La vivienda ha irrumpido con fuerza en el debate público y también lo ha hecho en el Gobierno. Los ministerios de Sumar han presentado una serie de objeciones al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 200 millones a ayudas para que los jóvenes puedan alquilar. El ala socialista del Ejecutivo lleva esta medida al Consejo de Ministros de este martes para darle un nuevo impulso a una iniciativa que ya fue aprobada hace un par de años.

En este sentido, fuentes de Sumar consideran que esta medida es "insuficiente" porque hace ya más de dos años que se aprobó el bono del alquiler para jóvenes. Además, en Sumar creen que la medida puede "agravar" el problema de la vivienda, pues abre la posibilidad de que recursos públicos pasen a los "rentistas".

Concretamente, desde Sumar exponen que muchas comunidades autónomas no han gestionado la totalidad de las ayudas y cientos de jóvenes "siguen esperando los 250 euros mensuales prometidos". "El bono, en lugar de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda, abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios", alertan las fuentes de Sumar.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido contundente a la hora de defender la postura de Sumar: considera que hay que intervenir el mercado de la vivienda para bajar los alquileres, acabar con la especulación y con la proliferación de pisos turísticos sin licencia. "Es una cuestión de voluntad política".

Para Bustinduy, "es un mercado absolutamente disfuncional que está funcionando como una aspiradora de riqueza", ha asegurado en RTVE, después de la manifestación celebrada este domingo en Madrid para exigir rebajas en los precios de los alquileres.

Sumar defiende sus propuestas

Frente a ello, han reivindicado de nuevo que es "crucial" desplegar otro tipo de medidas ante la problemática de la vivienda, como es "obligar" a las autonomías a aplicar el control de precio del alquiler o condicionar los fondos estatales que reciben del Gobierno a instaurar dicha medida.

Como ha trasladado esta mañana el portavoz Ernest Urtasun, Sumar reclama la modificación la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se incluyan los alquileres de temporada en la regulación de precios.

Otras medidas de Sumar, que han trasladado al PSOE de cara a la negociación sobre los nuevos Presupuestos Generales, es prohibir temporalmente la compraventa de viviendas que no sean para uso residencial o destinadas a alquiler sostenible.

Y en paralelo aboga intensificar la estrategia a largo plazo para elevar la creación de vivienda pública. En este campo, Sumar defiende construir hasta 500.000 pisos de titularidad pública con un alquiler mensual de unos 400 euros.

Reproches de Díaz

Esta tarde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la solución al aumento de precio de los alquileres no pasa por dar "dinero a los rentistas o en forma de ayudas".

Por su parte, Urtasun había endurecido el discurso crítico con el PSOE en materia de vivienda, al proclamar que ya no valen "parches ni medias tintas" y tildar de "insuficiente" la reacción de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ante la manifestación del domingo en Madrid.

En el acuerdo de Gobierno de coalición suscrito por PSOE y Sumar incluye entre sus puntos la consolidación del bono joven de alquiler como elemento esencial para facilitar el alquiler sostenible.