La Comisión Superior de Personal de la Administración General del Estado ha acordado que los moscosos, o días libres por asuntos propios de los empleados públicos —seis al año por regla general— sean condicionados al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural. Algo que, según denuncia el sindicato CSIF, supondrá en la práctica un recorte de los días de asuntos propios de los que pueden disfrutar los funcionarios.

CSIF defiende que se trata de un nuevo criterio, más restrictivo que el actual, que implicará un "importante recorte de derechos" para los empleados públicos, por lo que ha amenazado con emprender acciones legales contra Función Pública si el Ministerio que dirige Meritxell Batet no rectifica.

El sindicato de Miguel Borra ha expresado su preocupación por esta interpretación "cicatera", ya que, según ha denunciado, "también se limitan de manera expresa", entre otros casos, los días de libre disposición de las mujeres víctimas de violencia de género que se reincorporen de una excedencia, así como los de las personas que se acojan a una excedencia por cuidado de familiares.

CSIF subraya al respecto que el Estatuto Básico del Empleado Público no considera las situaciones de violencia de género ni las de cuidado de familiares o por violencia terrorista como excedencia voluntaria, como sí ocurre en otros casos con las excedencias por intereses particulares o por agrupación familiar.

Hasta ahora, en la Administración, los días de permiso por asuntos particulares aprobados en 1983 y conocidos como moscosos no estaban vinculados al periodo trabajado, por lo que no estaban sometidos a prorrateo ni eran proporcionales al tiempo de servicio, alega CSIF.

Una medida sin respaldo legal

Expertos legales consultados por Europa Press señalan que este criterio de proporcionalidad que se quiere introducir no tiene respaldo legal, pues el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 48, califica a los moscosos como un permiso, la misma categoría que tiene, por ejemplo, el permiso por matrimonio (15 días) o el que se concede por fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad (tres o cinco días, dependiendo de la localidad del fallecimiento).

Estos permisos, aseguran dichos expertos, no se prorratean, es decir, que si un empleado público se casa a los tres meses de llegar a la Administración, disfruta de 15 días de permiso y no de la parte proporcional que le correspondería si éste se condicionara al tiempo trabajado.

Los llamados moscosos se disfrutan desde 1983, cuando fueron aprobados por el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, para compensar a los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo, ya que sus retribuciones no estaban subiendo al mismo ritmo que el IPC.

En total, se trata de seis días de permiso por asuntos particulares, al que se añaden dos días más al cumplir seis trienios en la Administración, más un día extra adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, todos ellos sometidos a la previa autorización del superior y a las necesidades del servicio.

Durante la crisis, los moscosos se recortaron a la mitad, pero posteriormente y, tras las demandas sindicales, fueron devueltos a los empleados públicos.