Un total de 531.472 jubilados sufren recortes en sus pensiones de jubilación tras haber cotizado durante más de cuarenta años por haberse retirado de manera anticipada antes de cumplir los 65, según admite el Gobierno en una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet, en la que indica que se encuentran en esa situación 487.481 extrabajadores del régimen general y otros 43.481 que se ganaron la vida como autónomos.

Estos pensionistas, que suponen algo menos de la décima parte del colectivo de retirados, de 6,1 millones de jubilados según los datos del Ministerio de Trabajo, sufren una de las peculiaridades del sistema español de previsión social exige tener un mínimo de 61 cumplidos y 35 cotizados y que, al mismo tiempo, aplica a esas pensiones unos coeficientes reductores de entre el 6,5% y el 8% por cada ejercicio que falte para una carrera laboral de 44 años y medio y a los que, además, se les suma otro del 2% (0,5% por trimestre) por cada año que falte para la edad oficial de retiro.

Eso es la jubilación anticipada, que en ocasiones se confunde con las llamadas "prejubilaciones" de menores de 61 años en las grandes empresas, como las de telecomunicaciones y la banca, cuya ejecución carga a las arcas públicas, entre otros artilugios fiscales, costes como el paso por el desempleo antes de que los afectados lleguen a la edad mínima para el retiro anticipado.

"La mayoría hemos empezado a trabajar con catorce años, y el Gobierno reconoce que estamos en una situación intrínsecamente injusta", explica Santiago Menchero, portavoz de la plataforma Asjubi40, que después de tres años de funcionamiento reúne a alrededor de 10.000 pensionistas que se encuentran en esa situación. "Nos hemos reunido con todos los partidos, menos con Vox, que no defiende el sistema público, y todos los han mostrado su apoyo", anota.

Ese reconocimiento, que ha incluido la comparecencia de representantes de la entidad en la Comisión del Pacto de Toledo y la aprobación de resoluciones en el Congreso, el Senado y una docena de parlamentos autonómicos a favor de no aplicar los coeficientes penalizadores a quien haya trabajado y cotizado más de cuatro décadas, no ha servido, sin embargo, para modificar su situación. Como tampoco tuvo consecuencias prácticas el apoyo de medio millón de firmas que hace unos años lograron para sus reivindicaciones.

"Es necesario avanzar en esta medida"

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, considera "necesario avanzar en esta y otras medidas para renovar, consolidar y adecuar el sistema de pensiones a la actualidad demográfica del país", según señala en otra respuesta a Mulet, en lo que supone un cambio de posicionamiento, cuando menos en el discurso, en relación con la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, llega a pedir "disculpas a los parlamentarios y colectivos implicados" por otra respuesta en la que su antecesora, Magdalena Valerio, sostenía que los coeficientes de penalización tienen una finalidad disuasoria para que "esta posibilidad de jubilación voluntaria no suponga un sobrecoste al sistema", ya que "por un lado se dejan de percibir las cotizaciones sociales por el periodo anticipado y por el otro se aumenta el gasto en pensiones por ese mismo periodo".

"En muchos supuestos el pago de una prestación supone un coste al sistema que no compensa las cotizaciones" del beneficiario, aunque estas se hubieran prolongado a lo largo de cuarenta años o más, sostenía, para añadir que "se puede demostrar" los coeficientes reductores "equilibran la generosidad del sistema entre la jubilación a la edad ordinaria y a la anticipada, no pudiendo considerarse una penalización sino una nivelación".

Mulet, que prevé seguir presentando iniciativas parlamentarias sobre este asunto, mantiene que "no se puede justificar dar justicia o no a una situación injusta en base a otros problemas que hay que abordar, pero sin mezclar ambos". 

"A nuestra generación no nos han regalado nada"

Menchero, de 67 años, se jubiló hace seis, al cumplir los 61. "El último año me tuve que pagar el convenio especial con la Seguridad Social; y cuando caí en el paro, también", explica. "Tenemos una edad en la que nos merecemos tener algún dinero y poder vivir, porque llevamos a nuestras espaldas mucho trabajo", añade.

En su caso, 47 años, desde que a los catorce, "porque tenía que ayudar en casa", entró en una empresa que luego acabaría bajo la marca de la tecnológica sueca Erikson. Décadas más tarde, con la crisis, se vio en la calle en 2014. "Ya no encontraba trabajo, y tuve que decidir", recuerda. Optó por la jubilación anticipada, con la que "me quitan un 24%" de la pensión que le hubiera correspondido. "No es de recibo que nos castiguen de por vida con una reducción", critica.

Félix Martín tiene 46 años y ocho meses cotizados, cinco de ellos mediante convenio con la Seguridad Social, en una carrera laboral a la que le faltan los dos que, entre los trece y los quince, trabajó como aprendiz en un taller de tornos. Desempeñó el grueso de su carrera en una contrata de telecomunicaciones que, después de 36 años, le incluyó en un ERE en 2006.

"Estuve dos años en el paro, pero en 2013, ya con 62, me tuve que jubilar" ante la imposibilidad de recolocarse, cuenta. "Me penalizaron con un 20%, y es una penalización a perpetuidad", recuerda, mientras lamenta cómo "a nuestra generación no nos han regalado nada. Luchamos por la sanidad, por la educación, por los sindicatos, por la cultura".

Juan María M., por su parte, llevaba 40 cotizados cuando, con 56 cumplidos, la empresa para la que trabajaba lo despidió con un ERE a finales de 2016. "Seguiré cotizando hasta los 63 con un convenio especial con la Seguridad Social, y para entonces tendré cotizados 47, más otros cuatro como autónomo aunque los periodos superpuestos no computan", explica. "Al tener más de 38 cotizados me puedo jubilar con 65, pero eso me supone perder más de un 13%", añade.