción con el precio de venta al público del kilowatio.hora en el entorno de los 12 céntimos generan para las compañías que explotan las centrales una expectativa de facturación de en torno a 4.800 millones de euros anuales (sin costes de transporte y comercialización), en un negocio que se ve favorecido por la negativa del Gobierno a exigir la cesión del 25% de su producción para destinarla a usos sociales en las zonas en las que se encuentran, tal y como indican las concesiones.

Sin embargo, ese negocio, el más rentable para las compañías junto con el nuclear al tratarse de instalaciones amortizadas que no requieren combustible y cuya producción se vende al precio más caro del mercado por el peculiar sistema español de subastas, tiene fecha de caducidad por muy reacio que se muestre el Gobierno, tanto el actual como los anteriores, a enfrentar el asunto: la normativa limita a 75 años el periodo de explotación de una central, tras el cual las instalaciones deben pasar a manos del Estado, aunque la gallega de Peares, de Gas Natural-Fenosa, alcanzará los 149.

Acotar la arbitrariedad de la Administración

La propuesta de Unidos Podemos, firmada por el oscense Jorge Luis, de Equo, y el barcelonés Josep Vendrell, de Els Comuns, llega cuando ya ha comenzado la cascada de vencimientos de concesiones: las de Ríofrío en la cuenca del Tajo, Vilachán en el Miño-Sil y Albentosa en el Júcar caducan este año, después de que otras once lo hicieran entre 2014 y 2017 y antes de que el próximo se sumen a la lista otras ocho (Ablaneda en el Cantábrico y, en el Tajo, La Rocha, Molino de Arriba, Hoz Seca, Tranco del Diablo, San Bernardo, La Herrería, y Gómez Rodulfo) y de que 25 más lo hagan antes de que termine 2023. Serán 47 en una década.

La propuesta de Unidos Podemos, ya calificada por la mesa del Congreso, tiene cinco objetivos: que los expedientes de reversión "se tramiten sin retrasos y sin caducidades", que los beneficios de la explotación una vez revertidos "pasen a ser de titularidad pública con criterios de vertebración territorial, a favor de municipios, comunidades autónomas y comunidades de usuarios del agua" y que se dediquen a "la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de utilidad pública o interés social", que los saltos "no sean utilizados con el fin de provocar alzas del precio de la energía eléctrica" como ha ocurrido en algunas ocasiones y, por último, que su gestión respete los caudales ecológicos.

En este sentido, propone que las confederaciones hidrográficas inicien los expedientes de reversión "de oficio" tres años antes de que venzan las concesiones en sus respectivos territorios, aunque también podrán hacerlo por petición de otros órganos de la Administración y también por la simple denuncia de un particular, y que estén resueltos en un año, aunque con la prevención de que "la falta de resolución expresa al vencimiento del plazo, en ningún caso, producirá la caducidad del procedimiento".

Kilowatios a un céntimo en la primera central revertida

La medida tiene como objetivo evitar despistes y arbitrariedades de la Administración tras el episodio de la central de Lafortunada: Endesa pudo seguir explotando esta instalación, una planta de 40 megawatios en el cauce del río Cinca en Huesca cuya concesión venció en 2007, al caducar el expediente de reversión tras pasar 18 meses en un cajón del Ministerio de Medio Ambiente.

Una nuevo expediente, iniciado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) pese a la pasividad del Ministerio de Medio Ambiente, ha finalizado con la extinción de la licencia a favor de Endesa, el paso previo al cambio de titularidad a favor del organismo de cuenca en el Ministerio de Industria y Energía.

Otras dos centrales (Urdiceto y Barrosa) se encuentran en una situación similar también en Huesca, la única provincia del país en la que hasta ahora se han producido reversiones, en este caso con los saltos de El Pueyo de Jaca y de Campo. La primera de ellas, gestionada por la CHE y el ayuntamiento, genera electricidad con un coste de producción de un céntimo por kilovatio.

Demoliciones a cargo de concesionario

La proposición de ley, de apenas media docena de aertículos, incluye otras medidas como el requisito de valorar en cada caso, tras una evaluación ambiental, si la central cuya concesión caduca y las instalaciones anejas deben seguir siendo explotadas o han de ser desmanteladas, algo que debería costear la compañía eléctrica a cambio de una prórroga.

Cuando la confederación "no considere viable" la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico o este sea incompatible con el plan hidrológico de esa cuenca, añade la proposición, este organismo "acordará la retirada o demolición de las instalaciones hidroeléctricas a costa del concesionario". Los planes hidrológicos contemplan la expropiación de concesiones como una vía para liberar recursos ante el déficit estructural que presentan la mayoría de las cuencas.

Por último, la propuesta de los morados contempla que las centrales de menos de 5.000 kilowatios de potencia instalada sean transferidas a las comunidades autónomas, aunque siempre con el compromiso de "que los rendimientos se destinen en un porcentaje a la restitución económica y social del territorio afectado por las instalaciones hidroeléctricas, y el resto, a otros fines de utilidad pública o interés social de carácter general".

Las de menos potencia pasarían a manos de ayuntamientos, comarcas o diputaciones, en función de cuál de esas administraciones "se considere más adecuada para impulsar la restitución económica y social del territorio afectado", mientras que las ubicadas en canales y balsas de regulación "se cederán a favor de la entidad pública que los gestione, que deberán destinar los beneficios de explotación íntegramente a la mejora de dichos sistemas".

El "doble carácter, esencialmente público," de la hidroelectricidad

El Gobierno dispone de 40 días, que comenzaron a correr el 13 de febrero, para emitir su veto a la proposición de Unidos Podemos. No obstante, en este caso resulta complicado argumentar una eventual censura, ya que la regulación que proponen los morados no conlleva un aumento del gasto público ni una merma de ingresos.

La proposición de ley destaca el "doble carácter, esencialmente público", de la producción de hidroelectricidad, ya que el agua es un bien de dominio público y "las instalaciones tienen como fin último la reversión al patrimonio público".

Junto con esto, llama la atención sobre el hecho de que "generalmente su producción se genera en zonas deprimidas de montaña, rurales e inmersas en un proceso de despoblación", en las que, sin embargo, "la importante riqueza que se genera no repercute significativamente en el territorio, un territorio obligado a soportar las consecuencias que este tipo de infraestructuras traen consigo".