"Yo tengo un compromiso con España que asumo hoy aquí en Valencia. Yo quiero que España sea un país que tiene el 20% de vivienda pública". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en un acto del PSOE en València el pasado domingo a aumentar el diminuto parque de vivienda pública del país, que ronda el 3%, según dijo; un 2,5% según los últimos datos del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), de 2020. Después anunció la medida de más impacto, la movilización de 50.000 casas de la Sareb (el banco malo) para destinarlas a alquileres sociales y asequibles, una antigua reivindicación del movimiento por la vivienda y de Unidas Podemos que ahora el PSOE decide abanderar en plena campaña electoral.

Este lunes, la ministra de Trasportes, Raquel Sánchez, reconocía que el objetivo en vivienda pública marcado por el presidente era "ambicioso", y enfriaba el anuncio poniendo un plazo de 20 años para alcanzarlo. Sin embargo, el propio Ministerio reconoce a Público que esa cifra del 20% solo se contempla para los municipios que declaren zonas de precios tensionados.

Esto supone una drástica reducción de las expectativas de creación de vivienda pública, ya que ni si siquiera está claro qué comunidades o municipios van a aplicar la nueva ley de vivienda. El PP, que gobierna territorios con problemas de acceso a la vivienda, como Madrid o Andalucía, ya han dejado clara su oposición a la norma y han avanzado que no limitarán los alquileres ni declararán zonas tensionadas.

A la cola de Europa en vivienda social

El anuncio del presidente ha sido interpretado en clave electoralista no solo por la derecha y la extrema derecha, sino también por aliados parlamentarios como ERC. El compromiso de aumentar el parque de vivienda pública hasta el 20% equivalía a construir o adquirir alrededor de cuatro millones de viviendas en 20 años. El ritmo debía ser de unas 200.000 viviendas al año, un objetivo difícilmente realizable.

El territorio que más ha avanzado en este sentido en los últimos cuatro años es Catalunya, con alrededor de 15.000 viviendas públicas, unas 3.700 por año, recuerda Alejandro Inurrieta, doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid y expresidente de la Sociedad Pública del Alquiler, que veía el anuncio de Sánchez como un "brindis al sol" típico de las campañas electorales.

Con la rebaja que ha marcado Transportes, la cifra es imposible de calcular, pero se quedará muy lejos del volumen de vivienda pública de otros países europeos, donde la media está en el 9%, y de lo que el presidente dio a entender el domingo.

La falta de vivienda pública es un mal endémico del país. Durante décadas se edificó vivienda protegida en grandes cantidades, pero la inmensa mayoría fue destinada a la venta y ha acabado en el mercado libre al cumplir el periodo de protección.

Entre 1981 y 2019 se construyeron más de 2,3 millones de viviendas públicas, pero según según el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, apenas hay 290.000 destinadas a alquiler social. Unas 180.000 están en manos de las comunidades autónomas y alrededor de 110.000 pertenecen a ayuntamientos. Dan cobertura a solo un 1,6% de los 18,6 millones de hogares del país.

Según un estudio de la Fundación Alternativas de 2018, España necesitaba 1,5 millones de viviendas de protección oficial para alquiler si quería hacer frente a la exclusión residencial en el país, donde 1,3 millones de hogares destinaban más de 40% de sus ingresos al gastos derivados de la vivienda. La ley pactada la pasada semana por el Gobierno, ERC y EH Bildu contempla de momento la construcción de 100.000 inmuebles destinados a alquiler asequible y obliga a reservar el 40% de las viviendas de nuevas promociones a este fin.

Luces y sobras de los pisos de Sareb

Las 50.000 viviendas de la Sareb que el Gobierno pretende poner a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos aumentarían un 17,2% el actual parque de vivienda pública en alquiler, aunque seguiría sin llegar al 2% respecto a los hogares. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calvino, de quien depende Sareb, ha asegurado este martes que el uso social de estas viviendas no estará condicionado a que las comunidades la declaración de zonas de precios tensionados.

No obstante, hay grandes incógnitas sobre cómo van a llevarse a cabo estas operaciones y las cifras son engañosas. La medida llega una década después de que la entidad absorbiera los activos tóxicos de los bancos (créditos a promotores quebrados, inmuebles y terrenos), cuando ya ha vendido una importante cartera de viviendas, sobre todo a fondos de inversión, para cumplir su objetivo, que es liquidar su millonaria deuda. Ahora asciende a 24.316 millones de euros. Según la entidad, que siempre ha sido poco transparente en cuanto a su patrimonio, tendría 46.542 viviendas heredadas de los bancos.

Del total anunciado por el Gobierno, ya hay unas 35.000 casi listas. Aunque de ellas hay 14.000 casas en las que vive gente, bien porque han ocupado las viviendas y tratan de negociar alquileres sociales con la entidad o bien porque tenían contratos previos a que las casas fueran transferidas a la Sareb. Se contempla que estas personas puedan acogerse al paquete del Gobierno, aunque el conflicto de estas familias con el banco malo ha sido constante, tanto para conseguir contratos de alquiler social como por cláusulas que consideran abusivas cuando los han logrado. Muchas de ellas se agruparon en la plataforma Plan Sareb, en la que exigían al Ministerio de Asuntos Económicos regularizar su situación después de que la deuda de la entidad empezara a computar como pública y el Gobierno, a través del FROB, pasara a ser accionista mayoritario. Solo ahora, a las puertas del ciclo electoral, el Gobierno ha movido ficha en parte y estas familias ven la situación con desconfianza.

Según la ministra de Transportes, la Sareb cuenta también con 21.000 viviendas en diferente grado de desarrollo. Más de 9.000 son pisos en condiciones de habitabilidad y otros 11.900 necesitan reformas que podrían cubrirse en parte con fondos europeos. Además se contemplan otras 15.000 viviendas pendientes de construir en suelos de la entidad con colaboración del sector privado. La Sareb tiene 112 parcelas que permitirían construir un mínimo de 10.000 viviendas. Actualmente hay un proyecto en fase de estudio con la consultora PwC para la construcción de vivienda de alquiler social y asequible con un modelo de colaboración público privada, según avanza EFE.

Tampoco está claro si los ayuntamientos y las comunidades van a comprar las viviendas ni a qué precio o si se van a ceder temporalmente. Héctor Illueca (Podemos), vicepresident de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura ya encabezó una petición a la ministra Nadia Calviño, a la que se sumaron varias autonomías, para demandar vivienda de la Sareb para los parque públicos regionales.

El País Valencià está actualmente en proceso de adquirir más de 500 viviendas de la entidad, la mayor operación de compraventa de una comunidad autónoma con el banco malo. Sin embargo insistía en la necesidad de que la propiedad de las casas fuera pública, ya que los convenios de cesión que hasta ahora se han practicado requieren grandes inversiones en reformas para luego devolver los inmuebles a la entidad.

Dónde se necesitan viviendas

Por otra parte, la mayoría de los inmuebles de la entidad no están en los territorios donde más se necesitan. Solo unos 7.000 se encuentran en capitales de provincia, según los datos de su página web. Catalunya, con casi 13.5000 inmuebles, es dónde más vivienda acumula, seguido del País Valencià con unos 8.000, y Andalucía con cerca de 4.500. En la Comunidad de Madrid, una de las zonas con precios más elevados de la vivienda, tiene unas 2.700, la mitad de ellas en la capital; mientras que otros territorios tensionados como las islas no superan el millar (en Balears hay 450 y en Canarias algo más de 800).